A principios del mes de septiembre el Ejecutivo presentó la Propuesta del Pacto de Estado frente a la emergencia climática, que se articula en torno a diez compromisos prioritarios para incrementar la resiliencia del territorio frente a los fenómenos meteorológicos extremos provocados por la aceleración del cambio climático. La incidencia de catástrofes como la DANA o la reciente oleada de incendios forestales hacen necesario afrontar con garantías y planificación tanto la prevención como la respuesta ante tales consecuencias derivadas del calentamiento global. Los ciudadanos y las partes interesadas podrán presentar sus propuestas y contribuciones, y a finales de año el Gobierno presentará una nueva propuesta más detallada, con el objetivo de consensuar con todas las fuerzas políticas un marco estable y duradero de actuación frente a la emergencia climática.

Como es bien sabido, España es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, y actualmente ocupa el octavo puesto en la lista de países más afectados por fenómenos climáticos extremos en los últimos 30 años, según el “Índice del Riesgo Climático Global”. Los científicos alertan de que el cambio climático se está acelerando, por lo que es previsible que los episodios extremos aumenten su frecuencia, intensidad y duración. En la última década las lluvias torrenciales y danas han aumentado un 15% en España, las sequías y olas de calor duran cada vez más y son más intensas, y la superficie afectada por incendios ha ido en aumento. El Gobierno estima que la incidencia de estos fenómenos ha causado la muerte de más de 20.000 personas y pérdidas materiales de unos 32.000 millones de euros en los últimos diez años.

Por todo ello, la necesidad de una política continuada es más urgente que nunca, y en ese sentido, el Ejecutivo quiere alcanzar un Pacto de Estado con el resto de partidos políticos, o sea, un acuerdo de gran envergadura para establecer una línea de actuación a largo plazo en un asunto que se considera de interés nacional. El objetivo es reforzar los mecanismos de adaptación, mitigación y recuperación de las administraciones públicas ante eventos climáticos extremos, tomando como bases el asesoramiento científico y la defensa del interés general y el bien común, con el propósito de proteger a la ciudadanía, la economía y la biodiversidad del territorio.

Compromisos prioritarios

El Pacto propuesto por el Ejecutivo plantea diez compromisos prioritarios y concretos:

-Avanzar hacia un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales, económicas y climáticas actuales, que incluya la reforestación con bosques mixtos y resilientes al fuego, y la gestión activa de montes, favoreciendo la conservación y el uso productivo.

-Desplegar una Respuesta Nacional para la Resiliencia Hídrica para incrementar la adaptación y respuesta eficaz ante inundaciones y sequías, limitando la edificación en zonas inundables y modernizando los sistemas de drenaje y abastecimiento urbano, entre otras acciones.

-Protección frente a las olas de calor, impulsando una red de refugios climáticos e infraestructuras verdes en ciudades y pueblos, así como nuevos estándares laborales.

-Establecer un sistema de ayudas económicas, incentivos fiscales y servicios reforzados en el mundo rural para potenciar su poblamiento, robustecer su contribución a la protección y restauración de la naturaleza, y favorecer su adaptación al cambio climático.

-Aumentar la prevención y mitigación de los eventos climáticos extremos de los sectores forestal y agropecuario fomentando la agroforestería, la ganadería extensiva, la silvicultura, el riego sostenible etc.

-Activar dos fondos con recursos nacionales y autonómicos. El primero, bajo la coordinación de Protección Civil, para acelerar las ayudas a las zonas afectadas por fenómenos extremos. El segundo, para actuaciones de prevención y reducción de riesgos.

-Mantener de forma permanente los medios técnicos y humanos necesarios para combatir eventos climáticos extremos

-Creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias para mejorar la coordinación y la toma de decisiones por las administraciones públicas.

-Promover una cultura cívica de la prevención y reacción ante situaciones de emergencia,

–Acelerar la transición ecológica en España y exigir a la Unión Europea una mayor ambición.

Olas de calor e incendios forestales

La mayoría de las propuestas presentadas están relacionadas con los incendios forestales, y han de entenderse como una respuesta ante la prevalencia cada verano de focos de incendios, que este año han afectado a 336.345 hectáreas, y son los peores en los últimos 30 años. Entre 2006 y 2024 España acumula más de 1,5 millones de hectáreas asoladas por el fuego. Las causas, según el Ejecutivo, han sido la insuficiente política de prevención de incendios, la inadecuada gestión del territorio y la emergencia climática, que ha hecho que los fuegos de ahora sean más virulentos, impredecibles y letales.

Por ello, el Gobierno pretende priorizar la prevención, optimizando la gestión de las masas forestales y el territorio rural, además de mantener y aumentar los medios técnicos y humanos necesarios para combatir eventos extremos. Así, se pretende promover la reforestación con bosques mixtos, con especies resistentes y aprovechamientos agrarios y forestales, e impulsar medidas para que el sector primario se adapte eficazmente a las consecuencias del cambio climático, colaborando de esta manera en la resiliencia del territorio.

Respecto a las olas de calor, recientemente, un estudio de Greenpeace alertaba de que más del 70% de las capitales de provincias en España carece de una red de refugios climáticos y ninguna ciudad cumple con todos los requisitos para que estos espacios resulten realmente efectivos. Este verano, España sufrió la ola de calor más intensa desde que se tienen datos, que originó los diez días más calurosos registrados desde al menos 1950.

Proceso participativo

Ahora se abre un periodo de escucha y diálogo con toda la sociedad, y para ello se ha activado una Hoja de Ruta para recabar aportaciones tanto de las partes interesadas como de la ciudadanía en general. Así, cualquier persona podrá remitir propuestas, sugerencias y comentarios por medio de la página web del MITECO.

Durante los próximos meses los miembros del Gobierno con competencias en la materia celebrarán reuniones con formaciones políticas, agentes sociales, organizaciones agrarias, ecologistas y sociales, académicas y de otro tipo, para conocer sus propuestas. De igual manera, se organizará una Convención sobre el Pacto y se presentará formalmente una propuesta a Francia y Portugal para explorar posibles sinergias y vías de colaboración, además de comunicar el contenido del Pacto de Estado a la Comisión Europea. Con todas las aportaciones recogidas el Ejecutivo redactará una nueva propuesta de Pacto de Estado que se presentará a finales de este año.

Euskadi, a la vanguardia de la adaptación climática

La CAV es una de las regiones europeas más avanzadas en acción climática, lo que se plasma en su participación en la Misión de Adaptación al Cambio Climático de la Unión Europea. El territorio ha conseguido reducir en un 26% las emisiones de GEI desde 2005 y el año pasado se aprobó la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, pionera en situar en el mismo nivel la adaptación y la mitigación al cambio climático y orientada a acelerar la transición energética y ecológica, fijando para 2050 la neutralidad de emisiones en Euskadi. Además, el Gobierno Vasco ha desplegado otras normas que apoyan su compromiso ambiental, como la Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030, la iniciativa el Pacto Verde de Euskadi-Euskadiko Itun Berdea o la Estrategia de Protección del Suelo de Euskadi 2030.