La nueva Ley de Movilidad impulsa que las empresas desarrollen planes de transporte sostenible para los empleados

Posted by aclimaadmin | 16/12/2022 | Aclima Blog

Esta semana el Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que entrará en vigor en 2023 tras su tramitación por la vía de urgencia. Su objetivo es modernizar la movilidad mediante las nuevas tecnologías y promover la descarbonización del transporte, responsable de un 27% de los GEI en el Estado, cinco puntos por encima de la media europea.

La movilidad en su conjunto es uno de los sectores económicos más relevantes del Estado, ya que engloba a más de 800.000 empleados, supone más del 4,5% del PIB y representa aproximadamente el 13% del gasto total de los hogares. En toda España se calcula que cada año se realizan más de 5.000 millones de viajes en transporte colectivo, siendo una de las fuentes más destacadas de emisiones de gases de efecto invernadero.

Para paliar este fenómeno, y adaptar la movilidad a una economía descarbonizada, la Ley incluye una serie de medidas. Entre ellas, se regula que las empresas y organizaciones de más de 500 trabajadores tendrán que contar con planes de movilidad sostenible al trabajo. También se fija que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deberán contar obligatoriamente con planes de movilidad urbana y que las empresas de transporte tendrán que calcular su huella de carbono y trasladar esa información a los usuarios. De igual manera, se prevé la creación de un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, para facilitar la coordinación entre las distintas administraciones y así conseguir un sistema más eficiente para el ciudadano, facilitando los trasbordos entre transportes de distinta titularidad.

Movilidad al trabajo

Para garantizar que las empresas promuevan de manera eficaz el transporte sostenible de sus empleados a los centros de trabajo, el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible prevé una modificación del Estatuto de los Trabajadores que estipula que en los convenios colectivos se deberán negociar medidas para promover la elaboración de planes de transporte sostenible de los empleados al trabajo. Concretamente se manifiesta que estos planes estarán orientados a buscar soluciones de movilidad mediante la promoción del transporte colectivo, la movilidad de cero emisiones, la movilidad activa, y la movilidad compartida o colaborativa. Todo ello con vistas a cumplir los objetivos fijados de reducción de emisiones, y también ayudando a prevenir los accidentes en los desplazamientos al trabajo y a minimizar los atascos.

Las empresas y entidades públicas con más de 500 trabajadores, o 250 por turno, deberán contar con este tipo de planes en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la Ley, además de elaborar un informe de seguimiento sobre el nivel de implantación de las actuaciones y medidas del plan cada dos años. En cualquier caso, la iniciativa para solicitar estos planes de movilidad sostenible deberá partir de la representación legal de los trabajadores, pero la Ley no obliga a que se incorporen como contenido mínimo obligatorio en todos los convenios.

De igual forma, en los centros de trabajo de más de 1.000 trabajadores situados en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes, las empresas privadas y entidades públicas también tienen la obligación de adoptar medidas para reducir la movilidad de los empleados en las horas punta y promover el uso de medios de transporte de bajas o nulas emisiones.

En la práctica, las empresas pueden inclinarse por adoptar o reforzar iniciativas como la intensificación del teletrabajo, fomentar el transporte en coches compartidos, bonificando de alguna manera esta forma de desplazamiento, cambiar las flotas de vehículos de combustible por otros híbridos o eléctricos, o costear parte o el importe total del abono de transporte público al trabajador.

Objetivos de la Ley de Movilidad Sostenible

Con la aprobación de esta Ley se cumple uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en sintonía con lo dispuesto por la Comisión Europea, ya que establecerá un nuevo marco normativo para conseguir un sistema de transportes más eficiente y sostenible, en aras de reducir las emisiones de GEI, mejorar la calidad del aire y proteger el medio ambiente. También se vehiculan diversas medidas recogidas en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, aprobada en 2021, y se alinea con lo dispuesto en el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión Europea y el paquete de medidas por una movilidad verde y eficiente.

Con esta Ley se reconoce oficialmente por primera vez a la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar. La movilidad es el medio de acceso a los puestos de trabajo y a los servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad, redundando en la calidad de vida de las personas. A su vez, alcanzar los objetivos climáticos hace indispensable adaptar el sistema de transporte hacia una movilidad descarbonizada, con menor presencia de los vehículos privados. Para ello se necesita impulsar la presencia de la digitalización y las nuevas tecnologías en el transporte, garantizando que las inversiones públicas se orienten hacia aquellos ámbitos donde se genere mayor valor social, maximizando su eficacia para conseguir la adaptación al reto climático.

Otras novedades

La Ley impulsa la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, para facilitar la coordinación entre las administraciones públicas y que constará de varios instrumentos, como el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible, un órgano consultivo para facilitar la cooperación de éstas con el sector y los usuarios; una herramienta digital para centralizar los datos sobre movilidad; y un marco compartido para la planificación de una movilidad sostenible. Además, se habilitará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM).

Para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se establecen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados y se estipula que los PMUS deberán contemplar la colaboración con otros municipios colindantes para el establecer criterios homogéneos.

También se obliga a las empresas del sector del transporte a calcular su huella de carbono y comunicarla a los usuarios finales, así como impulsar sistemas de gestión ambiental y de la energía. Se impulsarán carriles reservados a transporte colectivo o vehículos de alta ocupación y se fomentará la creación de puntos de energías limpias en puertos y aeropuertos. De igual manera, se promoverán caminos y entornos escolares seguros, saludables y sostenibles, que permitan a niños y niñas ir al colegio de forma activa y autónoma.

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