El pasado mes de julio la Comisión Europea presentó una propuesta para revisar el mercado europeo del carbono (EU ETS). Entre las novedades, se flexibilizan las exigencias a la industria, y se plantea extender el sistema a la incineración de residuos e integrar las absorciones permanentes de CO2 para proteger la competitividad. Este asunto ha dividido tanto a los países miembros como a las patronales empresariales. Una postura abogaba por una mayor ambición para ayudar a cumplir los objetivos climáticos europeos, mientras que también se alzaron voces para reducir los requerimientos, argumentando que iban contra la competitividad. Finalmente, la CE recomienda una serie de cambios en el EU ETS, pero remarca también el compromiso de la UE con el objetivo climático para 2040. La propuesta deberá discutirse ahora con los representantes del Parlamento europeo y de los Veintisiete.

En esencia, la Comisión Europea propone reducir las emisiones en el mercado de carbono de la UE de manera más lenta, a partir de 2031. Esto podría significar que nuevas asignaciones podrán incorporarse al sistema en la década de 2040, en lugar de finalizar en 2039 como se planeaba anteriormente. Eso sí, ha dejado claro que la meta climática para 2040 y el requisito de cero emisiones netas para 2050 siguen vigentes.

El Factor de Reducción Lineal (LRF) determina la rapidez con la que el límite general de emisiones del EU ETS disminuye con el tiempo. Si bien el LRF se ha reducido un 2,2% anualmente desde 2021, ahora se plantea una disminución del 4,3% en el período 2024-27 y del 4,4% a partir de 2028. También se sugiere que ese tope debería reducirse en un 3,7% anual durante el período 2031-35 y en solo un 1,7% anual durante el período 2036-40.

Según WWF y otros analistas, los cambios propuestos generarían alrededor de 2.000 millones de toneladas adicionales de emisiones en los sectores que forman parte del sistema de comercio, por lo que otros sectores tendrían que asumir la carga adicional para no alterar los objetivos climáticos europeos. Por eso, abogan por mantener el LRF actual sin cambios hasta 2036 para tener una referencia estable que otorgue certeza a las inversiones. También solicitan continuar con la eliminación gradual de los permisos gratuitos para contaminar, blindar que los ingresos del EU ETS se destinen a acciones climáticas eficaces y no apostar por la introducción de créditos internacionales.

¿Qué es el EU ETSS?

Es un mercado de carbono que establece un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas del sector de generación de energía, la industria, la aviación y otros sectores. Así, les obliga a pagar por cada tonelada de CO2 que emiten. Se trata del instrumento más eficaz de la política climática de la UE, y según la Comisión las emisiones en estos sectores se han reducido a la mitad desde su implantación en 2005. En total, comprende el 40-45% de las emisiones totales de la UE.

Además, genera ingresos que los Estados miembros deben reinvertir en acciones climáticas, como energías limpias y otras políticas que favorezcan la transición energética y ecológica. De hecho, se estima que en 2025 se generaron unos 43.000 millones de euros en ingresos.

El EU ETS establece un límite en la cantidad de dióxido de carbono equivalente (CO2e) que se puede emitir dentro de los sectores que abarca. El límite máximo de emisiones disminuye gradualmente cada año hasta que, eventualmente, se espera que lleguen a cero. El sistema funciona con los llamados derechos de emisión de gases de efecto invernadero, cada uno de ellos supone una tonelada de emisiones equivalentes de CO2. En la actualidad el 57% de estos derechos son adquiridos por empresas en subastas, y su precio no es fijado directamente por las instituciones, sino que existe un mercado de compra y venta de los mismos. El 43% restante se otorga gratuitamente a las empresas para que cubran parte o la totalidad de sus emisiones, con la intención de evitar la llamada “fuga de carbono”, o sea, que puedan trasladarse a otros países con legislaciones climáticas más laxas.

La realidad es que durante los primeros años del EU ETS las asignaciones gratuitas eran mayoritarias, ya que los países protegían los sectores clave de su economía. Esto llevaba a que el precio de los derechos de emisión fuera muy bajo, pero las asignaciones gratuitas se han ido reduciendo. La idea es que fueran menguando hasta desaparecer, pero en la propuesta de la CE se prorrogan.

Principales cambios propuestos

La inestable situación geopolítica no es el mejor contexto para abordar la renovación del mercado de carbono, y esto se ha reflejado en las posturas contrapuestas que han surgido dentro de la UE, con algunos países (como Francia, Italia y el bloque nórdico) abogando por una mayor flexibilización mientras que otros se han alineado con el mantenimiento de límites rigurosos. Entre ellos, España y Portugal, que son dos de los Estados europeos que más han invertido en energías alternativas y que, por tanto, más a favor están de avanzar decididamente hacia la descarbonización.

La Comisión ha optado por una vía intermedia, garantizando el cumplimiento de las metas climáticas europeas, pero proponiendo medidas flexibilizadoras que ayuden a reducir impactos negativos en la industria e impulsen la competitividad. Entre las medidas más importantes planteadas se encuentran:

-Prorrogar las asignaciones gratuitas
Si bien las asignaciones gratuitas debían reducirse a partir de este año y eliminarse por completo para 2034, la CE propone extender el plazo hasta 2038, supeditando esta prórroga a que las empresas beneficiadas aseguren inversiones en la descarbonización de sus operaciones. Además, se propone que desde 2031 el 80% de las cuotas gratuitas del sistema se otorgue a las empresas que hayan presentado planes de inversión en la descarbonización de sus operaciones en la UE. El 20% restante quedaría para quienes puedan demostrar que llevaron a cabo las inversiones planificadas y ograron las reducciones de emisiones que habían establecido previamente.

