El Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva Europea de Vigilancia y Resiliencia del Suelo, cuyo objetivo es mejorar y mantener la salud de los suelos europeos, así como abordar todos los aspectos relativos a su degradación. Esta nueva norma entrará en vigor el 16 de diciembre y los Estados miembros deberán transponerla a sus ordenamientos jurídicos antes de tres años. La intención es proteger el suelo europeo, ya que el 62% del mismo se encuentra en un estado de degradación moderada o grave, y optimizar su resiliencia frente a las catástrofes naturales y el cambio climático. Además, no hay que olvidar que el suelo retiene el triple de carbono que la atmósfera, por lo que puede ser una herramienta imprescindible para que Europa alcance la neutralidad climática en 2050.

Según el Atlas Mundial de la Desertificación, el 75% del suelo en el mundo ya está degradado, y si no se toman medidas, este porcentaje se incrementará hasta el 90% en 2050, afectando a la biodiversidad y a la vida humana. Además, FAO calcula que la degradación de los suelos agrícolas ha reducido los rendimientos de los cultivos en al menos un 10% en muchas partes del planeta. Esto es muy grave, si se tiene en cuenta que el 95% de los alimentos que la humanidad consume provienen del suelo.

Las causas tienen que ver con la desaparición de la cubierta vegetal que protege la capa fértil del suelo, en muchas ocasiones inducida por la tala de árboles, el sobrepastoreo, la agricultura intensiva, o la urbanización de terrenos naturales. Otros factores son la contaminación y los efectos del cambio climático. En definitiva, existe a nivel global una gestión ineficiente del suelo. Además, amplias zonas del planeta sufren riesgo de desertificación, entre ellas la Península Ibérica, en la que el 80% de su territorio puede verse afectado.

En Europa la situación no es óptima, puesto que el 62% de sus suelos se encuentran en un estado de degradación moderada o grave, con unos 2,8 millones de lugares potencialmente contaminados. Además, la UE estima que las consecuencias de esta situación provocan pérdidas de unos 50.000 millones de euros anuales, con una afectación estimada en 1.250 millones de euros en productividad agrícola por causa de la erosión del suelo.

Sin embargo, los científicos estiman que restaurar apenas el 10% de las tierras degradadas podría generar suficiente producción de alimentos para alimentar a 154 millones de personas cada año. Si tenemos en cuenta que, además, la degradación del suelo es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad y el calentamiento global, ya que son capaces de absorber unas tres veces más CO2 que la atmósfera, impulsar una gestión eficiente y sostenible de los suelos europeos es una medida prioritaria.

Nueva Directiva Europea de Vigilancia y Resiliencia del Suelo

Recientemente se ha adoptado la Directiva Europea de Vigilancia y Resiliencia del Suelo, con la intención de establecer un marco práctico y definido para la vigilancia del suelo en Europa y, así, reducir su contaminación y mejorar su resiliencia. Si bien ya existía el Plan de acción: “Hacia una contaminación cero del aire, el agua y el suelo” y otros actos legislativos e instrumentos políticos, lo cierto es que la protección del suelo carecía de un marco legislativo específico, hasta que en 2021 la UE adoptó una nueva Estrategia para la Protección del Suelo, como parte de la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad 2030, y que fijaba el objetivo general de que todos los suelos de la UE estén en buenas condiciones en 2050.

La nueva Directiva aprobada viene a definir aún más esa meta, y supone una legislación exclusivamente enfocada en la protección de los suelos europeos. Entrará en vigor el 16 de diciembre de este año, y a partir de entonces los Estados miembros dispondrán de tres años para transponerla a sus ordenamientos jurídicos y adaptarse a las nuevas exigencias. Las nuevas normas se enfocan en mejorar la resiliencia del suelo, garantizar una gestión sostenible de los terrenos contaminados y mitigar la ocupación del suelo. Se pretende que para 2050 la contaminación de los suelos afectados se reduzca hasta niveles no nocivos para la salud humana o ambiental, además de protegerlos de la degradación. Para ello, se promueven una serie de medidas orientadas a:

–Vigilancia y evaluación del suelo: los Estados miembros deberán implantar sistemas periódicos de seguimiento que analicen el estado físico, químico y biológico del suelo conforme a metodologías armonizadas.

