Esta nueva norma, acordada tras un intenso debate, busca que la industria manufacturera represente al menos el 20% del PIB de la UE para 2035. Para ello, establece requisitos mínimos de bajas emisiones de carbono y fabricación en Europa para los productos, reduce la burocracia para las iniciativas de descarbonización y promueve el mercado de los productos y materiales de cero emisiones netas. Todo ello apoyado por la contratación pública, empleada como herramienta de política industrial, ya que se pretende primar los proyectos que contribuyan a la producción europea y que tengan un efecto real en la economía. En definitiva, se trata de acelerar la descarbonización fortaleciendo la capacidad productiva de Europa y reduciendo las dependencias estratégicas, con el objetivo de reforzar la soberanía industrial.
La Ley de Aceleración Industrial (IAA) está en consonancia con el Pacto Industrial Limpio, y supone una evolución de las directrices del Pacto Verde. La transición verde y digital del continente debe compaginar los objetivos climáticos consolidando a la vez la competitividad de la industria europea. Con este fin, se quiere impulsar la innovación, la inversión, los requisitos de contenido europeo y la financiación estratégica, buscando incrementar la resiliencia industrial, capacidad productiva y autonomía estratégica de Europa.
Mediante la IAA pueden implementarse criterios “Made in Europe” en todos los sectores estratégicos y emplear la contratación pública para crear mercados europeos líderes en productos de cero emisiones netas. La intención es apoyar la descarbonización industrial, sobre todo de las industrias con uso intensivo de energía, asegurando mercados para productos y materiales de cero emisiones netas.
Por ejemplo, es sabido que las baterías producidas en la UE emiten un 37% menos de CO2 de media que las baterías chinas, pero tienen dificultades en ser competitivas debido a la diferencia de precio. En ese sentido, EUROFER revela que tanto la producción como el consumo de acero en la UE han disminuido, pero las importaciones han seguido ganando cuota de mercado frente a la producción europea. Además, datos del Banco Mundial anuncian que la proporción del valor añadido de la industria manufacturera en el PIB europeo ha pasado del 17% en 2000 al 14% en 2024. Y es que más del 80% de capacidades de fabricación estratégicas, como la producción de baterías y componentes solares, se concentran en terceros países, según un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Por todo esto, la IAA tiene como objetivo que la industria manufacturera recupere su vigor y pase a representar al menos el 20% del PIB de la UE para 2035.
Claves de la Ley de Aceleración Industrial
El Pacto Industrial Limpio marcó un cambio en la política industrial europea, trazando una senda que compatibiliza los criterios ambientales con la competitividad. En noviembre del pasado año la Declaración de Berlín suscrita por 17 Estados miembros apoyaba esta idea, proponiendo la reducción de la burocracia, el fomento de la innovación tecnológica y la descarbonización. La IAA constituye un nuevo paso en esta línea, basada en la intención de que la financiación comunitaria debe contribuir a la producción europea. No hay que olvidar que la contratación pública en la UE supone alrededor del 14% del PIB, aproximadamente 2 billones de euros anuales, por lo que es una poderosa palanca para impulsar la descarbonización y la competitividad.
En realidad, la IAA se inscribe en una estrategia más amplia, definida por el lema “Hecho en Europa”, con la que la Comisión quiere optimizar la autonomía estratégica y reducir la dependencia externa en sectores manufactureros críticos. Pero la amplitud de este concepto ha causado fricciones, ya que hay críticos que opinan que establecer restricciones a los productos externos puede hacer daño a la economía europea. Los recientes acuerdos comerciales con la India y Mercosur parecen ir en contra de este espíritu, y han alentado una visión alternativa, “Hecho con Europa”, en la que más que promover la producción europea se buscaría alentar las inversiones extranjeras y la colaboración con otras economías en beneficio de la producción Europea.
