Los recientemente presentados Paquetes Ómnibus I y II de Simplificación constituyen un instrumento para simplificar las normas sobre sostenibilidad e inversiones en el ámbito de la UE, y la Comisión Europea estima que sus propuestas, junto con otras acciones que irá tomando en el mismo sentido, pueden suponer un ahorro anual de unos 6.300 millones de euros en costes administrativos, además de movilizar cerca de 50.000 millones de euros de inversión pública y privada. Con unas medidas que disminuyen las cargas administrativas en un 25% para las empresas y hasta un 35% para las pymes, la normativa busca limitar el exceso de burocracia para promover la competitividad de las compañías europeas, así como facilitar su acceso a programas de inversión.
Si bien la UE es líder en estándares ESG, esto se traduce en un entramado administrativo que desincentiva la actividad empresarial y contribuye a que pierda competitividad frente a otras economías más flexibles. Contar con un marco normativo tan exigente, aunque afianza los estándares de sostenibilidad y transparencia, conlleva que la carga administrativa resulte significativa para las empresas y que provoque diferencias notables respecto a compañías de otros territorios. Por ejemplo, se cree que el 40% de las empresas manufactureras europeas pierden contratos frente a competidores asiáticos con menores exigencias de sostenibilidad. Entre los problemas más acuciantes están la rigidez y la dificultad de adaptación en los sectores industriales más tradicionales a la Taxonomía Europea, las diferencias en la implementación de las normativas en cada Estado, lo que se opone a la idea de mercado único, y la diligencia debida en las cadenas de suministro, ya que la obligación de que las empresas garanticen que sus proveedores cumplan con los mismos estándares ha provocado que muchas pequeñas empresas, con recursos limitados, se vean afectadas.
La reducción de las cargas administrativas es un paso necesario, pero debe conjugarse con el mantenimiento de los criterios ambientales y de sostenibilidad, lo que supone un importante reto. El Paquete Ómnibus I (dedicado a la simplificación de las normas de sostenibilidad) y el II (con medidas para para simplificar y optimizar el uso de varios programas de inversión) buscan simplificar los procesos administrativos para impulsar la eficiencia empresarial, favoreciendo que la transición hacia una economía sostenible sea más accesible y rentable para las compañías. Así, la flexibilidad de los marcos regulatorios puede promover un entorno más favorable para la inversión y la innovación, atajando algunos de los problemas de competitividad expuestos en el Informe Draghi.
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia trazada en la llamada Brújula para la Competitividad, hoja de ruta configurada por la CE para un desarrollo económico sustentado en la innovación y la descarbonización. Si bien la descarbonización se entiende como una palanca para la competitividad, por sí misma no puede garantizarla, y los Paquetes Ómnibus suponen un paso complementario en este sentido. La simplificación regulatoria se desarrollará en varias normativas, pero estas primeras se centran en la sostenibilidad empresarial y en el acceso a los programas e instrumentos de inversión.
Medidas de los Paquetes Ómnibus
Su principal misión es agilizar los procesos administrativos, eliminar duplicidades en los reportes y mejorar la coherencia entre distintas normativas. Las principales novedades de esta nueva legislación pueden agruparse en varias categorías. Por un lado, se reduce la carga de reportes, estimándose en una reducción del 25% en general y del 35% para las cargas administrativas específicas para las pequeñas y medianas empresas.
Las normas incluyen la posibilidad de un régimen regulatorio diferenciando entre las empresas de medio tamaño y aquellas que operan en varios Estado miembros, con el fin de adaptarse al sector y mercado. En general se quiere impulsar un marco regulatorio más homogéneo para que las empresas operen bajo criterios uniformes en toda la UE, reduciendo las diferencias actuales entre las legislaciones de los países miembros.
Otro punto importante es la digitalización del cumplimiento normativo, ya que se implementarán plataformas electrónicas para gestionar la información de manera centralizada, reduciendo de esta manera la multiplicidad de registros en los distintos países.
En una de sus vertientes más relevantes, se busca la armonización jurídica en la aplicación de la regulación ESG, para integrar de forma coordinada las Directivas de CSRD (información sobre sostenibilidad por parte de las empresas), CSDDD (diligencia debida de las empresas), y el Reglamento sobre Taxonomía de la UE, además de afectar al CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono), ya que se proponen exenciones para pequeños importadores que importen cantidades reducidas de productos.
