Desde el 1 de octubre ha comenzado la primera fase del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la UE. Hasta 2026 los importadores de bienes deberán informar de las emisiones de CO2 causadas por los productos. Transcurrido ese periodo transitorio se comenzará a cobrar un impuesto sobre la huella de carbono de las importaciones, con el objetivo de evitar que los requisitos de reducción de emisiones en la industria europea originen la deslocalización de empresas, lo que se ha venido en llamar “fuga de carbono”. Para ello, ese impuesto equilibrará el precio de los productos importados a la UE, aplicándoles una tasa que ajustará su precio al que hubieran tenido de haber sido producidos en territorio europeo, como consecuencia del pago del recargo a la emisión de CO2 que hubieran soportado.
El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC o CBAM, en sus siglas en inglés) es uno de los instrumentos clave del Pacto Verde para lograr la neutralidad de emisiones en Europa para 2050. También constituye un hito en el liderazgo europeo en la ambición climática, y uno de los efectos que espera conseguir es influir positivamente en la legislación y políticas climáticas de otros países. El MAFC forma parte de la reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) incluida en el paquete Fit for 55, un conjunto de propuestas para actualizar la legislación comunitaria en materia de clima, energía y transporte con la vista puesta en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 55% en 2030.
Se trata del primer arancel climático del mundo e inicialmente afecta a cinco sectores industriales: siderurgia, cemento, fertilizantes, aluminio y generación de electricidad. Aunque se planea que abarque más ámbitos económicos, su aplicación será gradual.
En la práctica, cuando el MAFC esté completamente activo cualquier empresa que importe los productos regulados tendrá que comprar certificados para cubrir las emisiones de carbono que han generado en su fabricación y transporte, a menos que puedan demostrar que ya han sido contabilizados por la legislación climática en el país productor. Su objetivo es igualar el precio del carbono entre los productos de la Unión y los importados, fomentando la reducción de las emisiones a nivel global. Y es que los requisitos de disminución de emisiones a los que la industria europea está sometida podrían provocar el traslado de empresas a países con legislaciones climáticas más permisivas, lo que popularmente se conoce como “fuga de carbono”.
Aplicación del arancel climático
Las estimaciones de la Comisión Europea indican que los ingresos por esta nueva tasa pueden ascender a los 14.500 millones de euros, lo que equivale al 0,1% del PIB de los 27 países de la UE. Para atribuir de manera justa la tasa correspondiente a cada producto importado es necesario medir correctamente las emisiones de CO2 relacionadas con su fabricación y transporte. Como algunos países carecen todavía de cálculos fiables, el CO2 de los bienes importados se estimará teniendo en cuenta el 10% menos eficiente del conjunto del sector.
Otro factor a tener en cuenta es la legislación de reducción de emisiones de los países de origen de las importaciones, ya que la UE ha manifestado que aquellos que tengan políticas de cambio climático equivalentes a las de la UE podrían quedar exentos de esta tasa. De esta manera, los productos estadounidenses podrían quedar fuera de la aplicación del gravamen.
En cualquier modo, las autoridades europeas facilitarán el cálculo de las emisiones de CO2 asociadas a cada empresa importadora. Durante el primer año, las empresas tendrán tres opciones: utilizar el método europeo, el método nacional o sobre los valores de referencia. A partir de 2025, únicamente se permitirá el método de la Unión Europea. La Comisión, asimismo, está desarrollando herramientas informáticas específicas para ayudar a los importadores a realizar e informar estos cálculos, así como orientación detallada, materiales de capacitación y tutoriales para ayudar a las empresas.
Además, hay que tener en cuenta que hasta ahora la UE otorga permisos de CO2 gratuitos a la industria nacional para protegerla de la competencia extranjera, pero esta medida podría colisionar con las normas de la Organización Mundial del Comercio, por lo que se planea su eliminación gradual desde 2026 a 2034.
Lo que ahora ha dado comienzo es la fase de transición del MAFC. En ella los importadores suministrarán datos del CO2 de los productos a título meramente informativo, pero a partir de 2026 se aplicarán impuestos en base al MAFC. Desde enero de ese año, el Mecanismo será plenamente operativo y los importadores deberán obtener la autorización del MAFC y adquirir certificados de carbono correspondientes al precio del CO2 que se habría pagado para producir los bienes en la UE.
Impacto Mundial
Si bien Europa ha conseguido reducir sus emisiones un 21,7% entre 1990 y 2017, a nivel global la Organización Meteorológica Mundial alertaba de que en 2021 el CO2 atmosférico alcanzaba el 149% de los niveles preindustriales. El principal responsable son las emisiones derivadas de los combustibles fósiles, ya que representan el 64% del total. En este sentido, el MAFC tiene el propósito de servir de palanca de cambio para influir positivamente en las políticas climáticas de los países no comunitarios. De hecho, uno de sus objetivos declarados es conseguir que los socios comerciales de la UE ajusten sus legislaciones climáticas y ambientales a las europeas.
La UE ostenta una posición de liderazgo en la acción climática global y lleva décadas tratando de vincular los acuerdos comerciales con prerrogativas de reducción de emisiones, pero se ha encontrado a menudo con la oposición de países en desarrollo, que consideran que aumentar sus estándares ambientales redundará en la pérdida de competitividad, y de otras potencias, como Estados Unidos y China.
De hecho, durante la COP27, el grupo BASIC (que incluye a Brasil, Sudáfrica, la India y China) presentó una declaración conjunta en la que se calificaba al arancel climático europeo como una medida unilateral discriminatoria, ya que traslada a los países en desarrollo la responsabilidad de la reducción de las emisiones que debería recaer en los países desarrollados dadas sus emisiones históricas
Sin embargo, la postura europea ha sido un factor de peso en avances como la creación por parte de China de su propio mercado de emisiones y la promulgación de la Inflation Reduction Act (IRA), el plan de lucha contra el cambio climático que ha adoptado Estados Unidos y que supone su mayor iniciativa de inversiones climáticas de la historia.
Estudios preliminares advierten que las importaciones de países como Rusia, Turquía, China, Noruega, el Reino Unido y Ucrania pueden ser las más afectadas por la aplicación del MAFC, pero como su implantación va a ser paulatina las naciones tienen tiempo para armonizar sus legislaciones con los estándares europeos.
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