A pesar de que el tema central de esta cumbre es la financiación climática, de momento no se conocen avances concretos y se espera que las partes continúen negociando durante el fin de semana. El borrador que se ha dado a conocer no contiene cifras, lo cual es desalentador, y se limita a recopilar varias propuestas de estructura y base de contribuyentes o donantes para el nuevo objetivo de financiación climática. El principal objetivo de esta cumbre es impulsar la financiación de la acción climática y, aunque la ONU pretende que se incremente de manera crucial, las negociaciones están siendo complicadas, tanto para acordar una cifra como para dirimir a los contribuyentes, ya que las naciones desarrolladas quieren que otros países como Rusia, China o la India se unan al grupo de financiadores.

1-Financiación climática

Los países llevan negociando los últimos tres años el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG), del que depende aumentar el flujo monetario para las acciones climáticas, y se espera que en Bakú se ofrezca un montante concreto. Recordemos que, según el Acuerdo de París, en febrero del año que viene los países deben actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), que para ser creíbles deben basarse en compromisos financieros concretos.

Anteriormente, en la COP15, las naciones del Norte Global aceptaron destinar 100.000 millones de dólares anuales hasta 2020 para apoyar la acción climática en los países menos desarrollados. Posteriormente, el Acuerdo de París reflejó el compromiso de ampliar este objetivo hasta 2025 y fijar un nuevo objetivo de financiación, a partir de un mínimo de 100.000 millones de dólares anuales, para después de 2025. Pero hasta ahora la financiación no ha llegado a esas cifras, y su distribución no ha sido equilibrada ya que solo el 8% del total se destinó a países de bajos ingresos.

En la situación actual, los expertos estiman que esa cifra se queda muy corta, y que se necesita una financiación mucho mayor para impulsar políticas climáticas en los países menos desarrollados. Ya en 2022 PNUMA advertía que las necesidades anuales de adaptación de los países en desarrollo ascendían a 340.000 millones de dólares hacia 2030 y alcanzarían los 565.000 millones de dólares en 2050. Ahora, el Grupo de Alto Nivel sobre Finanzas Climáticas que calcula en 2,4 billones de dólares anuales la cantidad que necesitarán para 2030 los países en desarrollo y economías emergentes, sin contar a China. De ese dinero, 1 billón de dólares tendría que ser financiación externa y, el resto, aportado por los propios países afectados.

Hay que recordar que un informe del FMI del año pasado los subsidios a los combustibles fósiles a nivel mundial alcanzaron los 7 billones de dólares en 2022 (el 7,1% del PIB mundial) y que la energía renovable recibe en el Sur Global 40 veces menos financiación pública que los combustibles fósiles. Además, a día de hoy casi tres cuartas partes de la financiación climática van dirigidas a promover acciones de mitigación, pero el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos en todo el planeta deja patente que se necesita también inversión para la adaptación climática. En ese sentido, en la COP27 se aprobó la creación de un Fondo para Pérdidas y Daños, destinado a cubrir las necesidades de los países vulnerables ante las catástrofes climáticas, pero estas regiones consideran que esta cifra se queda corta.

El Comité de Regiones Europeas ha reclamado durante la cumbre que adaptación y mitigación se consideren como un todo respecto a la financiación climática, y el propio el Secretario General de la ONU, António Guterres, reclama que la COP29 suponga «acuerdo ambicioso de financiación climática«, y ha planteado nuevos gravámenes para el transporte marítimo y la aviación, así como la extracción petrolera y gasística. También el Grupo de Trabajo sobre Exacciones Solidarias Globales ha propuesto nuevos impuestos sobre criptomonedas, plásticos y las grandes rentas para financiar la acción climática. El presidente brasileño, por su parte, ha hecho un llamamiento para no postergar la meta de financiación climática para la COP30, pero el nivel de desarrollo de las negociaciones indican que es posible que no se alcance un acuerdo satisfactorio durante la actual cumbre.

Las fricciones se dan en varios aspectos. Por un lado, los estados en desarrollo solicitan mayor trasparencia en la financiación climática pero las naciones desarrolladas la piden también respecto a cómo se gastan las inversiones. Además, hasta ahora la mayoría del montante de las ayudas ha sido en forma de préstamos, a menudo a tipos preferenciales, que incrementan el nivel de deuda de los países menos desarrollados. Los países desarrollados también quieren incluir a nuevos países como donantes.

Además de no alcanzar una acuerdo sobre la cifra total de la financiación climática, las partes tampoco se han puesto de acuerdo aun en el listado de contribuyentes que deben aportar el dinero. Según el acuerdo de París de 2015, solo los países clasificados como desarrollados cuando se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en 1992, están legalmente obligados a contribuir a la financiación climática, pero esto deja fuera a países como China, Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, o India, que actualmente muestran una contribución a las emisiones muy importante y un nivel de desarrollo mucho mayor que hace 30 años.

