España tiene que resolver urgentemente la cuestión de los residuos. Mientras que los objetivos de reciclaje de residuos municipales marcados por la UE para 2020 eran del 50%, según datos de Eurostat España se quedó el pasado año en el 36%. Si tenemos en cuenta que las metas fijadas por Europa son del 60% para 2030 y del 65% para 2035, la necesidad de actuar es perentoria. Y más si se tiene en cuenta el impacto positivo de la valorización de residuos en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero. No hay que olvidar que la Comisión Europea se ha comprometido a que el continente sea climáticamente neutro en 2050, y para alcanzar ese objetivo, optimizar la gestión de los residuos es una pieza clave. La futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados quiere impulsarla con medidas prácticas.
Recientemente el Congreso ha aprobado el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que se espera que entre en vigor tras el visto bueno del Senado. Su objetivo es mejorar exponencialmente las tasas de reutilización y reciclaje en todo el Estado. Mientras que la media de reciclaje de residuos municipales de los países europeos es del 47%, España apenas alcanza el 36%. Con esta normativa se quiere ajustarse a lo marcado por la UE, y llegar a tasas del 55% en 2025, 60% en 2030 y 65% en 2035. Y es urgente conseguirlo, ya que cada año ocho millones de toneladas de residuos llegan a los mares, la mayoría plásticos.
Pero hay otra cuestión de gran importancia que no debe olvidarse, la influencia de los residuos en las emisiones de GEI. En este sentido, un estudio que se hará público en las próximas fechas prueba la relación directa que existe entre el incremento del reciclaje y la reducción de las emisiones de CO2. En el análisis se han recogido datos de 9 flujos de residuos: papel y cartón, vidrio, plástico, hierro, aluminio, madera, textil, biorresiduos y caucho. Su conclusión es clara, alcanzar el objetivo de reciclaje del 65% marcado por la UE conllevaría una reducción anual de alrededor de 150 millones de toneladas de CO2 en comparación con 2018. Como añadido, el sector europeo de la gestión de residuos podría ser no tan solo climáticamente neutro, sino que incluso su impacto sería negativo en emisiones.
Un detalle de la nueva ley que no hay que pasar por alto es su nombre, en el que se alude a la Economía Circular, dejando claro que las metas de dicha normativa no se limitan a mejorar porque sí las tasas de reciclado, sino que se persigue desarrollar el reciclaje como uno de los ejes de la transición a la nueva economía, donde la valorización y la descarbonización son dos de los puntales más destacados.
Novedades de la Ley de Residuos
En la nueva normativa se amplía la calendarización de recogidas separadas de residuos para su valorización, afectando a otros flujos de residuos, como los biorresiduos y residuos textiles, además de los que hasta ahora tenían ya un calendario de implantación: papel, metales, plástico y vidrio. De esta forma, se estipula que, a partir de julio de 2022 para entidades locales con más de 5.000 habitantes, y a partir de 2024 para el resto de municipios, deberán establecer una recogida separada de residuos orgánicos domésticos. Para los residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos la fecha es a partir de 2025. También a partir de 2022 los residuos de construcción y demolición deberán clasificarse por materiales, preferentemente en el origen, y se establece la demolición selectiva desde 2024.
Para recortar la generación de residuos plásticos, se aplican limitaciones que incluyen objetivos de reducción, requisitos de diseño o de marcado, e incluso la restricción de la comercialización de algunos productos plásticos. En concreto, se prohíbe la introducción en el mercado de pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos, cualquier producto hecho con plástico oxodegradable, así como las microesferas de plástico de menos de 5 mm. Otros productos plásticos de un solo uso, como los vasos para bebidas, tapas, tapones, o recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato ven limitada su comercialización, que ha de reducirse un 50% en 2026 y un 70% para 2030, respecto a 2022. Además, desde el 1 de enero de 2023 queda prohibida su distribución gratuita y deberá cobrarse un precio por cada uno de los productos de plástico que se entreguen al consumidor. También se establece un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, de 0,45 euros por kilo de plástico.
Los supermercados de más de 400 m2 deberán dedicar al menos el 20% de su superficie a la venta de productos sin embalaje (a granel) antes del fin de 2023. También los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos y bebidas, así como alimentos cocinados, deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables. Además, se activan acciones contra el desperdicio de alimentos, la nueva ley prohíbe que se destruyan los “excedentes no vendidos de productos no perecederos tales como textiles, juguetes o aparatos eléctricos”, con la idea de fomentar la reutilización como prioridad y, cuando no sea posible, el reciclaje.
Otra novedad es el fomento del consumo de agua no embotellada. Se pide a las administraciones actuaciones en este sentido para promoverlo en sus instalaciones, y se explicita que los establecimientos hosteleros deberán ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita.
En el texto legal se establece que “en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada”.
La ley introduce tres nuevos instrumentos fiscales para incentivar la Economía Circular: un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, un impuesto sobre vertido e incineración, y disposiciones en materia de tasas de residuos. Se cree que al menos parte de lo recaudado se destinará a optimizar la recogida y tratamiento de residuos. Además, se considerará como infracción el abandono, incluido el de la basura dispersa o littering, el vertido y la gestión incontrolada de residuos.
Por último, la nueva ley establece objetivos definidos para el aumento del reciclaje de residuos municipales, estimando un incremento del 5% cada cinco años hasta alcanzar el 65% en 2035, estableciendo porcentajes específicos de preparación para la reutilización, hasta llegar al 15% en 2035.
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