Esta semana ha entrado en vigor la Directiva (UE) 2026/805, que revisa las listas de contaminantes en aguas superficiales y subterráneas y afecta a otras tres normativas europeas relacionadas con la gestión hídrica. En la práctica supone la actualización de la Directiva Marco del Agua, extendiendo la vigilancia a PFAS, microplásticos y productos farmacéuticos con requisitos más exigentes. La calidad del agua es un asunto de la mayor importancia para Europa, puesto que el 20% de su territorio sufre estrés hídrico y el 60% de los ríos, humedales y acuíferos están degradados. Además, la situación puede volverse aún más preocupante en el futuro, ya que se trata del continente que experimenta el mayor aumento de temperatura como consecuencia del cambio climático. Todo esto convierte en prioritario mejorar la gestión del agua europea y garantizar su calidad.

Nadie duda de que el agua es un recurso fundamental para la vida, pero a pesar de su aparente abundancia, solamente el 0,007% del agua existente en la Tierra puede considerarse potable. Asimismo, el aumento de población y los efectos del cambio climático están sometiendo a cada vez mayor presión a los recursos hídricos. Se calcula que desde la década de 1960 la demanda de agua se ha duplicado en todo el mundo y este fenómeno no tiene visos de minimizarse, ya que la mayor frecuencia e intensidad de olas de calor y sequías provoca que la agricultura requiera de un volumen creciente de agua, por lo que los expertos alertan de que en 2050 la demanda de agua puede aumentar en hasta un 25% en todo el mundo.

Europa cuenta con un clima propicio en precipitaciones y dispone de abundantes fuentes naturales de agua, pero el cambio climático amenaza a los países de la cuenca sur del continente, donde las sequías serán más comunes, y la condición de sus masas de agua es muy mejorable, ya que tan solo el 39,5% de las aguas superficiales puede considerarse en buen estado ecológico.

Para dar respuesta a estos problemas y optimizar la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos esta semana se ha adoptado la Directiva (UE) 2026/805, que refuerza la protección de las aguas superficiales y subterráneas actualizando las Normas de Calidad Ambiental, incorporando nuevos contaminantes a la lista de prohibidos y perfeccionando los sistemas de vigilancia y control.

En la práctica supone la modificación de otras tres normas: la Directiva Marco del Agua, la Directiva sobre Normas de Calidad Ambiental y la Directiva de Aguas Subterráneas, y su objetivo es reforzar la futura Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, reduciendo la contaminación derivada de PFAS, pesticidas, microplásticos, fármacos y otros compuestos peligrosos. La Directiva también recoge medidas para simplificar algunas obligaciones administrativas y optimizar el intercambio digital de datos ambientales entre países y organismos europeos.

El plazo con el que cuentan los Estados miembros para adaptar su legislación nacional y transponer las modificaciones de la Directiva acaba el 22 de diciembre de 2027. Para esa fecha deberán estar operativos los programas de seguimiento ampliados para las nuevas sustancias reguladas y también habrán de haber entrado en vigor las medidas preliminares de actuación con el objetivo de que las aguas cumplan los estándares dispuestos respecto a estos contaminantes como muy tarde en 2039.

Principales novedades

La Directiva adopta un enfoque preventivo, priorizando las actuaciones en la fuente de la contaminación. Esta normativa se centra en sustancias especialmente preocupantes como los PFAS, los productos farmacéuticos y otros contaminantes emergentes, para los que establece requisitos más exigentes en materia de prevención, vigilancia y evaluación de riesgos. De esta forma, se amplía y revisa la lista de sustancias prioritarias y contaminantes de aguas superficiales y subterráneas. Así, se establecen límites conjuntos para un total de 25 PFAS, se incluyen por primera vez productos farmacéuticos en las listas de sustancias prioritarias o contaminantes de aguas subterráneas, y también se incorporan pesticidas como el Bisfenol A o el glifosato, uno de los herbicidas más utilizados en la UE, para el que se establecen normas de calidad específicas diferenciando entre aguas destinadas a la producción de agua potable y aquellas utilizadas para otros fines. De igual manera, se recogen medidas específicas para abordar los microplásticos y los indicadores de resistencia a los antimicrobianos (RAM). La legislación también actualiza los límites máximos permitidos para contaminantes ya regulados y retira seis sustancias que ya no representan riesgo a gran escala gracias al efecto de restricciones y prohibiciones previas.

