La COP29 tiene como principal desafío facilitar que los países alcancen acuerdos para impulsar la financiación de las políticas climáticas. La intención de la ONU es que se incrementen de manera decisiva las inversiones en mitigación y adaptación al cambio climático, pero las reclamaciones de los países menos desarrollados y la incertidumbre del compromiso ambiental de algunas de las regiones más ricas dificultan que se supere el desembolso de 100.000 millones de dólares anuales pactado en 2009 por los países desarrollados para respaldar a los más vulnerables. No es buen presagio la ausencia de los máximos mandatarios de EE.UU., Rusia, China, Brasil, Francia o Alemania, a los que se une la no asistencia de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Y todo esto en un año que según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) se perfila como el más cálido de la historia registrada, un claro aviso de la urgencia de los cambios que el planeta necesita.
Aunque los acuerdos negociados en las COP no suelen ser vinculantes, en 2025 deben actualizarse las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), que plasman las promesas ambientales de cada país. Por eso, el tema central de la COP29 es la financiación, ya que por encima de las declaraciones de intenciones debe existir una realidad económica que permita que las promesas se conviertan en realidades. Además, se espera que las partes debatan sobre otros ámbitos de interés.
En primer lugar, a pesar los sucesivos llamamientos a reducir las emisiones de CO2, estas siguen disparadas. De hecho, en la cumbre se han presentado los resultados provisionales del informe Global Carbon Budget, que anticipa un aumento del 0,8% de las emisiones globales de CO2 en 2024 respecto al año anterior. Para frenarlas es necesario un marco actualizado para los mercados de carbono, que mejore su gestión, supervisión, trazabilidad y verificación. En este sentido, los países han alcanzado un acuerdo sobre parte de la regulación de los mercados de carbono bajo los auspicios de la ONU. En este sentido, se espera que solo este año las inversiones en energías limpias e infraestructuras energéticas en todo el mundo rondarán los 2 billones de dólares, lo cual es un dato esperanzador. De momento, Brasil ha anunciado que reducirá en un 67% sus emisiones para 2035 respecto a las de 2005, y los Emiratos Árabes Unidos en un 47% respecto a las de 2019. El Reino Unido, aunque no ha presentado oficialmente su plan ha anunciado que quiere rebajar las emisiones un 81% para 2035 respecto a las de 1990.
Los países en vías de desarrollo y aquellos más vulnerables al cambio climático vuelven a atraer el foco de las negociaciones. Aunque en la COP27 se acordó un fondo para proporcionar financiación por pérdidas y daños a los países vulnerables afectados por inundaciones, sequías y otras catástrofes climáticas, aun no se han destinado partidas presupuestarias. Además, hasta ahora solo se han comprometido unos 700 millones de dólares, cuando las estimaciones de las pérdidas y daños anuales de los países en desarrollo rondan los 400.000 millones.
Si bien en la COP28 se llegó al acuerdo de triplicar la capacidad mundial de energías renovables para 2030 esta medida no será efectiva sin un compromiso compartido para minimizar el uso de combustibles fósiles.
Ausencias
La reciente elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos hace planear la sombra de la inacción sobre la cumbre. El país americano no ha ratificado el protocolo de Kioto ni la Convención para la Diversidad Biológica, y durante el primer mandato de Trump los EE.UU. abandonaron los Acuerdos de París. A pesar de que la administración saliente está tratando de blindar la política climática acordada, lo cierto es que el presidente norteamericano no asistirá a Bakú. Tampoco estarán el presidente ruso Vladimir Putin, el máximo mandatario chino Xi Jinping, ni Lula da Silva, presidente brasileño. Por parte de Europa las ausencias también son notables. La recientemente reelegida presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, está enfocada en la elección de su nuevo gabinete, y tampoco asistirán a la COP29 ni el presidente francés Emmanuel Macron ni el canciller federal alemán Olaf Scholz. Además, la delegación argentina se ha retirado de la cumbre, por orden de su presidente. Son demasiadas las figuras internacionales que desaparecen de la foto de la COP29, lo que hace crecer la incertidumbre acerca de los posibles acuerdos que puedan alcanzarse.