También se plantea la devolución parcial, a partir de 2028, del 15% de las asignaciones gratuitas que se eliminarán debido al mercado de carbono, para suavizar el impacto del arancel y atenuar el riesgo de fuga de carbono

Además, se pretende aumentar la asignación gratuita a la industria por valor de 6.000 millones de euros para el periodo comprendido entre 2026 y 2030, algo por lo que había abogado Alemania.

-Créditos internacionales
Se plantea un mecanismo que permitirá a partir de 2036 a los emisores, principalmente empresas industriales, tener más margen, hasta un 2%, si demuestran inversiones compensatorias fuera de la UE. Así, las empresas europeas podrán adquirir créditos en el mercado mundial de carbono, aunque la medida y los márgenes serían revisables a partir de 2033.

-Almacenamiento de carbono
La CE propone integrar la eliminación permanente de carbono en el sistema de comercio de derechos de emisión en aras de aumentar la flexibilidad de los sectores con mayores dificultades para descarbonizarse. Esto se refiere a la captura directa de CO2 mediante almacenamiento y medidas similares, y no a las eliminaciones temporales como la plantación de árboles. Las eliminaciones se integrarían en el sistema aumentando el límite permitido en una cantidad equivalente al número de eliminaciones adquiridas.

-Sector aeronáutico y marítimo
Otro de los cambios consiste en ampliar el alcance del ETS en estos dos sectores, que suponen cada uno el 4% de las emisiones totales de la UE. Así, desde 2029 todos los vuelos que partan del Espacio Económico Europeo y aterricen en otros países situados a menos de 5.000 km de un punto fijado en Europa central deberían incluirse en el ETS, dejando fuera convenientemente a los vuelos a Estados Unidos y China. También se incluirían las emisiones de jets privados y otros vuelos de negocios.

–Financiación de la descarbonización
Se busca que los países europeos destinen la mitad del dinero que reciben de las subastas del ETS a la descarbonización de los sectores cubiertos por el sistema. La CE estima que supondría más de 100.000 millones de euros en inversiones para la descarbonización antes de 2030. Si bien, desde 2023, se exige a los países que destinen todo este dinero a actividades relacionadas con el clima y la energía, existen dudas sobre la transparencia y eficacia de las inversiones. Por ejemplo, se calcula que a día de hoy solo alrededor del 5% de los fondos del ETS apoya directamente la descarbonización industrial en sectores como el acero, el cemento, los productos químicos y los fertilizantes. La intención es que se destine al menos el 50% de lo recaudado a acciones que apoyen los planes de energías limpias, la descarbonización industrial y una mejor gestión de residuos.

-Revisión de la reserva para la estabilidad del mercado
La reserva de estabilidad del mercado se añadió al ETS en 2019 para ayudar a estabilizar el flujo de permisos. La Comisión propone cambiar los límites superior e inferior para el momento en que se liberan o retiran las cuotas. Así, se reduciría la tasa a la que se retiran los permisos en las subastas cuando superan un umbral determinado, de 24% a 12%, a partir de 2028. Esto significa que los permisos podrían permanecer en el mercado por más tiempo.

Otro aspecto relevante es la posible vinculación de los mercados de carbono de la UE y el Reino Unido. Aunque existe un acuerdo preliminar, no se ha concretado aún, a pesar de que para muchas empresas se trata de algo necesario para adecuar sus políticas de emisiones.

Incorporación de la incineración de residuos en el ETS

La revisión incluye la propuesta de integrar gradualmente la incineración de residuos al sistema ETS a partir de 2031, retrasando en tres años esa incorporación, que con el actual régimen estaba prevista para 2028. Si bien desde 2024 algunas empresas han estado obligadas a monitorear y reportar sus emisiones bajo el ETS no tenían que adquirir créditos.

Lo que se plantea es que las plantas de incineración y coincineración de residuos municipales no peligrosos deban contar con créditos para el 25% de sus emisiones en 2031, el 50% en 2032, el 75 % en 2033 y el 100% a partir de 2034. Así, se incorporarían las emisiones de CO2 generadas durante la valorización energética al sistema europeo de fijación del precio del carbono, con lo que se incentivaría el reciclaje y tratamiento de los residuos.

Pero los Estados miembros podrán retrasar su aplicación hasta 2035 cuando cumplan al menos dos de las siguientes condiciones:
-Aplicar un impuesto nacional equivalente sobre las emisiones de carbono.
-Alcanzar los objetivos europeos de reciclaje.
-Cumplir los objetivos de reducción del vertido establecidos por la UE.

Además, las plantas que suministran calefacción urbana podrán seguir recibiendo derechos gratuitos de emisión durante el periodo transitorio, mientras que las instalaciones ubicadas en regiones ultraperiféricas, como las Islas Canarias, permanecerán exentas hasta 2035.