La UE es uno de los mercados más libres del mundo, y entiende esa característica como una fortaleza. Por ello, pretende fomenta una mayor reciprocidad en la contratación pública, ofreciendo igualdad de trato a los países que den acceso a sus mercados a las empresas de la UE. Los socios pueden participar en la contratación pública si han firmado el Acuerdo sobre Contratación Pública, tratado de la Organización Mundial del Comercio que garantiza el acceso recíproco a la contratación pública entre sus miembros. La IAA también incluye medidas específicas para socios que hayan suscrito un acuerdo de libre comercio o una unión aduanera con la UE.
Así, la IAA vinculará las ayudas estatales a productos estratégicos a su fabricación o ensamblaje dentro de la UE, con exigencias de al menos un 70% de componentes europeos en algunos casos. Para aumentar la demanda de productos con bajas emisiones de carbono fabricados en Europa introduce criterios ambientales, circulares y de proporción o componentes mínimos, con la intención de favorecer la demanda de productos descarbonizados europeos. Entre los sectores considerados estratégicos se encuentran la automoción, el acero, el cemento, el aluminio, y las tecnologías de cero emisiones netas, además de industrias electrointensivas (que incluyen la industria química y la del plástico). En la práctica, el concepto “Hecho en Europa” implicaría fortalecer la cadena de valor, desde la producción de materiales y componentes intermedios hasta el ensamblaje final y la distribución.
Otra medida planteada es una etiqueta voluntaria de bajas emisiones de carbono para toda la UE, que se basaría en gran medida en los datos existentes del Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión. Además de informar a los consumidores sobre la intensidad de carbono de los productos se tendría en cuenta en la contratación y financiación pública.
La IAA propone asimismo la simplificación de permisos para proyectos estratégicos y de descarbonización, extendiendo las disposiciones de la Ley de la Industria de Cero Emisiones Netas a las industrias de alto consumo energético. Esto incluye solicitudes de permiso único que cubran todas las autorizaciones, reutilización de datos, plazos de decisión legalmente vinculantes y consideración del interés público superior para proyectos a gran escala.
También se introduce el concepto de Zonas de Aceleración Industrial, áreas que concentrarían las actividades manufactureras estratégicas y que se beneficiarían de procedimientos de autorización prioritarios y cronogramas coordinados para las conexiones a la red y a la energía. La intención sería impulsar ecosistemas industriales que puedan atraer inversiones e integren cadenas de valor completas.
Otro elemento clave para lograr la descarbonización industrial es fomentar el mercado de las materias primas secundarias, para lo que se insta a los Estados a adoptar medidas que promuevan la recuperación, reciclaje o reutilización de los residuos.
Respecto a la inversión extranjera, se establecen restricciones en los sectores estratégicos y emergentes, para inversiones superiores a 100 millones de euros. Se establece un límite del 49% para la participación extranjera, junto con la obligación de establecer empresas conjuntas con socios europeos, compromisos de transferencia de tecnología y requisitos de inversión local en I+D equivalentes a un porcentaje mínimo de los ingresos generados en la UE.
Necesidades para implantar la IAA
Introducir criterios vinculantes de huella de carbono en los sectores clave tiene la intención de promover la descarbonización, pero esta medida ha de ir acompañada de principios firmes de reciclabilidad y circularidad, que apoyen las cadenas de valor circulares en toda la UE. Solo así se logrará reducir la dependencia europea en las materias primas críticas que hasta ahora debe importar.
Además, es necesario definir con claridad el ámbito del concepto “Hecho en Europa”, detallando no solo los sectores estratégicos, sino también la financiación y los criterios establecidos, para evitar que en vez de desarrollar cadenas de valor reales se acaben implantando simplemente plantas de ensamblaje en el continente, lo cual no tendría el impacto esperado, que pasa por incrementar la producción europea. Por eso, delimitar concretamente lo que supone el “Valor añadido europeo” es tan relevante. En este sentido, las medidas tampoco pueden dejar de lado a socios de los que actualmente depende el suministro europeo de algunas materias sensibles, o cuyas importaciones tienen gran peso en la economía europea, como el Reino Unido y Turquía.
Tras su adopción por la CE, la IAA pasará al Parlamento y al Consejo Europeo, por lo que pueden experimentar cambios antes de su entrada en vigor definitiva.