El agua es un recurso básico para la vida humana pero la situación en la que se encuentra el planeta hace que su correcta gestión sea un asunto de capital importancia. Así se reconoce en el ODS 6 de la Agenda 2030, que plantea aumentar el porcentaje de personas con acceso a agua potable y saneamiento. A pesar del gran volumen de agua existente en el mundo, apenas el 2,5% es agua dulce, y solamente el 0,007% del agua existente en la Tierra puede considerarse potable. Por lo tanto, el crecimiento poblacional, unido a los efectos del cambio climático, hacen que el tratamiento de las aguas residuales sea un ámbito que va a experimentar un auge necesario para abordar los problemas relacionados con el agua.

Los expertos alertan de que la demanda de agua puede incrementarse hasta en un 25% para 2050, y que nada menos que una cuarta parte de la población global podría sufrir estrés hídrico, es decir, que su demanda de agua sería superior a la cantidad de este recurso disponible. Las causas que inciden en este problema están relacionadas con el progresivo incremento demográfico, la mejora de las condiciones de vida, que provoca que cada vez más personas tengan acceso a agua potable, y el cambio climático, con olas de calor y sequías más frecuentes y que afectan a un territorio cada vez más amplio.

Por eso, el tratamiento de las aguas residuales debe avanzar hacia modelos más eficientes y sostenibles, para incrementar su eficacia y minimizar los posibles impactos ambientales. Para ello es indispensable aumentar la financiación, que repercuta en una mejora de las infraestructuras para el ciclo integral del agua, explorar con mayor profundidad alternativas como la reutilización, y aplicar la digitalización y las innovaciones tecnológicas para optimizar la eficiencia en la recuperación y reutilización del agua.

Todo esto lleva a aumentar el volumen de agua residual tratado ya que, según un informe de UNESCO, las plantas de tratamiento de aguas residuales pueden resultar un recurso clave para satisfacer la creciente demanda mundial de agua dulce y de materias primas. Asimismo, un estudio del World Resources Institute postula que los problemas mundiales del agua podrían resolverse dedicando tan solo el 1% del PIB global a inversiones relacionadas, pero alcanzar estas cifras supone un esfuerzo muy desigual para los países prósperos y los que se encuentran en vías de desarrollo.

El problema del agua en Europa

Los efectos del cambio climático afectan sobremanera a Europa, ya que es el continente que experimenta el mayor aumento de temperatura de todos. En la actualidad, aproximadamente el 20% del territorio comunitario sufre estrés hídrico y los expertos avisan de que para 2050 el 17% de la población corre un alto riesgo de padecerlo. Las medias europeas de consumo de agua por persona son de 128 litros al día, el 98% de las aguas residuales de la UE se recogen adecuadamente y el 92% reciben un tratamiento apropiado, pero el estado de conservación de las masas de agua no es bueno, ya que el 60 % de los ríos, humedales y acuíferos de Europa están degradados.

La legislación europea se ha enfocado en afrontar estos problemas, y si bien la Directiva 91/271CEE sobre aguas residuales ha supuesto una mejora significativa del agua en toda la UE, consiguiendo la mitigación de la contaminación derivada de vertidos urbanos, las autoridades comunitarias están en proceso de revisión de esta norma, que lleva aplicándose desde 1991, para adaptarla a las circunstancias que afectan a día de hoy a Europa, como la incidencia del cambio climático.

La revisión de la Directiva sobre aguas residuales está en proceso y se espera que entre en vigor en los próximos meses. Los objetivos de esta revisión son mejorar la gobernanza de la gestión de las aguas residuales en la UE, ampliar el ámbito de aplicación de la normativa, y adaptarla a los objetivos del Pacto Verde Europeo, como se adelantaba ya en el Plan de Acción de la UE “Contaminación Cero”. Para ello, establece medidas con el propósito de abordar la contaminación emergente presente en las aguas residuales urbanas, fortaleciendo el monitoreo y control de la calidad del agua, fija la obligación para los Estados miembros de evaluar los riesgos para el medio ambiente y la salud humana, y les exige elaborar programas nacionales para la ejecución de la Directiva, que incluyan evaluaciones de cumplimiento, planificación de inversiones, renovación de infraestructuras y fuentes de financiamiento disponibles. Además, dispone que se fomentará el uso de recursos “no convencionales”, como la reutilización de aguas residuales, ante la afección del cambio climático y las sequías.

