El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, aprobado recientemente en Consejo de Ministros, destinarán un 30% del total a políticas de transición ecológica, un dato que a juicio de la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, permitirá avanzar en «una reivindicación histórica y confirma la integración transversal de la transición ecológica justa» en todas las políticas.
El Gobierno aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros un proyecto de ley de Presupuestos para 2023 con cifras récord de gasto (198.221 millones con los fondos de recuperación de la UE incluidos) y de inversión (11.867 millones, un 33% más que el año pasado). Todavía se desconocen los detalles precisos de cada partida aunque Ribera ha destacado que en el caso de Transición Ecológica ha elevado al 30% del presupuesto la parte que se destinará a materias que son de su competencia.
En su valoración Ribera ha insistido en que emprendemos un año lleno de desafíos de primer orden en el que queremos abordar la crisis climática y energética, preservar y restaurar nuestra biodiversidad, luchar contra la erosión y los incendios forestales, favorecer la cohesión territorial y la prosperidad de los españoles.
Para ello la «inversión en biodiversidad, las infraestructuras y la digitalización en la gestión del agua cobran protagonismo». La ministra ha destacado en este empeño cómo la ciencia y la innovación estarán al servicio de la preservación del medio ambiente y los ecosistemas, la protección del clima y la lucha contra los incendios forestales. Con estos presupuestos, recalca Ribera, «queremos fortalecer la seguridad energética, protegiendo a las familias vulnerables y respaldando a nuestro tejido productivo. Y mantenemos nuestra apuesta por la industria renovable, los gases renovables y el hidrógeno verde, sinónimos de innovación y empleo».
Además para la vicepresidenta las cuentas del año que viene suponen «otro paso importante en nuestro compromiso con la España interior y sus habitantes. Consolidamos un esfuerzo colectivo contra la despoblación y en favor de la calidad y modernización de los servicios, la vivienda y la conectividad. Queremos impulsar y dar cabida a sus proyectos».
Para ello, según anunció la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero durante la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2023, el Gobierno destinará un total de 12.635 millones de euros durante 2023 a inversiones en infraestructuras y ecosistemas resilientes. La cuantía supone el 15,1% de los recursos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que Montero ha destacado que el 72% de ellos serán destinados por parte del Gobierno a impulsar el cambio de modelo productivo.
Asimismo, la apuesta por la ciencia se traduce en un incremento de recursos para el I+D+i de un 23% en 2023 respecto a las cuentas de 2018. En este sentido, en la apuesta por vertebrar el país, los presupuestos del próximo año prevén invertir en infraestructuras suponen un 50% más que la dotación registrada en las cuentas de 2018 con un montante de 8.116 millones de euros.
La cuantía que queda a disposición de España en el marco de la adenda que espera tener preparada en octubre al Plan de Recuperación y Resiliencia asciende a casi 95.000 millones de euros, con 2.600 millones del plan Repower EU, entre 84.000 y 86.000 millones de euros en préstamos y 7.700 millones en transferencias adicionales asignadas a España.
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE han acordado su posición sobre la propuesta de Bruselas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles de Rusia, como parte de un nuevo capítulo del plan de Recuperación y Resiliencia para financiar reformas que permitan alcanzar estos objetivos. Así el Ecofin ha modificado el origen de los fondos así como los criterios de asignación de los 20.000 millones de euros adicionales planteados por la Comisión Europea, de tal manera que el 25% de la financiación procederá de la distribución anticipada del régimen de comercio de derechos de emisión de CO2 de la UE y otro 75% a cargo del Fondo de Innovación.
Fuente: Gestores de Residuos