La COP29 ha coincidido con la reunión del G20, en la que los países asistentes se han comprometido a encaminar «negociaciones exitosas» en la Cumbre del Clima, declarando su esperanza en que se consiga llegar a un acuerdo sobre el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado. Sin embargo, no han puesto fecha al final del uso de los combustibles fósiles, aunque han apoyado un aumento de la inversión y financiación climática pública y privada para la naciones menos desarrolladas, y se han comprometido a «trabajar por facilitarles una financiación de bajo coste» que sirva para impulsar la transición hacia una economía descarbonizada. También ha declarado su voluntad de eliminar «en el medio plazo» los «subsidios ineficientes a los combustibles fósiles”

Por su parte, Estados Unidos ha respaldado la propuesta del Reino Unido, la UE y Canadá para eliminar de la financiación pública subvenciones a los combustibles fósiles por valor de 41.000 millones de dólares. Recientemente, el G7 suscribió un acuerdo para poner fin al uso de centrales eléctricas de carbón sin captura entre 2030 y 2035.

La UE ha apelado a la solidaridad y responsabilidad de los países que han incrementado su desarrollo en las últimas décadas para que se unan a la financiación climática, ya que, según datos del Consejo de Europa, en 2023 la UE aportó 28.600 millones de euros a la financiación con cargo a fuentes públicas y movilizó, además, 7.200 millones de euros procedentes de la financiación privada para ayudar a los países en desarrollo a reducir sus emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático. A día de hoy, la Unión Europea aporta un tercio de la financiación, pese a ser responsable de solo un 6,5% de las emisiones globales.

El bloque de los países desarrollados y China ha propuesto una cifra de financiación total anual de 1,3 billones de dólares, pero esta cifra debería ser aceptada por los países vulnerables. Al parecer, la UE defiende una meta de 200.000 millones de dólares anuales, el doble de lo apuntado en la COP15. De momento, el comisionado europeo de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra, ha calificado el borrador como “inaceptable«. Este texto no incluye objetivos de inversión específicos, ni siquiera rangos o diferentes opciones, y, aunque se compromete a primar las subvenciones frente a los préstamos en la financiación climática, las describe como optativas y no obligatorias. También se ofrecen diferentes opciones para que los países decidan participar en las inversiones, pero sin especificarlas, y se sugiere que se revisen los compromisos antes de 2031.

2-Anuncios sobre acción climática

Durante la COP 29 se han presentado los resultados provisionales del informe Global Carbon Budget, que anuncian que las emisiones globales de CO2 han aumentado en 2024 un 0,8% respecto a las de 2023. En relación a esto, varios países han anunciado compromisos de reducción de emisiones: Brasil las minimizará un 67% en 2035 respecto a las de 2005, los Emiratos Árabes Unidos en un 47% respecto a las de 2019, y el Reino Unido un 81% para 2035 respecto a las de 1990. Y es que en febrero de 2025 las partes deben actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) según lo establecido en el Acuerdo de París, fecha límite a la que le costará llegar a la UE, ya que está inmersa en la constitución de la nueva Comisión Europea.  Como instrumento para limitar las emisiones, en la COP se ha anunciado un acuerdo sobre parte de la regulación de los mercados de carbono bajo los auspicios de la ONU.

Uno de los temas más importantes sobre los que han girado las negociaciones en la cumbre de Bakú ha sido el abandono de los combustibles fósiles. En la COP28 del pasado año se consiguió un acuerdo para dejar atrás los combustibles fósiles y reducir las emisiones, pero todavía no se han dado pasos decisivos para impulsar esta transición. Aunque en el borrador del acuerdo de la COP 29 se incluye un apoyo claro a pasar la factura de los daños climáticos a las empresas de combustibles fósiles y a otras grandes industrias contaminantes falta saber cómo se va a desarrollar este proceso. Las organizaciones ecologistas, que denuncian que en la cumbre hay acreditados 1.773 lobistas de este sector, reclaman un impuesto a los combustibles fósiles cuya recaudación se destine a la acción climática.

Las emisiones de metano han estado también en la palestra, ya que durante la cumbre se ha dado a conocer que solo el 1% de las 1.225 notificaciones mandadas en 2024 por el sistema de control satelital de metano han obtenido respuesta de los Estados y las compañías responsables. En respuesta, la presidencia de la COP29 ha lanzado una declaración de reducción de emisiones de metano procedentes de residuos orgánicos, que ha sido desarrollada con la Coalición por el Clima y el Aire Limpio (CCAC) convocada por el PNUMA, y se basa en la implementación del Compromiso Mundial sobre el Metano (GMP) de 2021, lanzado en la COP26. El objetivo es reducir las emisiones de metano al menos un 30% por debajo de los niveles de 2020 para 2030. En este sentido, los desechos orgánicos son la tercera fuente más importante de emisiones antropogénicas de metano, detrás de la agricultura y los combustibles fósiles. Las partes firmantes de la declaración representan el 47% de las emisiones globales de metano de residuos orgánicos e incluyen a más de 30 Estados, que se han comprometido a impulsar políticas y hojas de ruta concretas para cumplir con estos objetivos sectoriales de metano.