En el mismo sentido, se establecen nuevas normas de calidad ambiental y se actualizan otras existentes, redefiniendo conceptos sobre las condiciones que marcan el deterioro del agua. En este sentido, la norma establece que, si un solo indicador de calidad desciende de categoría en una masa de agua, esta se considera como deteriorada, evitando así interpretaciones flexibles que oculten el empeoramiento real de la calidad del agua. También se introducen valores en biota o sedimentos, y se amplía el alcance del estado químico de las aguas superficiales para incluir contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas.

La monitorización y el seguimiento de la contaminación se refuerzan, incorporando el “effect-based monitoring” o monitorización basada en efectos, que permite evaluar el riesgo combinado de distintos contaminantes sobre la calidad del agua en vez de analizar únicamente sustancias individuales. También se impulsará el uso de tecnologías de teledetección y herramientas de Inteligencia Artificial para la recogida y análisis de los datos, además de fijar medidas más estrictas respecto a la frecuencia y la sistematización de la información que los países deben proporcionar.

Simplificación de trámites y cooperación

Se ha tenido en cuenta la necesidad de reducir la carga administrativa para los Estados miembros, para lo que se simplifican determinados requisitos de información, además de impulsar el intercambio digital de datos entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas. De igual manera, se establece como obligatorio la emisión de alertas a los territorios situados aguas abajo de una cuenca hidrográfica, incluyendo otros países europeos

Asimismo, en ciertas actividades, como las actuaciones económicas y de adaptación climática, se adoptará una aplicación más flexible de la normativa siempre que la calidad del agua no se vea comprometida.

Legislación europea sobre agua

Europa cuenta con un amplio conjunto legislativo de normas relativas a la gestión del agua. Entre ellas destaca la Directiva Marco Europea del Agua (DMA), que regula la protección de las aguas superficiales interiores, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas. Su objetivo es que para 2027 las masas de agua dulce del continente presenten un buen estado, y para ello impulsa medidas para prevenir y reducir la contaminación, promover un uso sostenible del agua, proteger y mejorar el medio acuático y paliar los efectos de las inundaciones y sequías.

Otra norma de gran importancia es la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, que obliga a que los Estados establezcan un plan de gestión integrada de las aguas residuales urbanas para urbes de más de 100.000.000 equivalentes habitante (e-h) de aquí a 2033, y para las aglomeraciones urbanas de entre 10.000 y 100.000 a más tardar para 2039. También contempla medidas contra la contaminación emergente, para favorecer el uso de las aguas residuales y las regeneradas, y establece que las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas deberán ser neutrales energéticamente para 2045.

Otras normativas europeas recientes en el ámbito de la gestión hídrica son el Reglamento 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, sobre los requisitos mínimos para la reutilización de agua para uso agrario, la Directiva refundida sobre el agua potable (Directiva 2020/2184) y la Directiva relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (Directiva (UE) 2020/2184)

Gestión del agua en Euskadi

La estrategia hídrica de la CAV se articula principalmente a través de la labor de Agencia Vasca del Agua (URA), y sus ejes son la planificación integral de las cuencas hidrográficas, la sostenibilidad ambiental y la protección del dominio público hidráulico. Euskadi adapta la normativa europea en materia de agua mediante planes hidrológicos y programas de control ambiental, además de medidas de saneamiento, depuración y restauración fluvial. También se desarrollan políticas de adaptación al cambio climático y prevención de inundaciones, en sintonía con las directivas europeas sobre gestión del riesgo de inundación.

Por su parte, Aclima colabora en el impulso de la innovación aplicada a afrontar los retos actuales y futuros de los recursos hídricos y para ello cuenta con la Estrategia del agua Aclima. Su principal objetivo es promover soluciones innovadoras impulsando la competitividad del sector a la vez que se avanza hacia la sostenibilidad del ciclo integral del agua. Para ello, se fomenta la vigilancia estratégica y la colaboración entre los agentes del ecosistema de aguas con el propósito de generar soluciones tecnológicas orientadas a reducir y prevenir la contaminación de las masas de agua y la adaptación al cambio climático, además de integrar los principios circulares en los procesos de gestión hídrica.