Recientemente, el Gobierno Vasco ha remitido al Parlamento el Proyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi. Esta normativa aspira a impulsar las iniciativas relacionadas con la estrategia ambiental sostenible, integrar y actualizar la legislación existente en esta materia, e incorporar medidas encaminadas a luchar contra el cambio climático.
Con esta normativa se quiere determinar las competencias que en materia de medio ambiente corresponden a las diferentes Administraciones públicas de la CAPV articulando instrumentos de coordinación como son el Programa Marco Ambiental y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Así mismo, dentro del conjunto normativo se regulan los procedimientos administrativos de distintas materias en el ámbito medioambiental con el fin de agilizar la tramitación de los diferentes procedimientos de intervención ambiental, sin disminuir las garantías de participación de las personas interesadas. Se recogen materias como la gestión de los recursos y de los residuos; la conservación y protección de los ecosistemas y las especies; la ordenación del conjunto de procedimientos de intervención administrativa para facilitar la puesta en marcha de proyectos y actividades; la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos; el acceso a la información y participación pública; el impulso a la corresponsabilidad público-privada en la mejora del medio ambiente; y la incorporación de la contaminación lumínica, odorífera y electromagnética como materias de protección del medio ambiente.
Garantizar el bien común
Tal y como se explicita en la exposición de motivos del anteproyecto “ la Ley persigue impulsar la corresponsabilidad público-privada en la protección del medio ambiente, ya que la búsqueda de soluciones a los retos medioambientales a los que se enfrenta la sociedad vasca requiere, de forma ineludible, la ejecución de actuaciones conjuntas entre las administraciones públicas, el sector económico y la ciudadanía en general, habida cuenta de los objetivos comunes perseguidos, como una oportunidad para lograr la mejora de la calidad de vida y el bienestar general, pretendiendo un decidido cambio de modelo de producción y consumo que sitúe a la Comunidad Autónoma del País Vasco como referente a nivel europeo”
Así mismo, en el texto del anteproyecto de la Ley de Administración Ambiental de Euskadi se cita específicamente que es necesario prestar una especial atención a la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente, bajo las premisas de la simplificación y la unificación de los procedimientos administrativos, integrando requisitos, y eliminando los obstáculos jurídicos y administrativos para el desarrollo de las actividades.
Como vemos, el espíritu normativo aboga por facilitar el camino para que los proyectos de interés y necesidad para el conjunto de la sociedad vasca puedan llevarse a cabo, con el objetivo de evitar que su procedimiento se dilate en el tiempo o conlleve múltiples trámites en los distintos niveles de las Administraciones públicas que, en todo caso, pueden ralentizar o incluso paralizar la puesta en marcha de acciones que tengan un efecto beneficioso para el conjunto de la sociedad vasca.
En este sentido, desde Aclima nos mostramos en sintonía con la necesidad de promover instrumentos administrativos posibilistas que faciliten el impulso de aquellos proyectos declarados de interés general y así poder garantizar legalmente su ejecución cumpliendo rigurosamente las normativas medioambientales y otras que los procedimientos administrativos que recoge esta nueva ley promueven.
En este sentido puede ser positivo y necesario reflejar esta prioridad de manera aún más clara en el texto normativo, y articular un mecanismo jurídico que permita que la decisión final sobre la ejecución de los proyectos de interés general corresponda al Gobierno Vasco. No en vano, otras comunidades autónomas han aprobado decretos y leyes que ya recogen esta intención de forma explícita, algunas de ellas, muy cercanas a Euskadi como Navarra, La Rioja o Cantabria.
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