Por otro lado, la administración saliente del Gobierno de los Estados Unidos ha declarado que “nadie podrá revertir la revolución» de la transición energética, ante la incertidumbre de las posibles consecuencias de la presidencia de Trump. También han avanzado que han superado los 11.000 millones de dólares anuales dirigidos a financiación climática, lo que supone que esta cifra se ha incrementado más de seis veces respecto a la financiación climática de 2021, pero todos estos datos no aminoran las dudas del compromiso ambiental del nuevo Gobierno estadounidense, que aun no se ha pronunciado sobre cuáles serán sus prioridades en política ambiental.

El presidente brasileño ha solicitado que las naciones más desarrolladas adelanten sus metas de neutralidad de emisiones de 2050 a 2040 o hasta 2045, y ha invitado a la comunidad internacional a crear un Consejo del Cambio Climático en la ONU, destinado a articular los distintos actores, procesos y mecanismos que hoy se encuentran fragmentados para mejorar la gobernanza mundial en materia climática. Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha hecho un llamamiento para que los países aceleren sus recortes de emisiones y así poder reducir las emisiones globales un 9% cada año durante esta década.

3-Estado del clima

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha anunciado que 2024 va camino de convertirse en el más cálido de la historia registrada, lo que demuestra que el calentamiento global se incrementa y se une al aumento de temperatura y acidificación de los océanos.  De hecho, el responsable del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Jim Skea, ha anunciado durante la cumbre que “es muy probable que superemos puntualmente el grado y medio de calentamiento”, y que entre enero y septiembre la temperatura media del planeta ya superó en 1,54 grados los niveles preindustriales.

Las consecuencias de la crisis climática son cada día más visibles. En 2023 los incendios forestales en Europa afectaron una superficie de más de 500.000 hectáreas, y las conclusiones presentadas por la red de científicos medioambientales y climáticos euromediterráneos (MedECC) dejaron claro que esta región se está calentado un 20% más que la media mundial, lo que pone en especial riesgo las zonas costeras y provocar desplazamientos permanentes que podrían afectar a cerca de 20 millones de personas a finales de siglo. De hecho, los expertos opinan que para entonces el aumento de temperaturas podría ser de hasta 5,5 grados respecto a las medias del siglo XX.

De hecho, un informe de ACNUR revela que el desplazamiento forzoso ha alcanzado niveles récord y se sitúa ya en 123 millones de personas, de las cuales unas 90 millones viven en países gravemente amenazados por el cambio climático.

Otro dato alarmante es que, según un estudio de la Iniciativa Internacional sobre el Clima en la Criosfera, los glaciares ubicados en región de los Andes tropicales se están derritiendo diez veces más rápido que el promedio acumulado global.

Además, el informe Gobal Carbon Budget para 2024 anuncia que las emisiones totales alcanzarán 41.600 millones de toneladas, un nuevo récord.

4-Falta de liderazgo

La COP29 ha sido la de las ausencias políticas, no han acudido el presidente estadounidense, ni los máximos mandatarios de Rusia y China, ni la presidenta de la Comisión Europea, por lo que los países con mayores emisiones han estado representados por figuras políticas de segundo nivel, algo que transmite un mensaje de poco compromiso con la acción climática. Además, la delegación argentina se ha retirado de la cumbre y la ministra francesa de Transición Ecológica tampoco ha acudido, tras prenderse un conflicto diplomático entre Francia y Azerbaiyán por unas declaraciones de su presidente, quien también ha calificado a los combustibles fósiles como «un regalo de Dios» en la inauguración de la COP29.

El mandato de Trump también ha hecho planear la sombra de la duda sobre la acción climática estadounidense, ya marcada por su no ratificación del Protocolo de Kioto ni la Convención para la Diversidad Biológica. Lo cierto es que en la primera presidencia de Trump Estados Unidos abandonó los Acuerdos de París, pero los expertos matizan que, de repetirse esta retirada, el proceso legalmente llevará al menos un año, por lo que Estados Unidos probablemente participará en la COP30. De cualquier manera, la influencia de Elon Musk, consejero delegado de Tesla, puede tener un efecto positivo en el desempeño ambiental del país norteamericano, no en vano se trata de la mayor empresa de coches eléctricos del mundo.