Esta semana, la Comisión Europea ha presentado su propuesta del nuevo objetivo de emisiones de efecto invernadero para 2040. Se mantiene la meta de reducción en un 90%, pero acompañándolo con medidas flexibilizadoras que faciliten cumplir con este propósito. En concreto, se abre la posibilidad de adquirir derechos de emisiones fuera de la UE y se impulsan las iniciativas de captura de carbono, tanto naturales como artificiales. La propuesta de la Comisión debe ahora acordarse con los Estados miembros, y debatirse y adoptarse por el Parlamento Europeo y el Consejo. Su aprobación fijará las bases para el marco político en materia climática de la UE posterior a 2030. (*Nota: La propuesta fue aprobada definitivamente por el Parlamento Europeo el 10 de febrero de 2026 y entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).)

La reducción del 90% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en comparación con los niveles de 1990 quedó establecida en las orientaciones políticas de la Comisión Europea para 2024-2029. La actual propuesta supone una modificación de la legislación comunitaria sobre el clima, pero ampara el nivel de reducción de emisiones ya fijado. Entre sus objetivos están la voluntad de brindar a los inversores y las empresas estabilidad y certezas ante el proceso europeo de transición climática y energética. Así, se pretende que los agentes públicos y privados puedan impulsar inversiones en innovación para potenciar la descarbonización, lo que revertirá en el crecimiento económico y la creación de empleo.

En la propuesta de la Comisión se subraya que es indispensable acelerar y reforzar las condiciones más propicias para apoyar el cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones. Entre ellas, la competitividad de la industria europea es clave, como se explicitaba en el informe Draghi.

Según los datos del último Eurobarómetro la acción climática de la UE cuenta con el respaldo de los ciudadanos, pero, si bien la UE ha realizado avances significativos para llegar al objetivo jurídicamente vinculante de reducción de emisiones en un 55% para 2030, se requieren esfuerzos continuados y sistemáticos para conseguir la descarbonización de la economía europea para 2050. Esta propuesta supone una apuesta por métodos más pragmáticos y flexibles, que faciliten la doble transición a la vez que garantizan la competitividad y el bienestar económico de Europa.

Se espera que esta propuesta sea la base de la contribución determinada a nivel nacional (CDN) que la UE debe presentar ante la ONU. En ese compromiso deben reflejarse los objetivos climáticos hasta 2035, y la UE espera poder llegar a la próxima cumbre del clima, la COP30 que se celebrará este año en Brasil, con su contribución climática ya acordada.

Apuesta por flexibilidad

Para confeccionar la propuesta se ha tomado como referencia una evaluación de impacto exhaustiva, además del asesoramiento del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y del Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático. Previamente, en febrero del pasado año, se presentó la recomendación sobre el objetivo de reducción de emisiones para 2040, que ha sido la base sobre la que se ha trabajado para elaborar la presente propuesta.

Entre sus elementos más destacados se encuentra la apuesta por la flexibilidad, que guiará el diseño de las futuras iniciativas legislativas que formalicen la reducción de emisiones prevista. Entre las medidas destaca la opción de poder emplear a partir de 2036 créditos internacionales de carbono de alta calidad, o sea, que en vez de reducciones absolutas de GEI los agentes pueden recurrir a comprar derechos de emisiones fuera de la UE. También se establece el uso de absorciones permanentes de carbono nacionales en el Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE). Las absorciones de CO2 podrán ser tanto naturales (reforestación, por ejemplo) como artificiales, mediante técnicas de captura y almacenaje de carbono que, aunque actualmente no están muy desarrolladas desde la Comisión se quieren impulsar. Además, las empresas que lleven a cabo estas iniciativas podrán generar derechos de emisiones y comerciar con ellos. Finalmente, desde las instituciones europeas se aplicará una mayor flexibilidad con todos los sectores económicos para apoyarles en la consecución los objetivos.

Si bien las compensaciones y el comercio de emisiones ya se contemplan en el artículo 6 del Acuerdo de París, a menudo generan suspicacias por tratarse de una manera indirecta de enfrentarse a los retos climáticos. En cualquier forma, la Comisión Europea establece en su propuesta un límite claro, las compensaciones solo podrán cubrir como máximo el equivalente al 3% de las emisiones netas de la UE en 1990, y los créditos de emisiones deberán ser verificables y certificables. En el futuro se desarrollará una normativa para establecer las reglas y criterios específicos que deberán aplicarse.

Acción climática europea

La Legislación Europea sobre el Clima entró en vigor en julio de 2021 y plasma el compromiso de la UE de alcanzar la neutralidad climática en 2050. También se establece el objetivo de reducción de las emisiones en un 55% para 2030. Recientemente, una evaluación de la Comisión sobre los planes nacionales integrados de energía y clima certificó que el desarrollo de las acciones tomadas para cumplir estas metas está siendo efectivo.

El objetivo propuesto para 2040 se ha establecido teniendo en consideración otras normativas europeas, como la Brújula para la Competitividad de la UE, el Pacto por una Industria Limpia y el Plan de Acción para una Energía Asequible. Y, coincidiendo con la propuesta presentada, la Comisión también ha publicado una Comunicación sobre la aplicación de las primeras propuestas sobre el Pacto por una Industria Limpia, que ofrece una visión general de las primeras acciones llevadas a cabo, los progresos realizados y las medidas pendientes.

Entre los principales resultados están el Marco de ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia y la simplificación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC), que exime al 90% de los importadores, y reduce la burocracia exigida. Esta simplificación es el primer paso antes de una revisión más general del MAFC a finales de año, que estará acompañada de propuestas legislativas para reforzar el mecanismo. La Comisión también ha publicado la Recomendación sobre incentivos fiscales para fomentar las inversiones en tecnologías limpias y la descarbonización industrial a través de medidas como la amortización acelerada y los créditos fiscales, y ha presentado una Recomendación y documentos de orientación para optimizar el uso de nuevas normas de la UE en materia de energías renovables.