–Gestión de suelos contaminados: los países desarrollarán inventarios públicos y digitales de terrenos potencialmente contaminados para después aplicar mecanismos de recuperación. Esto está previsto que se active diez años después de la aplicación de la normativa.

-Monitorización de contaminantes emergentes: se creará un listado que incluirá pesticidas, PFAS, microplásticos y otras sustancias.

-Resiliencia del suelo: se introducen principios para mitigar el sellado del suelo, proteger la capa superficial y reducir la degradación física. De esta manera, se quiere prevenir y mitigar los efectos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad, aumentando también la capacidad de absorción de CO2 de los suelos europeos.

– Garantizar la seguridad alimentaria: la protección del suelo redundará en su mejor aprovechamiento por parte de los agricultores y silvicultores.

–Uniformidad y homogeneidad: se definen descriptores y clases comunes de salud del suelo, así como valores orientativos a nivel europeo y valores de activación nacionales que guiarán las actuaciones de cada país.

–Colaboración: la UE facilitará herramientas, metodologías y espacios para el intercambio de buenas prácticas.

En definitiva, la Directiva fija una serie de obligaciones y mecanismos para los Estados miembros que les obligarán a evaluar y gestionar de forma sostenible el suelo, definiendo descriptores y categorías para identificar la salud del suelo. De esta manera, se podrán priorizar las actuaciones más urgentes, aplicando gradualmente medidas coordinadas para hacer frente a la degradación del suelo.

Euskadi, pionero a nivel europeo en protección del suelo

La CAV es uno de los territorios europeos más avanzados en la protección integral del suelo, ya que es de los pocos que cuenta con una legislación específica. La Estrategia de Protección del Suelo de Euskadi 2030 fija la meta de que para 2050, todos los suelos se gestionen de forma sostenible, garantizando su salud y funciones a largo plazo. Se trata de una medida de planificación ambiental pionera que desarrolla una gobernanza específica con el objetivo de impulsar políticas transversales para la protección de este recurso.

Sus objetivos principales son la reducción del consumo de suelo, la gestión de su ocupación, la protección de impactos perjudiciales, la restauración de los suelos degradados para recuperar las funciones que le son propias teniendo en cuenta su ubicación, y en último lugar, la protección a través de la gestión y su uso sostenible. Para alcanzar estas metas se han definido 69 actuaciones y se destinará un presupuesto de 137,5 millones de euros para el periodo 2022-2030.

En la actualidad, en Euskadi hay 9.700 hectáreas de suelos contaminados, de las que se ha rehabilitado el 25% y, aunque no se trate de una región especialmente afectada por las consecuencias del cambio climático, se ha identificado una zona de 10.952 hectáreas con riesgo futuro de grandes sequías en la Rioja Alavesa, cuyo uso se dedica actualmente al cultivo de viñedos y cereales. También se prevé que aumenten los deslizamientos como consecuencia de la mayor intensidad de las precipitaciones, y en toda la región existen unas 1.568 hectáreas de terreno con aguas subterráneas.

En el año 2023 Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, y Sprilur, Sociedad Pública de gestión de suelo industrial de Euskadi, organizaron el Congreso de Protección del Suelo de Euskadi SOILUZIOAK 2023, en el que tomaron parte más de 300 expertos y representantes de organismos internacionales como la FAO, la Comisión Europea o la Agencia Europea para el Medio Ambiente. En las jornadas se debatieron los aspectos implicados en la protección del suelo y la necesidad de mejorar su gestión para la mitigación y la adaptación a los desafíos climáticos.

Aclima, clúster ambiental de Euskadi, es consciente de la necesidad de aunar esfuerzos de cara a conservar y recuperar los suelos de nuestro entorno. En este sentido, ha impulsado un Grupo de Trabajo de innovación en suelos contaminados, cuyo objetivo es aportar soluciones a los principales retos de los suelos contaminados en Euskadi en toda la cadena de valor para aportar soluciones innovadores tanto para el ámbito privado como de la administración.