El 80% de los hábitats europeos se encuentra en mal estado y las estimaciones oficiales alertan de que las tierras de cultivo gravemente erosionadas provocan una pérdida de productividad agrícola de 50.000 millones de euros al año en la UE. Para afrontar estos y otros retos causados por la pérdida de biodiversidad el Parlamento Europeo ha aprobado esta semana la Ley de Restauración de la Naturaleza. Su tramitación ha sido dificultosa y polémica, con posturas enfrentadas entre organizaciones ecologistas y de agricultores, que han llevado a las instituciones europeas a defender una norma que consideran fundamental para llevar a la práctica el Pacto Verde y la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad.
El pasado martes se celebró la votación final en el Parlamento Europeo de la Ley de Restauración de la Naturaleza, y para que sea efectiva tan solo queda que el Consejo Europeo la ratifique. Esta norma obliga a los Estados miembros a restaurar al menos el 30% de los hábitats deteriorados para 2030, el 60% para 2040 y el 90% para 2050, con el propósito de regenerar los ecosistemas degradados, contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE y mejorar la seguridad alimentaria.
Ámbitos de actuación e indicadores
Mediante la Ley aprobada se establecen obligaciones y objetivos en distintos campos, como las tierras de cultivo, los polinizadores, los ríos, los bosques y las zonas urbanas. El objetivo general consiste en revertir gradualmente los daños ambientales causados por el cambio climático y la actividad humana. Para ello, los países deben asegurarse de restaurar para 2030 al menos el 30% de los hábitats regulados por la Ley, como bosques, humedales, ríos, lagos etc. Ese porcentaje debe ser del 60% en 2040 y del 90% en 2050. Además, las autoridades deberán velar por evitar la degradación de las áreas que ya se encuentren en buenas condiciones. La intención es priorizar las zonas de la Red Natura 2000 hasta 2030, y se exige a los Estados miembros que adopten planes nacionales de restauración, en los que se detallen las medidas concretas que contemplan para alcanzar los objetivos fijados.
En la Ley se establecen una serie de indicadores de biodiversidad, algunos para los ecosistemas agrícolas específicamente. Concretamente, estos deberán de obtener avances en dos de estos tres indicadores: el índice de mariposas de los pastizales; la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas muy diversas, y las reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo. También se explicita que se tomarán medidas para incrementar el índice de aves comunes ligadas a medios agrarios, ya que estos animales son buenos indicadores del estado general de la biodiversidad. Además, se fija el objetivo de restaurar al menos el 30% de las turberas drenadas utilizadas para la agricultura para 2030, el 40% para 2040 y el 50% para 2050. La importancia de los suelos orgánicos en turberas drenadas es fundamental para la compensación de emisiones, debido a su capacidad de absorción de CO2. En cualquier caso, el proceso de rehumidificación de las mismas seguirá siendo de carácter voluntario para los agricultores y propietarios particulares.
En la Ley se incluye un “freno de emergencia” para suspender los objetivos para los ecosistemas agrícolas en circunstancias extraordinarias si merman en gran medida las tierras necesarias para una producción suficiente de alimentos para el consumo de la UE.
La norma también decreta la plantación de 3.000 millones de árboles en territorio europeo y establece indicadores para medir la evolución de los ecosistemas forestales. Además, los Estados miembros también tendrán que restaurar al menos 25.000 km de ríos en cauces libres y garantizar que no se produzca una pérdida neta de la superficie total de espacios verdes urbanos y de cubierta arbórea urbana.
La biodiversidad europea en peligro
Según datos oficiales, más del 80 % de los hábitats en Europa están en mal estado, siendo las turberas, pastizales y dunas los más amenazados. Se calcula que hasta el 70% de los suelos de la UE presenta condiciones insalubres, con multitud de tierras de cultivo gravemente erosionadas que contribuyen a una pérdida de 1.250 millones de euros al año en productividad agrícola, y con los efectos de la erosión dejándose notar intensamente, provocando pérdidas de casi 3 millones de toneladas de trigo y 0,6 millones toneladas de maíz al año en la UE.
Los humedales se han reducido en un 50% desde 1970 en amplios territorios europeos. Otro problema es la pérdida de polinización animal, ya que se calcula que el 75% de la producción mundial de alimentos depende de ella. Si no se produjese, Europa vería reducida entre el 25% y el 32% de la producción total de cultivos.
Si no se toman medidas esta tendencia continuará, de hecho, los expertos vaticinan que entre el 13% y el 23% de los suelos agrícolas de la UE y el Reino Unido podrían perderse para 2050. Por eso es tan importante contar con una estrategia integral para revertir la degradación de los ecosistemas. Las instituciones europeas calculan que las prácticas de conservación del suelo, como la labranza cero y los cultivos de cobertura, redujeron la pérdida de suelo en aproximadamente un 9,5% en la UE entre 2000 y 2016. La intención es que las medidas recogidas en la Ley de Restauración de la Naturaleza puedan dar un vuelco a esta situación, mejorando la resiliencia de la agricultura europea y la seguridad alimentaria.
Una tramitación polémica
Esta norma ha tenido un recorrido atribulado hasta su aprobación, presentada por la Comisión Europea en junio de 2022, el histórico acuerdo sobre biodiversidad alcanzado en la COP15 la puso en la palestra ya que las autoridades europeas quisieron impulsarla. Pero las organizaciones agrarias se mostraron disconformes con las medidas recogidas, mientras que los ecologistas urgían su aprobación. Este contexto propició que las diferencias acerca del articulado de la Ley se hicieran presentes en el Parlamento Europeo.
La Ley ha sufrido modificaciones durante el proceso de negociaciones con los Estados miembros, preocupados por el impacto inmediato de las medidas en su economía. Por ejemplo, la propuesta de reducción del 50% en el uso de fitosanitarios químicos para 2030 ha sido muy controvertida, ya que los agricultores consideran que esto puede incrementar sus costes y reducir el volumen de las cosechas, y al final la Comisión Europea decidió retirarla.
En general, las críticas exponen que la Ley está alejada de las realidades agrícolas europeas, y que no toma en cuenta la posición de las personas que trabajan el campo, con consecuencias como la retirada del uso activo de tierras agrícolas y forestales productivas, que pueden ser esenciales para la autosuficiencia alimentaria de Europa. La inflación impulsada por la subida de los precios de los alimentos ha venido a tensionar aun más las posturas enfrentadas.
Frente a esto, Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha definido a esta Ley como “crucial» para el futuro de la UE, ya que sirve “para mantener productivos nuestros suelos y tierras y salvaguardar el futuro de nuestros agricultores, para abordar la crisis de la biodiversidad y cumplir nuestros objetivos climáticos y para preservar nuestra base económica para muchas de nuestras industrias».
Las autoridades europeas estiman que beneficios monetarios de restaurar los hábitats prioritarios de la UE alcanzarán alrededor de 1.860 mil millones de euros, con costos valorados en alrededor de 154 mil millones de euros. Esto es, una ganancia neta de aproximadamente 1.706 millones de euros. La restauración de hábitats no sólo crea empleos a nivel local , sino que también ofrece perspectivas de desarrollo en otras áreas. Tampoco hay que obviar que más de 1.400 empresas, incluidas las del sector agroalimentario, se han unido para solicitar a los gobiernos que adopten políticas para revertir la pérdida de los ecosistemas.
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