Efecto sobre la CSRD
Una de las claves del paquete Ómnibus I es simplificar la normativa sobre sostenibilidad, particularmente en lo referido a la recopilación de datos e informes. Para ello, se reducen los tipos de datos a reportar y se introduce un umbral de materialidad, que llevará a que las empresas que no tengan más del 10% de sus actividades alineadas con la Taxonomía Europea no estén obligadas a realizar reportes sobre esta alineación, lo cual influye sobre todo en las empresas más pequeñas. También se incluye el nuevo concepto de “techo de cadena de valor”, destinado a reducir el volumen de información que las grandes empresas pueden exigir a sus proveedores de las cadenas de suministro.
Eso sí, las pequeñas empresas fuera del alcance de la CSRD tendrán la opción de reportar de manera voluntaria utilizando un estándar simplificado. De esta manera, pueden incrementar sus estándares de sostenibilidad sin la obligación de los informes obligatorios. Por su parte, las empresas extracomunitarias solo deberán cumplir la CSRD si generan ingresos superiores a 450 millones de euros en la UE.
Además, se revisarán los estándares de reporte de sostenibilidad empresarial y se pospone en dos años, hasta 2028, los requisitos de informes para las empresas actualmente dentro del alcance de la CSRD, que debían empezar a reportar en 2026 o 2027.
Con estas medidas se estima que el 80% de las empresas europeas quedarán fuera del alcance de la CSRD, enfocándolo en las empresas más grandes.
Impacto en la CSDDD
Se flexibilizan algunas de las obligaciones para las grandes empresas, como la reducción de la frecuencia de las evaluaciones de impacto. También, como ya se ha citado, se limita la información que pueden solicitar a las pymes de su cadena de suministro. Además, no habrá régimen de diligencia debida para las instituciones financieras. Se suprime la responsabilidad civil de las compañías en toda la UE, pero manteniendo el derecho de las víctimas a una compensación total por los daños causados por incumplimiento. También se reduce la obligación de poner fin a las relaciones comerciales cuando haya un impacto en derechos humanos por parte de la compañía con la que se mantenga una relación comercial. En otro sentido, se flexibiliza la obligación de que las compañías activen un plan de transición climática.
Además, se da a las empresas más tiempo para prepararse y cumplir con los nuevos requisitos, posponiendo la aplicación de la diligencia debida en sostenibilidad para las empresas más grandes hasta el 26 de julio de 2028 y adelantando al mismo tiempo la adopción de las directrices en un año, julio de 2026. Y el proceso de diligencia debida solo tendrá que actualizarse cada 5 años.
Consecuencias con relación a la Taxonomía Verde
Se reduce la carga de las obligaciones de información de la Taxonomía de la UE y se limita a las empresas más grandes. Además, se da la opción de informar sobre actividades que estén parcialmente alineadas con la Taxonomía y se establece el ya mencionado umbral de materialidad para los informes. También se simplifican los criterios más complejos de prevención y control de la contaminación relacionados con el uso y la presencia de sustancias químicas.
Paquete Ómnibus II sobre inversión
Este segundo conjunto de medidas se enfoca en facilitar y simplificar para las empresas el acceso a los programas e instrumentos de inversión, como InvestEU, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, el Mecanismo Conectar Europa y Horizonte Europa. En él se recoge la propuesta de Reglamento sobre el aumento de la eficacia de la garantía de la UE y a la simplificación de los requisitos de información.
La Comisión Europea quiere incrementar la capacidad de inversión de la UE mediante la utilización de los rendimientos de inversiones anteriores, así como el uso optimizado de los fondos aún disponibles. Con ello, se espera la movilización de unos 50.000 millones de euros entre inversiones públicas y privadas. Para ello, se aumentará el tamaño de la garantía de la UE de 2.500 millones y se facilitará el uso combinado de la garantía InvestEU con la capacidad existente disponible en el marco de otros tres programas (FEIE, Instrumento de Deuda del MCE y Mecanismo de Deuda InnovFin) para apoyar nuevas operaciones de financiación e inversión.
Otras medidas persiguen promover que los Estados miembros contribuyan a InvestEU y simplificar los requisitos administrativos para empresas e intermediarios financieros. Se calcula que estas iniciativas se traducirán en un ahorro de 350 millones para las empresas.