
Con la reciente activación por parte de la Comisión Europea de la Hoja de ruta hacia los créditos naturaleza se quiere promover la inversión privada en biodiversidad, para que complemente la financiación pública ya existente, ofreciendo una fuente adicional y voluntaria de financiación mediante estándares claros y una certificación fiable, y recompensando a quienes emprendan esas acciones e inviertan en ellas. Esto es algo imprescindible, si consideramos que tres cuartas partes de las empresas de la zona del euro dependen de la naturaleza y que las pérdidas económicas en Europa cada vez están más relacionadas con el cambio climático. Por ello, la UE se ha comprometido a asignar el 10% de su presupuesto a la biodiversidad de aquí a 2026-2027 y a duplicar su gasto exterior en biodiversidad hasta alcanzar la cifra de 7.000 millones de euros.
Para alcanzar esa cantidad se estima que serían necesarios unos 65.000 millones de euros anuales, para la inversión en biodiversidad, por lo que es indispensable combinar la financiación pública y privada. Y ahí es donde entran los llamados créditos naturaleza, que suponen una inversión en actuaciones positivas para la naturaleza por parte de una empresa, una institución financiera, una entidad pública o un ciudadano. Estas actuaciones positivas para la naturaleza podrán ser valoradas y certificadas por una organización independiente y podrán tomar diversas formas, desde la ampliación de las zonas forestales, la restauración de ecosistemas etc.
En todo caso, constituyen un instrumento voluntario orientado a apoyar la resiliencia de los ecosistemas impulsando inversiones privadas que revertirán en la mejora de la biodiversidad y los hábitats, a la vez que generarán nuevas oportunidades de ingresos para quienes trabajen en la protección de la naturaleza, como agricultores, silvicultores, pescadores, propietarios de tierras y comunidades locales. De esta forma, se favorecerán los objetivos europeos climáticos, de preservación de la naturaleza y mejora de la competitividad expresados en normativas como la Estrategia de Resiliencia Hídrica, el Pacto Europeo por el Océano, la Brújula para la Competitividad de la UE, el Pacto por una Industria Limpia, o el mismo Pacto Verde.
Naturaleza y realidad económica
Según el Foro Económico Mundial, más de la mitad del PIB mundial y dos tercios del valor económico añadido de la UE dependen de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos, pero la OCDE alerta de que la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas son las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad en la próxima década.
Esto es así fundamentalmente por las pérdidas económicas atribuidas al cambio climático, que en la última década han aumentado del 31% de todas las pérdidas relacionadas con el clima al 38%. En este sentido, se prevé que las primas de seguros relativas a este ámbito aumenten un 50% para 2030. Y es que informes de las compañías aseguradoras revelan que el cambio climático ha sido la principal causa de más de un tercio de todas las pérdidas de seguros relacionadas con el clima en los últimos 20 años, estimadas en unos 567.000 millones de euros. El riesgo asociado al cambio climático podría costar a las grandes empresas hasta el 10% de las ventas anuales y el 4% del valor de mercado.
De hecho, un estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente afirma que tan solo en 2023 las pérdidas económicas por eventos climáticos y meteorológicos superaron los 45.000 millones de euros en los 38 países europeos analizados. Así, los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos causaron pérdidas económicas de activos estimadas en 738.000 millones de euros entre 1980 y 2023 en la Unión Europea, con más de 162.000 millones de euros (22%) entre 2021 y 2023, siendo Alemania, Italia, Francia y España los países con mayores daños totales. Por eso, el objetivo de la Hoja de ruta hacia los créditos naturaleza es incentivar las inversiones en conservación y protección de la biodiversidad, en consonancia con la Ley de Restauración de la Naturaleza.
Hoja de ruta de los créditos naturaleza
Esta normativa pretende desarrollar estándares claros y una certificación fiable de las actuaciones positivas que se emprendan, para que los créditos naturaleza sean eficaces y fiables, evitando al mismo tiempo las cargas administrativas innecesarias. Para las empresas, los créditos de naturaleza pueden contribuir a que sus procesos de producción sean más respetuosos con el medio ambiente, aumentar su solvencia y facilitar el acceso a la financiación, a la vez que apoyan la reducción del riesgo en sus cadenas de suministro y la masa monetaria destinada a sus primas de seguros.
Los créditos naturales podrían ser generados por quienes realizan acciones de restauración o mantenimiento de la naturaleza o la biodivesidad, como agricultores o administradores de tierras. Un certificador independiente revisaría el plan de proyecto, los métodos de implementación y los impactos previstos, y si todo es correcto recibiría un certificado que lo avalaría. Posteriormente, los créditos naturales podrán venderse a empresas, autoridades públicas o incluso ciudadanos particulares que quieran apoyar el cuidado ambiental. De esta forma, los administradores de las tierras verían recompensado económicamente su trabajo positivo para la naturaleza y podrían reinvertir las cantidades en mejoras.
No hay que confundir los créditos de naturaleza con los créditos de carbono, ya que se trata de herramientas complementarias, pero distintas. Los créditos de carbono se centran principalmente en la absorción de carbono y la reducción de emisiones, mientras que los créditos de naturaleza abarcan actividades que protegen y restauran la biodiversidad y los ecosistemas. Los créditos de carbono se basan en una métrica bien establecida (toneladas de CO2 equivalente), mientras que los créditos de naturaleza reflejan resultados de biodiversidad específicos del sitio, que involucran múltiples métricas e indicadores adaptados al contexto.
La Comisión pretende simplificar los procesos de certificación, mediante vías como el uso de herramientas digitales, que permitan reducir la carga administrativa. Además, prevé desarrollar mercados de créditos naturales de dimensión local, ya que existe una gran variedad de ecosistemas en la UE.
La Comisión invita a todas las partes interesadas (empresas, científicos, Administraciones públicas y sociedad civil) a participar en la formulación de esta iniciativa a través de una convocatoria de datos abierta con plazo hasta el 30 de septiembre de 2025. Actualmente ya se están probando proyectos piloto en algunos países, como el programa Green Assist, y la Comisión ha establecido canales de colaboración con entidades como la Alianza de Créditos de Biodiversidad, el Foro Económico Mundial y el Grupo Consultivo Internacional sobre Créditos a la Biodiversidad.