La ley de transición energética y cambio climático, acordada por PNV, EH Bildu y PSE-EE, ha superado este lunes su penúltimo trámite en el Parlamento Vasco con la aprobación del dictamen del proyecto en comisión.
El dictamen del proyecto ha sido aprobado este lunes por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara con el apoyo de PNV, EH Bildu y PSE-E, mientras que Elkarrekin Podemos-IU y PP han votado en contra.
La aprobación definitiva de la ley se producirá en una próxima sesión del Pleno del Parlamento, en el que jeltzales, soberanistas y socialistas suman 62 escaños sobre un total de 75.
En el debate en comisión, el parlamentario del PNV Unai Grajales ha afirmado que el acuerdo entre los partidos que integran el Gobierno y el principal grupo de la oposición es fruto de la “complicidad” con la que han sabido actuar estas formaciones con el fin de buscar “un equilibrio entre deseo y realidad”.
Desde EH Bildu, Mikel Otero ha mostrado la satisfacción de su grupo con el acuerdo, dado que esta es una ley “necesaria, realista y buena”. “No vamos a decir que sea perfecta, pero es una buena ley”, ha precisado, tras lo que ha asegurado que las aportaciones introducidas por EH Bildu al documento inicial han “transformado” el proyecto hasta el punto de que esta es “otra ley”.
Por parte del PSE-EE, Alberto Alonso ha recordado que “todos los estudios sociológicos nos advierten de que la ciudadanía siente miedo” ante el cambio climático y “mira a sus instituciones en busca de respuestas”. En este sentido, ha destacado que, con su acuerdo, envían “un claro mensaje” a la sociedad al “anteponer la responsabilidad” a cualquier otro interés, con el fin de diseñar “una hoja de ruta ambiciosa” frente a la crisis climática.
Por parte de Elkarrekin Podemos-IU, Gustavo Angulo ha echado en falta una mayor “ambición” en los objetivos y medidas contempladas en el documento. Como ejemplo, ha explicado que la ley establece un objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2030 del 33 % respecto a 1990, cuando la Unión Europea “ha aumentado este mismo objetivo al 55 %”.
Por último, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha criticado la “imposición” de un canon a los nuevos proyectos de instalaciones de energías procedentes de fuentes renovables. El representante ‘popular’ ha denunciado que esta figura “va en contra de la seguridad jurídica”, puesto que no se ve acompañada de informes técnicos, jurídicos y económicos respecto a su “incidencia” o alcance.
Fuente: EITB