La Comisión Europea ha presentado su propuesta para un Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2028-2034, con un presupuesto que aumenta a casi 2 billones de euros, 1,26% de la renta nacional bruta de la UE.  Para financiar este incremento apuesta por activar nuevas fuentes de ingresos, además de aumentar la flexibilidad de los fondos. Otra novedad importante sería la creación del Fondo Europeo de Competitividad para apoyar las inversiones e innovaciones estratégicas. Pero la propuesta también supone el debilitamiento del papel de las autoridades regionales y locales en la gestión de los fondos, ya que pretende concentrar los fondos de cohesión en 27 planes estatales, lo cual puede conducir a que la efectividad de la financiación europea no se adecue a las peculiaridades de cada región.

Las negociaciones para acordar el Marco Financiero Plurianual son un proceso complejo, y se prevé que su aprobación definitiva se realice antes de finales de 2027. Tras la resolución emitida por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea ha lanzado recientemente una propuesta sobre el MFP, que debe ser negociada con los gobiernos nacionales y la Eurocámara.

Lo que propone la CE es aumentar el presupuesto hasta el 1,26% de la renta nacional bruta de la UE, incluido un 0,11 % destinado al reembolso de la deuda de NextGenerationEU, para lo que se plantean nuevas fuentes de ingresos, como los impuestos sobre los servicios digitales y las tasas medioambientales. También se aboga por la flexibilidad, con la intención de que la financiación se dirija a los ámbitos que más lo necesiten según las circunstancias. Además, se propone la creación del Fondo Europeo de Competitividad, para apoyar las inversiones e innovaciones en proyectos estratégicos de alto valor añadido, reduciendo los trámites para agilizar su efectividad.

Pero lo que más controversia ha desatado es su idea de alterar la estructura del MFP. La CE quiere que existan tres paquetes de acción orientados a las prioridades más acuciantes: Planes Nacionales y Regionales de Asociación, Fondo Europeo de Competitividad y Erasmus+, y Europa global. Además, simplifica el MFP reduciendo de siete a cuatro las categorías de gasto: Cohesión económica, social y territorial, agricultura, prosperidad rural y marítima y seguridad (1.062.220 millones de euros), Competitividad, prosperidad y seguridad (589.594 millones de euros), Una Europa global (215.203 millones de euros), y Administración (117.877 millones de euros).

Esto supone un gran cambio respecto a la gobernanza, ya que se pretende concentrar los fondos de cohesión en 27 planes estatales, lo que minimiza el peso de las regiones en la gestión de los fondos. Y, además, si bien el 30% del total del gasto del MFP 2021-2027 está dedicado a la acción climática, en la propuesta de la CE esta no constituye ni una categoría de gasto específica ni un paquete de acción individualizado. Si bien no se espera una reducción de inversión en este ámbito, estas circunstancias, unidas a que la inversión tendría una orientación más estatal que regional, hacen pensar que la efectividad de las inversiones climáticas y ambientales pueda resentirse. Por el contrario, en la propuesta sí que se fija un importe mínimo obligatorio para las regiones menos desarrolladas, garantizando que reciban una financiación al menos igual a la prevista en la dotación actual.

La CE propone un plan único por país, denominado Plan Nacional y Regional de Asociación, que en la práctica debería simplificar los trámites burocrático y que integrará la financiación destinada a cohesión, agricultura, pesca y políticas sociales, agrupando alrededor de un billón de euros bajo un único marco operativo. Aunque se afirme que se adaptarán a las particularidades de cada país y sus regiones, esto supone un cambio de gobernanza, pues se aleja a las regiones de la gestión de los fondos.

El nuevo Fondo Europeo de Competitividad tendrá una dotación de 409.000 millones de euros, y está destinado a invertir en tecnología estratégica y optimización de la competitividad, en la línea de las recomendaciones de los informes Letta y Draghi. El fondo ofrecerá una pasarela única, simplificando y acelerando la financiación con la vista puesta en estimular la inversión pública y privada. El apoyo que brindará se centrará en cuatro ámbitos: transición verde y descarbonización; transición digital; salud, biotecnología, agricultura y bioeconomía; defensa y espacio. Mediante InvestEU y la colaboración del Banco Europeo de Inversiones se canalizarán inversiones hacia sectores prioritarios y IPCEIs. En paralelo, el programa Horizon Europe seguirá empleándose como principal instrumento de financiación para la innovación y tendría una dotación de 175.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 83,3% respecto al actual programa Horizon Europe 2021-2027.

