El trabajo, que se ha realizado junto con la consultora de Asuntos Públicos Red2Red durante cinco meses, nace de un contexto claro. El acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos fundamentales, pero la disponibilidad de recursos hídricos es finita, y depende de factores como el crecimiento poblacional, el crecimiento económico, el surgimiento de nuevos usos, y los efectos del cambio climático. Un ejemplo es la sequía que está afectando actualmente a muchas comunidades autónomas.
Escasez de infraestructuras
Para ello, el Estudio Facsa sobre el modelo de gestión del agua en España concluye que nuestro país debe incorporar ya un ente regulador del ciclo urbano. Al mismo tiempo debe homogeneizar la estructura tarifaria en todo el país y propone la creación de un Fondo Nacional del Agua que facilite la inversión de infraestructuras, en línea con la colaboración público-privada. El objetivo es adecuar cuanto antes nuestro modelo a través de una gestión adecuada de la demanda y el suministro que apoye a una planificación hidrológica basada en la solidaridad entre territorios. También por la escasez de infraestructuras y la necesidad de renovar las actuales, mejorar su eficiencia así como apostar claramente por la innovación y la digitalización.
El informe, que es público y se puede consultar en la página web www.elaguaprimero.com, parte de una situación clara. España tiene una capacidad de embalse de 56.000 hm3, lo que supone que en estos momentos (a fecha de febrero de 2024) el volumen de agua embalsada apenas llega al 50,13%. En esta situación, el estrés hídrico (relación entre agua dulce extraída y disponibilidad de recurso) alcanza el 42%, lo que hace que nuestro país se sitúe en el tercer puesto del ranking de la UE solo por detrás de Malta y Bélgica.
Por el contrario, Portugal se encuentra en el otro lado de la clasificación con una ratio del 12%. Se trata de un caso paradigmático, ya que también está afrontando una situación similar en materia de sequía. De hecho, el Gobierno luso acaba de aprobar un plan de contingencia que va a afectar a la agricultura y al consumo doméstico en la región del Algarve.
“España, a pesar de ser uno de los países con mayor estrés hídrico de la UE, presenta una creciente demanda de agua. Sobre todo, debido a la transformación del cultivo de secano a regadío. Por este motivo, es urgente invertir en infraestructuras para el ciclo integral del agua y renovar las ya existentes dotándolas de mayor eficiencia, como también lo es invertir en aquellas que permitan incrementar la oferta del agua mediante usos no convencionales, como la reutilización o la desalación, y que disminuyan al mismo tiempo el impacto de la escasez de agua dulce como un recurso convencional. Especialmente, en un escenario complejo donde ya vemos los efectos del cambio climático añadido a los incrementos poblacionales y al aumento de la superficie de cultivos. Sin este avance, el sistema de gestión del agua en España será insostenible”, asegura José Claramonte, director general de Facsa.
Apuesta por una estructura tarifaria única
El informe también ha abordado el modelo del agua actual a través de sus diferentes usos. El mayor porcentaje del consumo corresponde con el sector agrario (80%), seguido del doméstico, con un 15,5%. En el entorno urbano, por su parte, el estudio detecta una disminución en la disponibilidad del agua desde 2005. Mientras que el tratamiento y la reutilización de aguas residuales se han mantenido estables, con un aumento considerable incluso hasta 2004, las pérdidas han disminuido en el abastecimiento urbano, situándose en el 15,4% en 2020, la inversión pública destinada al transporte, depuración o abastecimiento de agua se ha situado en niveles un 50% inferiores a los reflejados en el año 2010.
El estudio ha detectado un posible motivo, ya que concluye que España cuenta con una de las tarifas más bajas de la Unión Europea, colocándose el séptimo por la cola. Una situación similar en lo que tiene que ver con inversión por habitante, solo por encima de Chipre y Eslovenia, mientras que en longitud de red, nuestro país solo se encuentra por encima de países como Rumanía, Malta y Estonia. Por ello, el informe apunta a la necesidad de generar una estructura tarifaria única, que sea homogénea para todo el territorio nacional y que recoja los costes de operación y la amortización de las inversiones.
Revisión del sistema actual de gobernanza
En esta línea, también propone la revisión del sistema actual de gobernanza para que pueda evolucionar hacia un marco regulatorio que fomente la participación de la ciudadanía y contribuya a una gestión más sostenible del recurso, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico.
Para ello, el informe elaborado por Facsa propone un nuevo modelo de gestión del agua basado en un decálogo con propuestas de solución que van desde la creación de un Pacto Nacional del Agua y la mayor inversión en infraestructuras hasta la apuesta por la economía circular del agua y la digitalización. Además, pone el foco en un activo necesario para la sociedad en general, como es el fomento de la concienciación y sensibilización sobre el uso correcto del agua.