Aunque la mayor parte de las empresas han quedado excluidas del ámbito de aplicación de las Directivas sobre Información en Sostenibilidad Empresarial (CSRD) y sobre la Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Empresarial (CSDDD), no entra en sus planes reducir su esfuerzo en dichos campos. Así se revela en varios informes publicados recientemente, con motivo de la adopción de las medidas recogidas en la iniciativa de simplificación Ómnibus I. Gracias a esta normativa, más del 90% de las empresas ya no están obligadas a reportar acerca de sus acciones de sostenibilidad, pero pese a ello tienen previsto continuar haciéndolo, ya que entienden que se trata de una herramienta estratégica que mejora su competitividad y reputación.

El pasado 26 de febrero se publicó la Directiva 2026/470/UE, conocida como «Directiva Ómnibus I«, que modifica sustancialmente el marco normativo europeo en materia de sostenibilidad corporativa. En la práctica, se reduce el número de empresas afectadas por las obligaciones en materia de sostenibilidad corporativa, entre otros cambios. Desde que las CSRD y CSDDD entraron en vigor (en 2023 y 2024, respectivamente) se levantaron voces que reclamaban la simplificación de los requisitos y reducir la carga de informes asociados a la información sobre sostenibilidad. Así, la Comisión Europea preparó el paquete Ómnibus I en febrero de 2025, diseñado para aliviar las obligaciones para las empresas, que se acaba de adoptar.

Sin embargo, las empresas europeas están implicadas con la sostenibilidad corporativa, y la mayoría planea seguir con la integración de esta materia en sus informes financieros, tal y como revelan varios informes. Para ellas, los informes de sostenibilidad cuentan con beneficios más allá del cumplimiento normativo, que tienen que ver con la competitividad, la reputación de marca, y el posicionamiento en el mercado. En cualquier caso, esta nueva normativa reduce la incertidumbre existente, pero, aunque se minimice de manera importante el volumen de entidades obligadas a reportar el compromiso de las empresas europeas con la sostenibilidad sigue siendo firme.

Principales cambios del paquete Ómnibus I

La publicación de la Directiva 2026/470/UE supone que más del 90% de las empresas europeas ya no están obligadas a reportar sobre sostenibilidad. Tras su aprobación final el 26 de febrero, la Directiva entró en vigor el 18 de marzo de 2026, pero los Estados miembros deben trasladar las disposiciones a la legislación nacional y dispondrán de un año tras la entrada en vigor de la Directiva para completar dicha transposición. Las normas sobre información corporativa de sostenibilidad de carácter voluntario entrarán en vigor el 19 de julio próximo, el 26 de julio de 2028 concluirá el plazo de transposición de la CSDDD y el 26 de julio de 2029 sus normas estarán activas en la práctica.

Esta normativa acarrea cambios significativos en la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD), la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial (CSDDD), y la Taxonomía Europea, orientados a reducir la carga administrativa para las empresas sin vulnerar los objetivos de sostenibilidad y competitividad.

Su impacto en la CSRD se resume en que se reduce el alcance, ya que solo estarán obligadas las empresas con más de 1.000 personas trabajadoras y 450 millones de euros en volumen de negocio. El resto de las compañías podrán informar voluntariamente utilizando estándares simplificados, que la Comisión Europea aprobará antes del 19 de julio de 2026. También se extienden los plazos, y las compañías afectadas deberán publicar informes en 2028 sobre los datos de 2027. Además, se simplifican y reducen los Estándares de Reporte de Sostenibilidad Empresarial, y las empresas más pequeñas estarían protegidas de los requisitos de información de sus grandes socios comerciales, quienes no podrían solicitar más información de la que se establece en los estándares voluntarios.

Respecto a la CSDDD, el alcance también se reduce y solo quedan afectadas por sus medidas las empresas con más de 5.000 personas empleadas y un volumen de negocio de 1.500 millones de euros. Para las compañías que no sean de la UE el límite también está en superar un volumen de negocio en Europa superior a de 1.500 millones. Además, la elaboración de los planes de transición climática ya no es obligatoria, y el enfoque de la diligencia debida se basará en riesgos. Esto significa que las empresas solo deberán solicitar información a sus socios comerciales cuando haya una posibilidad plausible de impacto negativo en derechos humanos o medioambiente. Asimismo, la información requerida a proveedores y socios comerciales se basará en la información ya disponible y solo podrán solicitar información adicional como último recurso. Por último, el ámbito de responsabilidad de las empresas por incumplimiento será nacional y no europeo, y los Estados miembros tampoco podrán imponer obligaciones de diligencia adicionales a las previstas.

En lo referido a la Taxonomía Europea, tan sólo las empresas obligadas a elaborar informes de sostenibilidad tendrán que presentar su clasificación en cuanto a inversiones sostenibles. También se establece la creación de un portal digital único para facilitar a las empresas plantillas, directrices e información sobre los requisitos de reporte sostenible de la UE, y puedan así cumplir con la normativa de forma más eficiente y sencilla.

