El pasado mes de julio, la Comisión Europea anunció la revisión de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS) para las empresas obligadas por la Directiva UE sobre informes de sostenibilidad empresarial (CSRD) y una norma voluntaria de información para las empresas más pequeñas. Se trata de un paso más en la intención de las instituciones europeas de simplificar los requisitos de información sobre sostenibilidad para las empresas, enmarcada en el paquete de simplificación Ómnibus I. Con la nueva revisión se introducen nuevas flexibilidades y la CE estima permitirá reducir en más del 60% los datos obligatorios para las empresas, minimizando en más del 30% los costos de generación de informes.

Tras la presentación de la revisión, la normativa se presentará al Consejo y al Parlamento Europeo para su examen, y se estima que la aplicación de las medidas comenzará antes del fin de año. El ESRS se concreta en informes que abarcan cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, y que proporcionan a inversores y otras partes interesadas la información necesaria para comprender los riesgos relacionados con la sostenibilidad a los que están expuestas las empresas, así como su impacto en las personas y el medio ambiente.

A finales de 2022 la UE adoptó la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD) y en 2024 fue el turno de la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial (CSDDD). Se trata de dos normas que abordan la información corporativa que las empresas deben presentar. Pero a resultas del Informe Draghi, que ofrecía soluciones para mejorar la competitividad europea, las autoridades comunitarias decidieron simplificar los procesos administrativos para impulsar la eficiencia empresarial, facilitando una mayor flexibilidad a las empresas.

De esta forma nacieron los llamados paquetes ómnibus, cuyo objetivo es reducir al menos el 25% de las cargas administrativas (el 35% para las pymes) hasta finales de 2029. Así, en marzo de 2026 entró en vigor la Directiva 2026/470/UE, conocida como “Directiva Ómnibus I“, que modifica sustancialmente el marco normativo europeo en materia de sostenibilidad corporativa y reduce la carga administrativa para las empresas sin vulnerar los objetivos de sostenibilidad y competitividad.

La consecuencia de esta nueva legislación es que más del 90% de las empresas europeas ya no están obligadas a reportar sobre sostenibilidad, rebajando los requisitos sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Así, en lo que respecta a la CSRD, se reduce el alcance y tan solo están obligadas las empresas con más de 1.000 personas trabajadoras y 450 millones de euros en volumen de negocio, en comparación con el umbral anterior de 250 empleados. El resto de las compañías podrán informar voluntariamente utilizando estándares simplificados, que precisamente son parte de la revisión que acaba de anunciar la CE. Además, las empresas más pequeñas no obligadas directamente por la CSRD estarán más protegidas ante la presentación de informes a los grandes socios comerciales, quienes no podrían solicitar más información de la que se establece en los estándares voluntarios. En lo que respecta a la CSDDD, solo quedarían obligadas las empresas con más de 5.000 personas empleadas y un volumen de negocio de 1.500 millones de euros. 

Revisión de la CE

Pero la Comisión Europea estimaba que aún quedaba margen de mejora en la legislación para ajustar más la flexibilidad y la reducción de cargas administrativas, por lo que encargó al Grupo Consultivo Europeo de Información Financiera (EFRAG) un informe técnico para revisar la ESRS. El análisis presentado por EFRAG proponía una reducción del 61% en los datos obligatorios y la eliminación de todas las divulgaciones voluntarias, lo que supone una reducción total de datos de más del 70%.

La revisión anunciada por la CE no agrega cambios sustanciales respecto a lo propuesto por EFRAG, pero contiene algunas aclaraciones importantes. La principal es que los gestores de activos no están obligados a revelar información sobre sostenibilidad en las inversiones gestionadas en nombre de sus clientes. Así, se evita la duplicación de los requisitos de información puesto que este tipo de datos ya están disponibles en otros niveles administrativos.

Otro cambio es que se busca alinear aún más las Normas Europeas de Sostenibilidad (ESRS) con los estándares del International Sustainability Standards Board (ISSB), permitiendo que las empresas utilicen enfoques de control financiero u operativo para consolidar sus inventarios de gases de efecto invernadero de manera flexible

También se introduce un nuevo requisito de transparencia para las empresas que informen sobre planes de transición con objetivos que no sean compatibles con el límite de 1,5 °C, con el objetivo de evitar el greenwashing.

La norma voluntaria de información constituye un marco de referencia para la elaboración de informes de sostenibilidad por parte de las empresas más pequeñas que quedan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva sobre la Responsabilidad Social Corporativa. Así, estas empresas tienen más fácil responder a las solicitudes específicas de información sobre sostenibilidad de las grandes instituciones financieras y empresas. De igual forma, la revisión mantiene el límite máximo para la cadena de valor, esto es, que las empresas sujetas a la Directiva sobre la Responsabilidad Social Corporativa no pueden exigir a las empresas de sus cadenas de valor que proporcionen más información de la que abarca la norma voluntaria.