Cada vez mayores aumentos de temperatura
El presente año va camino de ser el más cálido de la historia registrada, según ha alertado la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Entre enero y septiembre la temperatura media global superó en 1,54 ºC la media preindustrial. A pesar del mal dato, esto no quiere decir que se haya fracasado en alcanzar el objetivo del Acuerdo de París, ya que hay que tener en cuenta las anomalías en los registros y atender a las medias y no tanto a mediciones puntuales. En definitiva, el calentamiento global en los últimos 30 años se mantiene por debajo de los 1,5 ºC, pero la última década ha sido en conjunto la más cálida registrada y la temperatura de los océanos aumenta de manera inusitada. El incremento de los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera constituye la raíz de este problema, que ya está provocando la pérdida acelerada de hielo glaciar, y el aumento del nivel del mar, así como su temperatura. Además, es cada vez más evidente que los fenómenos meteorológicos extremos van aumentando tanto su frecuencia como su intensidad en todo el planeta.
Financiar la ambición climática
Un asunto clave de la COP29 es que los países se comprometan a incrementar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), ya que deben ser actualizadas antes de febrero de 2025. Relacionadas estrechamente con esto se llevarán a cabo las negociaciones del denominado Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG), del que depende aumentar el flujo monetario para las acciones climáticas. La aspiración de la ONU es que se incremente sensiblemente a partir de 2025, pero han de resolverse cuestiones como qué países deben ser los donantes y cuáles los receptores, bajo qué criterios, la segmentación entre inversiones privadas y públicas, y, quizá la mayor discrepancia, la forma de los fondos de ayuda, ya que se debate sobre si deben ser subvenciones o préstamos. Lo cierto es que los países en vías de desarrollo se sienten las mayores víctimas de la crisis climática, puesto que muchos sufren gravemente sus consecuencias, siendo los menores responsables dada su escasa industrialización y su bajo nivel de emisiones.
En la COP15, celebrada en Copenhague en 2009, los países desarrollados acordaron movilizar 100.000 millones de dólares anuales hasta 2020 para apoyar la acción climática en los países en desarrollo. En 2015, bajo el Acuerdo de París, los participantes se comprometieron a ampliar este objetivo hasta 2025 y fijar un nuevo objetivo de financiación, a partir de un mínimo de 100 000 millones de dólares anuales, para después de 2025, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Además, en la COP27 se aprobó la creación de un Fondo para Pérdidas y Daños, destinado a cubrir las necesidades de los países vulnerables ante las catástrofes climáticas. Actualmente, según la OCDE se destinan 116.000 millones a estos países, pero las regiones del Sur Global estiman que estos impulsos económicos se quedan cortos, por lo que aspiran a que en la cumbre que se está celebrando pueda actualizarse el desembolso destinado a la lucha climática.
Lo cierto es que hasta ahora no se ha alcanzado el objetivo de 100.000 millones de dólares y la distribución de los fondos no ha sido equitativa. Los datos de la OCDE anuncian que solo el 8% del total se destinó a países de bajos ingresos y alrededor de una cuarta parte a África. Además, casi dos tercios de los 100.000 millones de ayuda lanzados hasta 2022 han consistido en préstamos, a menudo a tipos preferenciales, por lo que tienen el efecto de incrementar la deuda de los países en desarrollo. Por su parte, las naciones ricas buscan incluir a nuevos países como donantes, como China, Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, India, ya que su contribución a las emisiones es muy importante. El bloque de los países desarrollados y China ha propuesto una cifra de financiación total anual de 1,3 billones de dólares, pero esta cifra debería ser aceptada por los países vulnerables. Por su parte, el Fondo de Pérdidas y Daños, albergado por el Banco Mundial y dotado con aproximadamente 700 millones de dólares gracias a la contribución voluntaria de varios países, aún no está operativo.
Hay que tener en cuenta que el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) ha alertado de que casi la mitad de la población mundial vive en regiones que son muy vulnerables al cambio climático y que, en la última década, el número de víctimas mortales como consecuencia de inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces más alto en las regiones muy vulnerables. Ante esto, el propio secretario general de la ONU ha pedido un «aumento enorme« de las cantidades aportadas por los países desarrollados para enfrentar la crisis climática, y es que según los expertos sería necesario movilizar 2,4 billones de dólares para 2030 a los países emergentes para que adopten medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. En este sentido, la revista Nature ha propuesto a la COP29 que solicite al IPCC la realización de un estudio consensuado sobre la necesidad de financiación.
Durante la cumbre, un grupo de Bancos Multilaterales de Desarrollo ha anunciado el compromiso de destinar para 2030 un total de 120.000 millones de dólares a la financiación climática en países de ingresos bajos y medios.