Recientemente la Comisión Europea ha presentado el borrador de la futura Ley del Clima. Su objetivo, articular legalmente el objetivo marcado de que Europa sea un continente climáticamente neutro para el año 2050. Además, se recogen compromisos intermedios para el 2030 y revisiones cada cinco años con el fin de evaluar los resultados obtenidos. Se trata de uno de los elementos principales del Pacto Verde Europeo (Green Deal), un ambicioso conjunto normativo que impulsa el desarrollo sostenible y la transición ecológica en el continente. El borrador de la Ley del Clima debe ser negociado con el Consejo y la Eurocámara para iniciar su tramitación.
Al mismo tiempo, la Comisión Europea ha iniciado una consulta pública sobre el futuro Pacto Europeo sobre el Clima, con el objetivo de que la ciudadanía participe en la formulación de esta iniciativa. Otro paso más en esta estrategia ambiental y de desarrollo económico será el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular que impulsará la modernización de la economía de la UE con medidas para fomentar la reutilización de materiales en la fabricación.
Lo cierto es que la Unión Europea es uno de mayores centros económicos del planeta, junto con China y USA, además de haber causado aproximadamente el 22% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el continente ha hecho un esfuerzo para la reducción de las emisiones, logrando disminuirlas en un 23% entre 1990 y 2018, sin que nuestra economía se viera afectada negativamente, ya que en ese mismo periodo creció un 61%.
Otro factor a considerar es la concienciación de la población europea respecto a las consecuencias de la crisis climática. En el último Eurobarómetro la preocupación ciudadana respecto al cambio climático se situaba en el 90% para España, 86% en Italia, 82% para Francia y Grecia, con una media para los ciudadanos de la UE en su conjunto del 76%.
¿En qué consiste la propuesta de Ley del Clima?
Como decíamos, se trata del componente instrumental más importante del Pacto Verde Europeo, y está diseñada para vehicular el desarrollo económico sostenible de Europa, garantizando una transición gradual y justa hacia una economía descarbonizada. El objetivo último es conseguir que el continente sea climáticamente neutro en 2050, y la Ley del Clima se asegura de que esta meta sea jurídicamente vinculante para las instituciones y países europeos, puesto que los obliga a adoptar las medidas necesarias para alcanzar este fin.
Además, la Comisión Europea se propone revisar el objetivo climático de la UE para 2030, inicialmente cifrado en una disminución del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las del año 1990, para alcanzar una reducción del 50% al 55%.
La Ley de Clima incluye mecanismos para monitorizar los avances alcanzados y ajustar las acciones a tomar. Se plantea establecer una trayectoria europea entre 2030-2050 para reducir las emisiones y medir los progresos alcanzados. El modo elegido, al igual que ocurre con los países firmantes del Acuerdo de París, son las revisiones de los resultados conseguidos cada cinco años. De esta manera, a más tardar en junio de 2021 la Comisión revisará todos los instrumentos políticos pertinentes y así ajustar el nivel de reducción de emisiones necesario para cumplir el objetivo marcado para 2030. La primera de las revisiones quinquenales se prevé a más tardar en septiembre de 2023. Los criterios de ajuste que se tendrán en cuenta, según se expresa en el borrador, son la competitividad económica, la innovación tecnológica disponible, la eficiencia energética, la justicia y solidaridad entre los países miembros y los informes científicos que se vayan publicando.
La Comisión, como consecuencia de tales revisiones, podrá formular recomendaciones y hacerlas públicas, como medida de presión. En el caso de ignorarlas, los países deberán argumentar ante la Comisión las razones de su postura. Como vemos, en este tipo de actuaciones se sigue también la senda del Acuerdo de París respecto a transparencia y rendición de cuentas públicas.
La propuesta de Ley del Clima también ratifica el afán de la UE de convertirse en el motor global de la transición hacia la neutralidad climática. Esto conllevará la posibilidad de incluir cláusulas en sus tratados comerciales para que los firmantes asuman también los objetivos climáticos marcados por la UE. De esta manera se conseguiría no solo influir en la política climática de terceros países, sino también asegurarse de que otras regiones no adopten una estrategia de competencia desleal y evitar que empresas radicadas en Europa se reubiquen en territorios menos vigilantes respecto a las consecuencias ambientales.
Controversias
Lo cierto es que, a pesar del impulso decidido de la Comisión Europea al Pacto Verde y la Ley del Clima, no todos los países miembros muestran el mismo compromiso con los objetivos climáticos. Si bien la gran mayoría de los estados miembros se alinean con la estrategia europea, los países del llamado Eje de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) se muestran renuentes a los cambios debido al freno que pueden suponer para sus economías. Por eso, la Comisión Europea ha propuesto la creación de instrumentos como el Mecanismo para una Transición Justa, que vehiculará inversiones en las regiones y sectores más afectados por la transición económica.
La otra cara de la moneda la conforman los países que solicitan actualizar lo antes posible los planes de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero. Este conjunto de 12 estados, entre los que se encuentran España, Francia, Italia, Países Bajos, entre otros, espolea para que la UE se presente en la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26) que se celebra en noviembre de 2020 con unas metas ya definidas. Por eso, solicitan que la decisión sobre la reducción de emisiones para 2030, que será un mínimo del 50% pero puede alcanzar hasta el 55% respecto al nivel de 1990, se estudie ya en junio de este año, y no en septiembre.
Además, las organizaciones ecologistas demandan una mayor ambición, reclamando reducciones de hasta el 65% de las emisiones para 2030, y critican que los objetivos, si bien son vinculantes para la UE en su conjunto, no lo son específicamente para cada uno de los estados miembros.
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