Compromiso empresarial

A pesar de estos cambios, las empresas europeas siguen la tendencia de mantener o ampliar sus reportes de sostenibilidad corporativa, aunque muchas ya no estarán obligadas legalmente. Esta es la conclusión de varios estudios sobre el tema, como “Beyond Compliance: Sustainability Reporting After the Omnibus”, en el que se proyecta el impacto en las compañías europeas de la simplificación adoptada por la UE. La conclusión es que el 90% de las empresas que han quedado fuera del alcance de la CSRD mantendrá e incluso ampliará su reporte de sostenibilidad, aunque ya no sea obligatorio, y el 86% manifiesta que cuentan con capacidad de reportar con estándares equivalentes a los de la CSRD. Además, el 90% de las empresas afirma que el reporte de sostenibilidad ya está integrado total o parcialmente con sus informes financieros y un porcentaje similar prevé aumentar la inversión en herramientas, datos y automatización de la información sobre sostenibilidad en el próximo año. En la misma línea, el Global CEO Outlook de 2023 de KPMG refleja que el 79% de las 100 empresas líderes mundiales ya informan sobre sostenibilidad.

La conclusión es que las empresas, sobre todo las de mayor tamaño e importancia, entienden que los reportes corporativos sobre sostenibilidad constituyen una herramienta estratégica que mejora su competitividad, reputación y posicionamiento en el mercado.

Rigor con la RSE en España

En el ámbito estatal se han producido en los últimos tiempos dos movimientos que fijan la importancia que desde el Gobierno se le quiere otorgar a la Responsabilidad Social Empresarial. El primero fue la presentación de un informe con cien medidas para impulsarla, y el segundo la reactivación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) tras más de diez años inactivo.

La intención detrás de esto es aplicar una trasposición ambiciosa de la Directiva europea de diligencia debida, que incluya un régimen sancionador y una autoridad reguladora competente en la materia, mientras que el CERSE quedará constituido como observatorio de la RSE en todo el Estado. El punto de mira está en desarrollar una futura nueva Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, que apueste por un modelo en el que la RSE ya no sea voluntaria y quede en cambio regulada desde las instituciones públicas.

Euskadi, a la vanguardia del reporte de sostenibilidad

Euskadi es un territorio referente en Europa en la implantación de estándares ESG, y esto se plasma en la iniciativa BasquESG, impulsada por el Gobierno Vasco, que busca promover la competitividad y sostenibilidad de las pymes vascas mediante la creación de un sistema de reporte y evaluación de sostenibilidad propio, basado en el estándar VSME desarrollado por EFRAG adaptándolo a la realidad de Euskadi. Además de las acciones que se están desarrollando en el marco de la iniciativa Basque ESG, Ihobe ha publicado una guía práctica para que las empresas perfilen y mejoren su información sobre sostenibilidad con este estándar: “Estándar VSME: Reporte voluntario en sostenibilidad para pymes·”

Por su parte, Aclima ha participado en la elaboración de la “Guía práctica para Organizaciones Vascas sobre cómo implementar la Agenda 2030 y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Se trata de un manual elaborado dentro del grupo de trabajo Euskadi 2030 Gunea que incluye recomendaciones y ejemplos para empresas y organizaciones para la implantación de los estándares ESG asociados a la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

*Actualizado a 28/09/2026. Con posterioridad a la publicación original de este contenido, la revisión de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS/NEIS) ha completado su tramitación y ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. La actualización confirma la orientación ya apuntada por la Comisión Europea: simplificar los requisitos de reporte, reducir cargas administrativas y mantener, al mismo tiempo, la calidad de la información sobre sostenibilidad que deben facilitar las empresas obligadas.

En concreto, las principales novedades son:

• La revisión de las ESRS/NEIS se ha aprobado mediante el Reglamento Delegado (UE) 2026/1563, publicado en el DOUE el 21 de septiembre de 2026.
• La norma entrará en vigor el 10 de noviembre de 2026 y será aplicable a los ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2027.
• Se confirma la reducción de más del 60% de los datos obligatorios y de más del 70% del total de puntos de información, con el objetivo de disminuir en más del 30% los costes de reporte por empresa.
• También se ha publicado el Reglamento Delegado (UE) 2026/1560, que establece la norma voluntaria de información sobre sostenibilidad para empresas más pequeñas no sujetas a los requisitos obligatorios.
• Esta norma voluntaria actúa, además, como límite máximo para la cadena de valor, de forma que las empresas obligadas a reportar no puedan exigir a determinadas empresas proveedoras más información de la prevista en dicho estándar voluntario.