Así, amplia el ámbito de aplicación de la Directiva para incluir a todas las aglomeraciones urbanas de al menos 1.000 equivalentes habitante (e-h), frente a los 2.000 de la Directiva vigente. Además, se determina que los Estados establezcan un plan de gestión integrada de las aguas residuales urbanas para urbes de más de 100.000 e-h de aquí a 2033, y para las aglomeraciones urbanas de entre 10.000 y 100.000 como más tardar para 2039.

También establece la obligación de que aquellas de más de 1.000 e-h establezcan antes de 2035 un tratamiento secundario a las aguas residuales urbanas antes de su vertido. De igual manera, se armonizan los umbrales y plazos para el tratamiento terciario (eliminación de nitrógeno y fósforo) y el tratamiento cuaternario (eliminación de microcontaminantes), ya que los Estados deberán garantizar, para 2039 y 2045 respectivamente, que se aplican en instalaciones de tratamiento de a partir de 150.000 e-h. Para 2045, las obligaciones de tratamiento terciario y cuaternario se harán extensivas a las aglomeraciones más pequeñas de 10.000 e-h que viertan sus aguas residuales en zonas que cumplen determinados criterios. También se determina que las grandes ciudades desarrollen planes integrales de gestión del agua antes de 2030, encaminados sobre todo a mejorar la gestión de las aguas pluviales.

Además, en la revisión se propone un sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que impulse que los productores de productos farmacéuticos y cosméticos financien al menos el 80% del costo del tratamiento del agua urbana, ya que son los responsables de su contaminación por microcontaminantes. Otro punto importante, es que la Directiva establece que las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas tendrán que ser neutrales energéticamente para 2045.

La reutilización de agua regenerada

Como es bien sabido, el cambio climático está acarreando, entre otros efectos, un aumento notable de los periodos de sequía, que provocan condiciones de escasez de agua en cada vez más territorios y concretamente España es una de las regiones europeas más afectadas siendo uno de los países con mayor estrés hídrico de la UE, sufre además, una gran sobreexplotación de sus aguas, con más de 80 acuíferos sobreexplotados. Las estimaciones para el futuro de los expertos no son halagüeñas.  En este sentido, para fomentar el uso de orígenes alternativos de agua, se ha aprobado recientemente el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de reutilización de las aguas.

La normativa sobre el agua regenerada debía ser actualizada tras la publicación del Reglamento 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, sobre los requisitos mínimos para la reutilización de agua para uso agrario, que entró en vigor el año pasado. Como consecuencia, también el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, modificó el Texto Refundido de la Ley de Aguas para ajustarse a los requisitos europeos

El nuevo Reglamento de reutilización de las aguas establece un régimen jurídico con una doble función: regular la actividad de regeneración del agua residual urbana con el fin de alcanzar la calidad requerida para los usos previstos, y para el uso privativo del agua regenerada. Su objetivo es garantizar la seguridad en el uso del agua regenerada, que vendrá determinado por los planes de gestión del riesgo y será supervisado por las autoridades sanitarias y los organismos de las cuencas hidrográficas correspondientes. También persigue impulsar la reutilización del agua a través de incentivos económicos, como subvenciones o exenciones en la tarifa del uso del agua, y porque obliga a elaborar planes de fomento asociados a usos urbanos.

Todo ello con la mirada puesta en que el agua regenerada sustituya cada vez más a los recursos hídricos naturales, en un contexto en el que se prevé que España sea uno de los países europeos más afectados por el cambio climático y marcando la meta de que en las acciones planificación hidrológica el uso del agua regenerada se duplique los próximos años.