Recursos propios

La Comisión Europea propone cinco nuevos recursos propios que funcionarán como fuentes de ingresos adicionales a las existentes para completar la totalidad del MFP. En total supondrían ingresos por unos 58.500 millones de euros al año:

• Régimen de comercio de derechos de emisión, se espera que genere alrededor de 600 millones de euros anualmente.
• Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC): su ajuste específico se destinaría al presupuesto y las previsiones son que suponga unos 400 millones de euros al año.
• Impuesto sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no recogidos: mediante la aplicación de un tipo uniforme al peso de los RAEE no recogidos se espera recaudar alrededor de 000 millones de euros cada año.
• Un recurso propio basado en el impuesto especial sobre el tabaco: se espera que genere alrededor de 200 millones de euros al año.
• Un recurso corporativo para Europa: que consistiría en una contribución anual por parte de las empresas, excepto las pymes, que ejerzan su actividad y lleven a cabo ventas en la UE y cuyo volumen de negocios anual neto sea de al menos 100 millones de euros. Se espera que genere alrededor de 6.800 millones de euros al año.

Disconformidad del Parlamento Europeo

La Eurocámara ha manifestado que la propuesta de la CE es insuficiente para afrontar los desafíos de Europa. Estiman que el techo de gasto del 1,26% fijado no bastará para mantener las políticas activas en su mismo nivel, si se tiene en cuenta que queda pendiente la devolución de la deuda generada por NextGenerationEU y la más que posible subida de la inflación.

Los eurodiputados critican que el proyecto presupuestario no prevé fondos suficientes para prioridades como la competitividad, la cohesión, la agricultura, la defensa, la adaptación al cambio climático y la transición a una economía sostenible, por lo que en la práctica supondrá un estancamiento de la inversión y el gasto, afectando a las políticas y proyectos europeos.

Además, consideran que agrupar programas consolidados y que funcionan de manera satisfactoria en grandes fondos solo puede afectar de manera negativa las políticas llevadas a cabo. Respecto a la pérdida de peso de las regionales y locales en la gestión de los fondos el Parlamento Europeo cree que es preocupante vertebrar la financiación en planes nacionales, pues puede debilitar su aplicación a nivel local y afectar a su alineación con los objetivos comunes de la UE.

También se muestran críticos con el hecho de que el mecanismo de aprobación y control de los fondos deje en parte de lado a la Eurocámara, ya que estiman indispensable la supervisión parlamentaria tanto en el acceso a los fondos según el rendimiento, como se propone, como en el control del gasto. Denuncian que esto supondría un quebrantamiento del sistema democrático puesto que el Parlamento Europeo es la única institución elegida por sufragio directo, con funciones legislativas y competencias plenas en materia presupuestaria y de control.

Puntos polémicos

A pesar de que la propuesta de MFP 2028-2034 de la Comisión Europea asume como ejes estratégicos la competitividad y la innovación, se apuesta por una estructura vertebrada en torno a los planes estatales. Si bien la CE argumenta que esta nueva estructura mejorará la simplificación y la flexibilidad, también puede poner en peligro estructuras bien consolidadas y organizadas para la gestión de los fondos regionales, con la consiguiente pérdida de efectividad en la aplicación de las políticas europeas.

El reglamento del Fondo de prosperidad y seguridad contemplará ciertas posibilidades de descentralización de su gestión, pero sin contemplar ámbitos como la capacidad de recibir pagos correspondientes a los programas regionales por parte de la Comisión, que se encuentran ya descentralizados en la gestión actual de los fondos estructurales y de inversión.

Además, la recepción de los fondos estará condicionada a la gobernanza macroeconómica, o sea, que se vincula la financiación a los Estados a hitos y objetivos preestablecidos en el Plan, siguiendo el modelo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esto no tiene en cuenta las necesidades específicas de las regiones y puede limitar el impacto de las inversiones si dichos hitos y objetivos no se adaptan previamente a la realidad de las regiones.

Tal y como apunta el Parlamento Europeo, la propuesta de la CE implica un retroceso en la participación regional en la gobernanza de la UE, al limitar el papel de la Eurocámara en la aprobación y control de los fondos. Esto es especialmente lesivo para regiones con competencias legislativas o constitucionales, como Euskadi.

Por último, el incremento presupuestario en defensa, cinco veces superior al del periodo anterior, puede significar menos inversiones para otras áreas, como las políticas climáticas. Aunque si se cumplen las previsiones del nuevo Fondo Europeo de Competitividad, la innovación, el avance tecnológico y la reindustrialización experimentarían un importante impulso, pero la estructura presupuestaria propuesta, articulada en torno a los Planes Nacionales y Regionales de Asociación, deja en el alero que la financiación puede derivarse de una manera justa y equilibrada entre las distintas regiones de Europa, teniendo en cuenta sus circunstancias y condiciones particulares.