Recientemente se ha presentado el informe Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial, elaborado por una comisión de expertos a petición del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los ámbitos que abarca son los derechos sociolaborales y medioambientales en las empresas y constituye un conjunto de propuestas para la negociación con los agentes sociales y poder impulsar una reforma legislativa. La intención sería llevar a cabo una trasposición más ambiciosa de la Directiva europea de diligencia debida, que incluya un régimen sancionador y una autoridad reguladora competente en la materia.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social encargó el año pasado a un grupo de expertos que elaborara un informe sobre el marco normativo de la responsabilidad social de las empresas. El resultado es el informe que recientemente se ha hecho público y en el que se detallan cien propuestas de mejora. Sin embargo, para poder convertirse en norma debe se acordado con los representantes de las empresas y aprobado en ambas cámaras legislativas, por lo que de momento se trata tan solo de una declaración política de intenciones.

En esta misma línea, el mes pasado se reactivó el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) tras más de diez años inactivo, con la intención de convertirlo en el observatorio de la RSE en España, y se informó de la futura creación de un Sello de Empresa Socialmente Responsable. El objetivo final de todas estas iniciativas sería el desarrollo de la futura nueva Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas.

El informe defiende que la RSE es un elemento estructural de la gestión corporativa y no una práctica meramente voluntaria. Para ello aboga porque las empresas asuman una responsabilidad efectiva sobre los impactos sociales, laborales, ambientales y de derechos humanos derivados de toda su actividad, incluidas sus cadenas globales de suministro. Se pondera a la empresa como un agente clave del desarrollo sostenible, integrada en la Agenda 2030 y en los nuevos marcos regulatorios europeos sobre sostenibilidad y gobernanza corporativa. De esta forma, quiere promover un modelo de “diligencia debida” obligatorio, alineado con las nuevas directivas europeas, que exija a las empresas identificar, prevenir y reparar impactos negativos en el medio ambiente, la discriminación, los derechos laborales o humanos.

Principales propuestas

El informe defiende una trasposición “amplia” de la Directiva europea de Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad, con medidas como la obligatoriedad de coordinar la prevención de riesgos laborales con la sostenibilidad ambiental, activar sistemas de alerta interna en las compañías o negociar protocolos de acoso laboral en los convenios. Esta amplitud iría en contra de los paquetes de simplificación adoptados por la UE, que en la opinión de la ministra suponen una rebaja de las exigencias a las empresas, por lo que aboga por que España cuente con una autoridad independiente que supervise el cumplimiento de las obligaciones en RSE, y un régimen sancionador proporcional al daño causado y a la capacidad económica de la empresa. En definitiva, se plantea un modelo en el que la RSE deje de ser voluntaria para estar regulada desde las instituciones públicas.

Se plantean subvenciones públicas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas en el cumplimiento de las futuras exigencias, entre ellas el lanzamiento de un Kit de Sostenibilidad, similar al Kit Digital, que financie la capacitación y la puesta en marcha de acciones clave en materia de responsabilidad social, así como de planes de transición y de mejora ambiental. También existirían otros instrumentos como líneas de crédito blandas, avales o garantías para las pymes que acrediten su cumplimiento de los estándares en RSE.

En lo referente a las cadenas de valor, se aboga por una transposición plena de la normativa europea, así como promover procesos complementarios de responsabilidad social voluntaria para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y laborales en todos los pasos de los procesos de producción, suministro o transporte de las empresas y sus asociadas.

También se pretende fortalecer los sistemas públicos de verificación para evitar prácticas de greenwashing, y aumentar las exigencias en la contratación pública para hacer obligatorio el cumplimiento de los preceptos sociales y ambientales, y de esta forma excluir de los procesos de licitación pública a las empresas que hayan sido sancionadas por infracción grave.

