Recientemente el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, enviándolo a las Cortes para su debate parlamentario. Esta nueva normativa perfila el modelo de desarrollo económico y ambiental para España, en consonancia con la legislación europea, y fija objetivos tan relevantes como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para 2030, alcanzando la neutralidad de emisiones a más tardar en el 2050. También regula que para ese año el sistema eléctrico se base exclusivamente en fuentes de energías de origen renovable y que no circule ningún vehículo que emita CO2. Además, todos los municipios con más de 50.000 habitantes deberán contar con zonas de bajas emisiones en el año 2023.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el reto demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que esta nueva norma constituye un modelo de recuperación económica frente a las consecuencias de la crisis del coronavirus, gracias entre, entre otras características, a su potencial para generar empleo de calidad estable. Otro aspecto que la ministra ha resaltado es que el objetivo de esta ley es asegurar las oportunidades de futuro para los jóvenes, evitando que hereden hipotecas que no les corresponden, tanto en lo que se refiere a la sostenibilidad y cuidado ambiental del ecosistema, como en lo que atañe al modelo económico y de desarrollo, que por medio de esta normativa se pretende que sea justo e inclusivo.
Medidas destacadas
El objetivo fundamental de esta ley es descarbonizar totalmente la economía para el año 2050. En este sentido, se detallan numerosas medidas que abarcan diversos aspectos ambientales y económicos. Se trata de un conjunto normativo transversal, que afecta a diferentes sectores, como el energético, el automovilístico o el energético. Estas son las principales disposiciones que se recogen:
1-Neutralidad de emisiones
La Ley marca como objetivo que a más tardar en el año 2050 España sea un país neutro en emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, en 2030 estas emisiones se deben reducir en un 20 % con respecto a 1990.
Además, está prevista la implantación de una Estrategia de Descarbonización a 2050, que detallará los pasos a dar en el camino de la reducción de emisiones y el incremento necesario de las absorciones por los sumideros de estos gases.
2-Abandono de la energía fósil
Desde la entrada en vigor de la Ley ya no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración ni concesiones de explotación de hidrocarburos, tampoco se permitirán nuevas actividades de fracturación hidráulica de alto volumen, el “fracking”. Además, las licencias vigentes no podrán continuar más allá de 2040.
Asimismo, tampoco se establecerán nuevos subsidios o incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles, y el sector público estatal se desprenderá de sus participaciones en empresas que desarrollen actividades relacionadas con los combustibles fósiles. Como medida de control, el Ministerio de Hacienda realizará un informe anual sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil.
3-Sistema eléctrico de origen renovable
El sistema eléctrico se deberá basar exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable en el año 2050. Para 2030, al menos un 70% de la generación del sistema eléctrico deberá provenir de energías de origen renovable y suponer en el consumo de energía final en torno a un 35%. En esta década se instalarán como mínimo 3.000 megavatios de potencia al año en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables.
4-Parque automovilístico sin emisiones
La meta es que para 2050 no circule en el territorio nacional ningún turismo o vehículo comercial ligero que emita de manera directa dióxido de carbono. En el año 2040 no estará permitida la matriculación y venta de vehículos que emitan CO2, lo cual afecta a los que emplean diésel y gasolina, pero también a los coches híbridos, los de gas natural (GNC) o los de gas licuado del petróleo (GLP). Además, se fomentará el uso de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros biocombustibles, y será obligatorio instalar puntos de recarga eléctrica en las gasolineras.
5-Zonas de bajas emisiones
Para el año 2023 todos los municipios con más de 50.000 habitantes deberán contar con zonas de bajas emisiones. También se impulsará la mejora de los transportes públicos y se fomentarán los desplazamientos a pie y en bicicleta.
6-Construcciones energéticamente eficientes
A lo largo de la presente década se rehabilitarán con criterios de eficiencia energética al menos 100.000 viviendas al año de media. Asimismo, se fomentará la renovación energética de los edificios públicos y privados.
Sintonía con la legislación europea
Europa ha apostado por la Economía Circular y las políticas ambientales como ejes de su crecimiento económico, no en vano el continente redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 23% entre 1990 y 2018, consiguiendo a la vez que su economía experimentase un crecimiento del 61%. El Pacto Verde Europeo supone la puesta en práctica de esta vía, que persigue conseguir la neutralidad de emisiones para el año 2050, a la vez que se alcanza un desarrollo sostenible y justo mediante la transición ecológica.
La Comisión Europea estima que convertir nuestra economía en más circular mejorará su competitividad y servirá como estímulo para la creación de empleo. En este sentido, se estima en un 0,5% el crecimiento del PIB europeo para la próxima década, además de unos 700.000 nuevos puestos de trabajo
Este conjunto normativo, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se vehicula a través de otras iniciativas legislativas, como la futura Ley del Clima, la Estrategia sobre la Biodiversidad para 2030, una nueva Estrategia Industrial, o el nuevo Plan de Acción de la Economía Circular, entre otras, y se traslada a las legislaciones de los países miembros con normas como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Articulación de la Ley
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética se compone inicialmente de 36 artículos distribuidos en nueve títulos, e incorpora las aportaciones del proceso de participación pública. Para la puesta en práctica de sus disposiciones se prevé la creación de sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC) y la implantación de la llamada Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050.
También se impulsará un Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, cuya misión será plantear recomendaciones y evaluaciones que se recogerán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados. Asimismo, la Ley dispone que a partir del 31 de diciembre de 2021 las comunidades autónomas tendrán que informar de sus planes de energía y clima a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
Vertiente económica y social
En lo que se refiere al aspecto presupuestario, se regula que el 20 % de los Presupuestos Generales del Estado deberán implicar y estar destinados a buscar un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático.
Las estimaciones del Gobierno son que entre los años 2021 y 2030 se conseguirá una inversión de más de 200.000 millones de euros, además de generar entre 250.000 y 350.000 empleos netos anualmente. Se espera que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca en torno al 1,8% en 2030 respecto al mismo escenario sin las medidas adoptadas.
Además, este conjunto normativo irá acompañado de una estrategia de transición que busca minimizar los impactos negativos en las regiones y sectores profesionales más afectados por los cambios que se promueven.
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