Recientemente, la Comisión Europea presentó una propuesta de simplificación del Reglamento CBAM, con el objetivo de reducir la carga administrativa para las empresas. En la práctica, se quiere introducir un umbral mínimo de 50 toneladas anuales de CO2 para las importaciones de bienes sujetos al CBAM, como acero, cemento, aluminio y fertilizantes. Con esto, se eximiría al 90% de los importadores sin afectar apenas la salvaguarda de emisiones, ya que el 10% restante de importadores son responsables de aproximadamente el 99% de las emisiones totales. Sin embargo, las patronales europeas, particularmente la siderúrgica, reclaman más cambios para asegurar la competitividad de la industria y prevenir la pérdida de empleos. La propuesta aún debe presentarse al Parlamento Europeo y al Consejo para su consideración antes de adoptarse.

El Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) está pensado para desarrollarse en paralelo al régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) y se trata de un mecanismo diseñado para igualar el precio de carbono que pagan los productores europeos y los importadores de determinados bienes y mercancías intensivos en emisiones de CO2. Así, se aplica a las importaciones producidas en terceros países donde no se emplea el sistema de comercio de derechos de emisión de CO2 de la UE.  Constituye un componente indispensable del paquete de medidas Fit for 55, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030.

El RCDE establece un precio al carbono y cada año las industrias cubiertas por él deben comprar los derechos de emisión correspondientes a sus emisiones de GEI. Lo que ocurre es que algunas empresas con procesos productivos altos en emisiones tienen asignados derechos gratuitos para respaldar su competitividad, pero estos se van a ir eliminando progresivamente. Así, surgen el riesgo de que puedan trasladar su producción a otros países de fuera de la UE y, además, si no se aplicase un impuesto a las importaciones, estas podrían resultar más baratas para el consumidor, al no tener el coste de las emisiones incluido en el precio final. Para paliar esto, el CBAM se introducirá en paralelo a la eliminación progresiva de la asignación gratuita de derechos de emisión.

Hace poco, la Comisión Europea dio luz verde a los paquetes de simplificación normativa Ómnibus I y Ómnibus II que, entre otros aspectos, incluyen una revisión del Reglamento (UE) 2023/956 por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono. Actualmente estamos en la fase transitoria de la implementación del CBAM (que finaliza el 31 de diciembre de 2025), tras la que los importadores deberán entregar un número determinado de certificados CBAM, adquiridos previamente, en función de las emisiones implícitas notificadas en sus declaraciones anuales.

El objetivo de la revisión es reducir la carga administrativa que el CBAM supone para las empresas, en especial las pymes. Así, se propone establecer un nuevo umbral anual acumulado mínimo de 50 toneladas por importador, lo que en la práctica supone eximir de las obligaciones del CBAM a más de 180.000 importadores, el 90% del total. Como el 10% restante de importadores aglutinan más del 99% de las emisiones totales, los objetivos climáticos apenas se verían afectados. Además de la exención para pequeños importadores, la propuesta busca simplificar los procedimientos para aquellos que permanecen dentro del ámbito del CBAM. Entre las medidas se incluyen la simplificación de la autorización de declarantes, el cálculo de emisiones y la gestión de la responsabilidad financiera relacionada con el CBAM.

Sin embargo, aún queda para que en fin de año la Comisión Europea presente la propuesta sobre los principales elementos de diseño del CBAM, y es ahí donde surgen las reclamaciones de la industria europea, pues solicitan cambios que aseguren que su competitividad no se vea lastrada por este mecanismo, lo cual podría conllevar la desindustrialización y pérdida de empleos, además de no lograr la reducción de emisiones globales, puesto que la producción podría localizarse en otros países con legislaciones más laxas.

Peticiones de la siderurgia europea

La Asociación Europea del Acero (EUROFER) solicita medidas urgentes para que el CBAM no implique riesgos de fuga de carbono y pérdida de empleos. Aducen que en su forma actual la industria siderúrgica europea corre un riesgo muy elevado de pérdida de ventas debido a importaciones baratas y con alto contenido de carbono. Según aclaran, existen lagunas en la norma que, además de ir contra la competitividad económica, pueden socavar los objetivos climáticos de la UE.

Defienden que, mientras no exista un acuerdo internacional vinculante con un precio global del carbono, la legislación europea debe adoptar medidas para evitar que la producción se transfiera de la UE a otros países con legislaciones más permisivas, y que los productos europeos se suplan por importaciones con mayor aporte de carbono. Así, solicitan que la medida de ajuste fronterizo de las emisiones de carbono debería aplicarse durante un período de transición hasta que las tecnologías innovadoras alcancen una penetración suficiente y los productos con bajas emisiones representen una masa crítica en el mercado. EUROFER propone unas medidas concretas para mejorar el CBAM:

-Introducir una solución estructural para preservar las exportaciones europeas y garantizar que sigan siendo competitivas a nivel mundial.
-Implementar normas más estrictas contra prácticas de elusión, como la redistribución de recursos.
-Ampliar el alcance del CBAM a los sectores downstream con uso intensivo de acero.
-El origen de los productos CBAM debe determinarse en el lugar donde se fundió y coló el acero.
-Las obligaciones de información sobre el CBAM no deberían aplicarse a los productos europeos que se exportan fuera de la UE, se procesan en el extranjero y posteriormente se reimportan a la UE como mercancías del CBAM.

En el mismo sentido, Eurometal, la asociación que representa a los distribuidores europeos de acero y productos metálicos, manifiesta su preocupación acerca de la falta de claridad sobre el precio medio del carbono en el RCDE UE en 2026 y por el hecho de que aún no se hayan determinado los parámetros de referencia para el cálculo del CBAM.

Desde el sector siderúrgico recuerdan que aglutinan alrededor de 300.000 puestos de trabajo directos y más de 2,5 millones de empleos indirectos, con una facturación anual de 215.000 millones de euros y unas exportaciones de más de 25.000 millones de euros de acero al año y unos 40.000 millones de euros de productos siderúrgicos derivados. Si bien la industria siderúrgica es responsable de aproximadamente el 7-11% de las emisiones mundiales de CO2, el sector europeo calcula que podría implementar avances tecnológicos que reducirían las emisiones de CO2 de la producción siderúrgica en un 30% para 2030 y entre un 80% y un 95% para 2050, contribuyendo a la vez a la mitigación de gases de efecto invernadero en todos los sectores.

Según datos de EUROFER, más de 25 millones de toneladas de acero (alrededor del 20 % de la producción de la UE) se importan anualmente de terceros países sin coste alguno en carbono. Por esta razón es urgente y necesario aplicar el CBAM, pero consideran que es necesario garantizar su eficacia desde el principio mediante un diseño óptimo.