El pasado mes, el Gobierno Vasco presentó la llamada “Autopista Regulatoria”, una propuesta que permitirá reducir entre un 30% y un 75% los plazos administrativos para los proyectos de interés público. La intención es que el plazo máximo para su autorización sea de 6 meses, gracias a la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos. Esta iniciativa forma parte del Plan de Industria Euskadi 2030, que ya contemplaba la necesidad de medidas para reducir la carga administrativa de los proyectos prioritarios para Euskadi. Las infraestructuras de residuos y economía circular, entre otras, podrán acogerse al nuevo régimen de tramitación acelerada.

La iniciativa se articulará en la futura “Ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Agilización para la Actividad Económica Sostenible”, y se inscribe en el marco del Plan de Industria Euskadi 2030, dentro del Proyecto Transformador “Mejora de los Procesos Administrativos”. La intención es que permita rebajar entre un 30% y un 75% los tiempos de tramitación de los proyectos prioritarios, para de esta manera acelerar la transición energética y ecológica, impulsar la digitalización, atraer inversiones y mejorar la competitividad de la industria y de la actividad económica sostenible.

Se trata de una normativa pionera, ya que es la más completa y rápida en todo el Estado y mejora los plazos promovidos desde Europa. Así, mientras que la Comisión Europea en normativas como la Net-Zero Industry Act (NZIA) establece un periodo máximo de 12 meses para la tramitación de proyectos prioritarios, en Euskadi ese plazo quedará reducido a 6 meses.

Lo cierto es que la UE está inmersa en un proceso que, apuesta por la simplificación normativa, tal y como se explicita en el Programa de Trabajo para el año 2026. Se trata de apoyar la reindustrialización y la autonomía estratégica del continente para reforzar la competitividad de las empresas, y en ese sentido ha ido adoptando diferentes paquetes normativos con el objetivo de reducir las cargas administrativas y simplificar los procesos y trámites requeridos, sobre todo para los proyectos considerados estratégicos.

Ahora bien, en el caso de Euskadi esta minimización de los trámites administrativos no implicará rebajar requisitos urbanísticos ni ambientales, ya que se logrará gracias a la simplificación de procedimientos, la eliminación de duplicidades y la digitalización.

Los sectores concernidos por esta nueva norma serán principalmente el del medioambiente, la energía, la alimentación y el sector primario, así como en la gestión del dominio público marítimo terrestre y portuario. Por lo tanto, los afectados serán los proyectos estratégicos vinculados con la industria y con la actividad económica sostenible, para los que en algunos casos la normativa permitirá reducir el plazo de tramitación de 2 años a 6 meses y el número de procesos puede reducirse de 24 a 8.

Proyecto de Interés Público Superior (PIPS)

Esta figura ya aparecía en la Ley de Administración Ambiental de Euskadi, entre cuyas metas está promover las iniciativas sobre estrategia ambiental sostenible. Para ello se preveía la necesidad de facilitar la tramitación de los procedimientos de intervención ambiental. Así, la norma establece que el Gobierno Vasco pueda aprobar por sí mismo aquellos proyectos de iniciativa pública relacionados con infraestructuras ambientales o energéticas sin necesidad de obtener la autorización urbanística del municipio correspondiente, cuando se consideren de interés público y beneficio general. Se trata de los Proyectos de Interés Público Superior (PIPS), que con la nueva Ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Agilización para la Actividad Económica Sostenible quedarán plenamente definidos.

Así, se establecen los requisitos para las iniciativas susceptibles de acogerse a este régimen de tramitación acelerada, y entre los proyectos que podrán optar a la declaración de PIPS se incluyen las actuaciones recogidas en el Plan de Industria Euskadi 2030, las ampliaciones de redes eléctricas, las instalaciones de energías renovables, las tecnologías de cero emisiones netas, los proyectos relacionados con materias primas críticas, y las infraestructuras de residuos y economía circular.

La declaración de PIPS corresponderá al Consejo de Gobierno Vasco, previo proceso de consulta pública e informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. Además, integrará las aprobaciones urbanísticas y medioambientales, con el objetivo de agilizar los plazos de ejecución.

En cuanto a las medidas concretas para la simplificación administrativa se incluyen las siguientes:

-Designación de los trámites medioambientales como “urgentes”, así los plazos estimados se reducirán a la mitad.
-Evitación de duplicidades para reducir las cargas administrativas.
-Simplificación y automatización de procesos administrativos claves mediante digitalización.
-Fortalecimiento de seguridad jurídica mediante marcos normativos claros y estables.
-La norma permitirá integrar determinados trámites urbanísticos y licencias de obra en procedimientos únicos, reduciendo la complejidad administrativa para promotores y administraciones.

La nueva regulación modificará diferentes leyes en vigor e incorporará nuevas medidas para incrementar la simplificación normativa y reducir los tiempos de tramitación administrativa para los proyectos estratégicos, garantizando a la vez el cumplimiento estricto de la normativa medioambiental.

Todas estas actuaciones suponen que Euskadi disfrutará de la regulación más completa y simplificadora para los proyectos de interés público entre las comunidades autónomas del Estado, y una de las primeras en este ámbito a nivel europeo.

Necesidad de infraestructuras ambientales en Euskadi

La implantación de infraestructuras relacionadas con la sostenibilidad en Euskadi se ha convertido en una necesidad estratégica para afrontar los desafíos derivados del cambio climático, la circularidad, la transición ecológica y la descarbonización. Equipamientos como plantas de tratamiento y valorización de residuos, redes de saneamiento y depuración, instalaciones para la gestión del agua, corredores verdes o infraestructuras destinadas a la generación de energías renovables resultan esenciales para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible.

Además de reducir el impacto ambiental de la actividad humana, estas infraestructuras contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, reforzar la resiliencia del territorio y cumplir los objetivos climáticos y ambientales establecidos por las instituciones europeas.

La importancia de la industria en Euskadi es indiscutible, ya que lleva décadas siendo la base del crecimiento económico del territorio. Sin embargo, las circunstancias actuales recomiendan una serie de cambios para garantizar que el sector industrial pueda adaptarse a las nuevas realidades garantizando su competitividad. No basta con la modernización de instalaciones ya existentes, los desafíos actuales relacionados con la descarbonización de la economía y la consolidación de una economía circular requieren infraestructuras capaces de responder a necesidades cada vez más complejas.

Por ejemplo, el PPGR2030 establece que para 2030 deben valorizarse el 85% de los residuos no peligrosos, pero para ello se requieren nuevas infraestructuras capaces de asumir diferentes corrientes de residuos y darles una nueva vida. Además, la implantación de nuevas instalaciones ambientales supondrá un impacto positivo, generando un nuevo tejido industrial que permite producir recursos sostenibles y locales para los distintos sectores económicos, nuevos empleos verdes de calidad, contribuyendo al crecimiento de la economía, desarrollando nuevos nichos de oportunidad para las empresas, y apoyando al resto de sectores industriales, en su adaptación a una economía circular y descarbonizada.

En este sentido, la planificación a largo plazo, la innovación tecnológica y la colaboración entre administraciones, empresas y agentes sociales deben ser factores clave para garantizar que estas infraestructuras contribuyan de manera eficaz al desarrollo sostenible y a la competitividad del territorio.