Esta semana se ha aprobado el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que tiene como objetivo reducir la huella de carbono del transporte en nuestro territorio, mediante la promoción de alternativas de movilidad sostenible. Se trata de una acción política de calado en pos del objetivo final de conseguir una economía descarbonizada, ya que los vehículos y medios de transporte constituyen una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Como ejemplo, según datos oficiales en 2019 se emitieron en Euskadi 18,6 millones de toneladas de CO2, de las que el 35% correspondieron al transporte.
El Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, y se ha remitido al Parlamento vasco para su debate y posterior concreción en la nueva Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi. Su objetivo es crear un marco jurídico que permita impulsar eficazmente la movilidad sostenible en la CAV, tanto de personas como de mercancías, y favorecer su abordaje desde los ámbitos autonómico, foral y municipal.
Para ello se contemplan diversas medidas y actuaciones, como la implantación de medidas disuasorias para el uso del vehículo privado promoviendo los desplazamientos a pie o en bicicleta; el impulso del transporte público frente al vehículo privado, particularmente el tren; así como poner en práctica la interoperabilidad de los títulos públicos de transporte en un sistema integrado intermodal. En este último punto se incluye un plazo de dos años para que los títulos de transporte existentes sean plenamente interoperables en todos los modos de transporte de la comunidad autónoma. Este aspecto se considera clave para poder conseguir una reducción efectiva de la huella de carbono, ya que facilitar el acceso de las personas al transporte público puede conllevar una importante disminución del uso de vehículos privados, con la mitigación de emisiones que conllevaría.
De igual manera, se quiere favorecer la movilidad sostenible desde el ámbito de la planificación autonómica, foral y municipal, con el impulso de una fiscalidad del transporte para desincentivar con tasas, cánones o gravámenes actividades en contra la movilidad sostenible, y poner en marcha bonificaciones o exenciones para formas de transporte que no dañen el medio ambiente. Gracias a esto, las distintas administraciones podrán emplear esta herramienta y otros instrumentos de política económica para contribuir a la movilidad sostenible. En cualquier caso, el proyecto de ley aclara que las posibles medidas que se adopten deben tener proporcionalidad y estar justificadas desde el punto de vista de la defensa de la salud y del medio ambiente.
Pero, además de establecer derechos y obligaciones a la ciudadanía, el cuerpo legislativo también contempla su participación en la elaboración de los planes de movilidad o la obligación de los municipios de tener en cuenta el impacto en la movilidad sostenible de sus actuaciones urbanísticas. En este sentido, se plantea la necesidad de crear planes de movilidad sostenible a nivel autonómico y provincial con una vigencia de diez años. Asimismo, los municipios de más de 5.000 habitantes también deberán impulsar planes de movilidad sostenible, y las diputaciones deberán prestar colaboración a las poblaciones de entre 5.000 y 20.000 habitantes en la elaboración de los mismos. De todas maneras, desde el Gobierno Vasco se señala que el impulso de medidas para favorecer la movilidad sostenible a nivel local estará supeditada a la realidad de cada municipio.
Otras novedades que incluye este proyecto de ley son la obligatoriedad de que los edificios de servicios públicos y las estaciones cuenten con aparcamientos para bicicletas y que los nuevos edificios residenciales incluyan espacios para este medio de transporte. También se promueve la elaboración de planes de movilidad en los centros de trabajo, que deberán ajustarse a las previsiones de los planes de movilidad sostenible de su ámbito territorial.
El transporte, mayor fuente de emisiones
El ámbito del transporte y la movilidad constituye el principal freno para que Euskadi alcance su objetivo de descarbonización. La Estrategia KLIMA 2050 del País Vasco fija un objetivo de reducción para el año 2030 del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 2005, y del 80% para el año 2050. Sin embargo, según los datos recogidos en el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del País Vasco, aunque las emisiones totales de CO2 en 2018 se han reducido un 27% respecto a 2005 y un 11% respecto a 1990, las emisiones asociadas al transporte han aumentado un 14% desde 2005, principalmente por la proliferación de turismos. Además, si las comparamos con el volumen en registrado en 1990 prácticamente se han duplicado.
En 2018 Euskadi emitió 18,6 millones de toneladas de CO2, de las que el 35% correspondieron al sector del transporte. Aproximadamente el 96% de las emisiones de este sector están asociadas al transporte por carretera, por lo que una de las claves para mitigar su impacto ambiental está en promocionar la movilidad sostenible entre la ciudadanía y en el transporte de mercancías.
Si bien el sector energético estaría ligeramente por encima en cuanto a contribución en porcentaje de emisiones, como la mayoría de sus emisiones se deben al abastecimiento de energía de los demás sectores, si las incorporamos a los mismos tenemos que el transporte es en la práctica la principal fuente de emisiones de CO2 en Euskadi, con aproximadamente el 35% del total.
Además, se trata del sector que más ha aumentado sus emisiones tanto en términos relativos como en términos absolutos. Ha duplicado el volumen de sus emisiones desde 1990, lo que supone un incremento de más de 3 millones de toneladas. Desde 2005 tan solo el sector transporte y el sector servicios han aumentado sus emisiones, un 14% y un 4% respectivamente.
La UE aspira a ser climáticamente neutral para 2050, tal y como se recoge en el Pacto Verde Europeo. Pero para avanzar hacia una economía con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero es imprescindible abordar el hecho de que en Europa el sector del transporte es responsable de casi el 30% de los gases de efecto invernadero. Así, la Comisión Europea ha impulsado la Estrategia de movilidad sostenible e inteligente, que persigue reducir en un 90% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del sector para 2050. Los objetivos son que en 2030 haya 30 millones de coches cero emisiones en las carreteras europeas, se duplique el tráfico ferroviario de alta velocidad y generalizar el uso de bicicletas. Por ello, Euskadi necesita una Ley de Movilidad Sostenible con metas ambiciosas y eficaces.
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