Europa apuesta por la simplificación

La UE adoptó dos normas clave respecto a la RSE. La Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD) aprobada a finales de 2022, y la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial (CSDDD), en 2024. Sin embargo, los problemas de competitividad expuestos en el Informe Draghi llevaron a las autoridades comunitarias a plantearse la necesidad de simplificar los procesos administrativos para impulsar la eficiencia empresarial, favoreciendo que la transición hacia una economía sostenible sea más accesible y rentable para las compañías. La realidad es que las exigencias en RSE de la UE provocan un volumen de trámites administrativos que desincentivan la actividad empresarial, y desde Francia y Alemania se argumenta que el 40% de las empresas manufactureras europeas pierden contratos frente a competidores asiáticos con menores exigencias.

Así, se impulsaron los llamados paquete ómnibus, que buscan simplificar las normas de la UE para mejorar la competitividad reduciendo al menos el 25% de las cargas administrativas (el 35% para las pymes) de aquí a finales de 2029. Entre ellos hay varios que se refieren concretamente a la sostenibilidad, como el primero o el octavo. Todo este esfuerzo derivó en la entrada en vigor en marzo de este año de la Directiva 2026/470/UE, conocida como “Directiva Ómnibus I“, que modifica sustancialmente el marco normativo europeo en materia de sostenibilidad corporativa y reduce la carga administrativa para las empresas sin vulnerar los objetivos de sostenibilidad y competitividad. En la práctica supone que más del 90% de las empresas europeas ya no están obligadas a reportar sobre sostenibilidad, rebajando los requisitos sobre todo para pequeñas y medianas empresas.

Empresas comprometidas

Pese a esta disminución de la obligatoriedad de los reportes de sostenibilidad, gran parte de las empresas tienen intención de seguir haciéndolo, al considerar que es una medida estratégica que refuerza tanto su competitividad como su reputación.

Así se refleja en varios estudios, como “Beyond Compliance: Sustainability Reporting After the Omnibus”, en el que se proyecta el impacto en las compañías europeas de la simplificación adoptada por la UE. La conclusión es que el 90% de las empresas que han quedado fuera del alcance de la CSRD mantendrá e incluso ampliará su reporte de sostenibilidad, aunque ya no sea obligatorio, y el 86% manifiesta que cuentan con capacidad de reportar con estándares equivalentes a los de la CSRD. No solo eso, el 90% de las empresas afirma que el reporte de sostenibilidad ya está integrado total o parcialmente con sus informes financieros y un porcentaje similar prevé aumentar la inversión en herramientas, datos y automatización de la información sobre sostenibilidad en el próximo año. Asimismo, en el Global CEO Outlook de 2023 de KPMG se muestra que el 79% de las 100 empresas líderes mundiales ya informan sobre sostenibilidad. A nivel estatal, el Índice de Madurez de Assurance ESG de KPMG revela que el 82% no ha cambiado sus planes de presentación de informes de sostenibilidad.

RSE y ESG en Euskadi

Euskadi es un territorio avanzado en el ámbito de los reportes de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. A finales de 2025 se impulsó la iniciativa BasquESG para implementar un sistema de reporte y evaluación de sostenibilidad propio, basado en el estándar VSME desarrollado por EFRAG (entidad asesora de la Comisión Europea en materia de información financiera y de sostenibilidad) adaptándolo a la realidad de Euskadi, y así acelerar la competitividad y sostenibilidad de las pymes vascas, facilitando que puedan anticiparse a las exigencias de la normativa europea.

Por su parte, Aclima es una de las entidades que participaron en la elaboración de la “Guía práctica para Organizaciones Vascas sobre cómo implementar la Agenda 2030 y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, un manual orientado a las empresas y organizaciones de Euskadi con recomendaciones y ejemplos para la implantación de la Agenda 2030 y optimizar el enfoque para el cumplimiento de los ODS. Además, con la definicación de su Plan Estratégico 2023 – 2026 el clúster estableció una correlación directa entre los ODS y su actividad y ejerce como referente para otros agentes en la adopción de una visión y compromiso integral para la implementación de la sostenibilidad en el conjunto de las actividades económicas de distintos sectores.