Empresas europeas comprometidas con la sostenibilidad

A pesar de esta desregulación, la mayor parte de las empresas europeas seguirá emitiendo reportes de sostenibilidad, ya que estiman que se trata de un elemento estratégico relacionado con la gestión de riesgos, transparencia y confianza por parte de los inversores y clientes.

Así se manifiesta en el informe “Beyond Compliance: Sustainability Reporting After the Omnibus”, que estudia el comportamiento de las compañías europeas respecto a la reducción de obligaciones que acarrea el Ómnibus I. Para ello, han realizado una encuesta entre 403 directivos de empresas con más de 1.000 empleados en Reino Unido, Alemania, Austria, Suiza, Benelux y Francia.

Las conclusiones revelan que el 90% de las empresas que han quedado fuera del alcance de la CSRD mantendrá e incluso ampliará su reporte de sostenibilidad, aunque ya no sea obligatorio; y el 86% manifiesta que cuentan con capacidad de reportar con estándares equivalentes a los de la CSRD, lo que implica que han desarrollado sistemas y procesos internos de reporte de ESG. Además, el 90% de las compañías confiesa que el reporte de sostenibilidad ya está integrado total o parcialmente con sus informes financieros, lo que indica que forma parte integral del sistema de gestión corporativa. Concretamente, el 53% dice que actualmente utilizan datos de sostenibilidad en áreas como la planificación operativa y de recursos, el 48% en la innovación y el diseño de procesos, y el 38% en la planificación financiera, las decisiones de inversión y la evaluación de riesgos de la cadena de suministro. No solo eso, el 88,9% de las empresas espera aumentar la inversión en herramientas, datos y automatización de la información sobre sostenibilidad en el próximo año. Y es que la mayoría de los encuestados aprecian beneficios derivados de los datos de informes de sostenibilidad, como por ejemplo una mayor visibilidad de los riesgos climáticos, de la cadena de suministro y operativos (49%), una mayor confianza de los inversores y la capacidad de responder a las consultas sobre datos ESG (44%), el cumplimiento de los requisitos de informes y auditoría de clientes o socios (44%) y una mejor integración entre la toma de decisiones financieras y de sostenibilidad (43%).

En lo que respecta a las empresas del Estado, el Índice de Madurez de Assurance ESG de KPMG revela que el 82% no ha cambiado sus planes de presentación de informes de sostenibilidad, mientras que en su edición de 2023 el estudio indicaba que el 72% de los empresarios españoles ya había revisado su estrategia ESG o aseguraba que iba a hacerlo. Los principales beneficios acarreados por el reporte en sostenibilidad, en opinión de las compañías, se encuentran en la posibilidad de incrementar la cuota de mercado (48%), mejora de la rentabilidad (44%) y fortalecimiento de la reputación (52%).

A nivel global, el Global CEO Outlook de 2023 de KPMG afirmaba que el 79% de las 100 empresas líderes ya informaban sobre sostenibilidad, y es que según un informe de PWC los reportes de sostenibilidad son un factor imprescindible para alcanzar los primeros puestos de cualquier mercado.

Euskadi, pionero en el reporte de sostenibilidad

A finales del año pasado, el Gobierno Vasco puso en marcha la iniciativa BasquESG, uno de los proyectos transformadores recogidos en el recién aprobado Plan de Industria de Euskadi 2030. Su objetivo es impulsar la competitividad y sostenibilidad de las pymes vascas mediante la creación de un sistema de reporte y evaluación de sostenibilidad propio, basado en el estándar VSME desarrollado por EFRAG (entidad asesora de la Comisión Europea en materia de información financiera y de sostenibilidad) adaptándolo a la realidad de Euskadi. Se trata de una iniciativa pionera en el Estado, que consolida a Euskadi como un territorio referente en Europa en la implantación de estándares ESG. La intención es que las pymes industriales vascas puedan anticiparse a las exigencias de la normativa europea, consiguiendo una ventaja competitiva que les permita estar en los primeros puestos del mercado industrial sostenible.

Además, un informe elaborado en 2021 por la Fundación Adecco con la colaboración del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco revelaba que los criterios ESG ya ocupaban un lugar estratégico en las empresas vascas. Y es que en Euskadi existen instrumentos para mejorar la comunicación en sostenibilidad, como “Estándar VSME: Reporte voluntario en sostenibilidad para pymes·” y “Reporting ESG. Guía de actividades de calificación ambiental, sociales y de gobernanza para empresas”,  publicadas por Ihobe, o la Guía práctica para la emisión y verificación del informe de sostenibilidad para una PYME, elaborada por la consultora BNFIX y el Departamento de Economía Financiera I de la EHU. En este sentido, Aclima es una de las entidades participantes en el grupo de trabajo Euskadi 2030 Gunea que elaboró la “Guía práctica para Organizaciones Vascas sobre cómo implementar la Agenda 2030 y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, un manual orientado a las empresas y organizaciones de Euskadi con recomendaciones y ejemplos para la implantación de la Agenda 2030 y optimizar el enfoque para el cumplimiento de los ODS.