El año pasado la Comisión Europea solicitó a Enrico Letta y al expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi sendos informes con el objetivo de analizar la competitividad de Europa y sugerir soluciones para optimizarla. Las conclusiones no fueron esperanzadoras, ya que se afirma que la economía europea necesita un cambio de timón para asegurar su capacidad. La Brújula para la Competitividad recientemente presentada es un resumen de lo expuesto en ambos informes, y constituye una hoja de ruta que incluye una serie de medidas que pivotan sobre tres ejes: innovación, descarbonización y seguridad económica. Todo ello para garantizar la competitividad y el desarrollo sostenible de Europa.

La Brújula para la Competitividad es la primera gran iniciativa del presente mandato de la Comisión Europea, y resume las acciones que se tomarán en pos de mejorar la economía europea, por lo que las medidas expuestas deberán ir tomando forma normativa, generándose nuevas leyes, directivas o reglamentos. Muchas de las recomendaciones ya se adelantaron en las orientaciones políticas y en las cartas de mandato de la presidenta a los miembros del Colegio de Comisarios.

Los cambios en la situación geopolítica provocan que las condiciones en las que se asentado la prosperidad europea hayan variado. El auge económico de China, la dependencia energética respecto a Rusia y la reticencia de los EE.UU. a seguir asumiendo gastos elevados respecto a la seguridad de sus aliados hacen que Europa requiera estímulos y, sobre todo, un cambio de rumbo, para mejorar su competitividad. De hecho, en el informe Draghi se afirma que son necesarias inversiones de 800.000 millones de euros adicionales cada año para alcanzar este objetivo, lo que equivale al 4,7% del PIB europeo en 2023 y supone más del doble de la inversión realizada con el Plan Marshall tras la II Guerra Mundial.

La hoja de ruta define tres imperativos transformadores y cinco facilitadores horizontales (simplificación, eliminación de obstáculos en el mercado único, financiación, capacidades y empleos de calidad, y mejora de la coordinación) necesarios para impulsar la competitividad, además de un compendio de medidas transversales enfocadas en reducir la carga administrativa al menos un 25% para todas las compañías europeas y un 35% en el caso de las pymes. Esto se quiere presentar a finales de febrero, dentro de una ley ómnibus que, entre otras medidas, simplifique la taxonomía verde europea, que orienta a inversores y empresas sobre qué proyectos impactan negativamente al clima y al medio ambiente. Otro aspecto fundamental es el avance hacia la unión del mercado de capitales, que la Comisión pretende presentar antes del fin de 2025.

Descarbonización y competitividad

La UE mantiene su objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050, pero se pretenden flexibilizar algunas de las regulaciones relativas para combinar la descarbonización con la política industrial, económica y comercial europea, asegurando la competitividad de las empresas, para que la sostenibilidad siga siendo el motor del crecimiento económico. También se facilitará el acceso a una energía económicamente asequible, y se tomarán medidas para incrementar la competitividad de los fabricantes de tecnologías limpias. La intención es que la simplificación normativa permita a las compañías ahorrar más de 37.000 millones de euros al año. Dentro de las medidas propuestas se encuentran:

–Pacto Industrial Limpio: entre sus objetivos están promover las inversiones en energías y procesos industriales verdes. Se quiere presentarlo antes del fin de febrero, y vendrá acompañado de nuevo marco de ayudas estatales que se aprobará entre abril y junio.

–Plan de Acción para una Energía Asequible y actualización de la Ley europea sobre el clima, aún por definir.

–Nueva Ley de Economía Circular (finales de 2026) cuya meta será establecer un mercado único para los desechos y los materiales secundarios y reutilizables. Se prevé que esto permitirá que el sector de los residuos crezca desde los actuales los 31.000 millones de euros hasta los 100.000 millones para 2030.

-Nueva Ley para acelerar la descarbonización industrial, a finales de este año, que facilite la concesión de permisos y reduzca las cargas administrativas a sectores en transición ecológica.

–Plan de acción para la electrificación, y otro sobre redes eléctricas, previstos para en el primer trimestre de 2026.

–Plan de acción para el acero y los metales y un paquete de medidas para la industria química, ambos para este año.

–Revisión del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono a las importaciones de acero, cemento, aluminio o fertilizantes, para paliar la deslocalización de plantas industriales (en 2025).

–Plan de inversiones en transporte sostenible, otro para ferrocarriles de alta velocidad, otro de puertos y una estrategia marítima industrial (en 2025), además del Diálogo estratégico sobre el futuro de la industria automovilística europea ya comenzado.

–Nueva Estrategia de agricultura y alimentos, y un Pacto de los océanos (este trimestre ambos) para impulsar la innovación, sostenibilidad y competitividad de los sectores implicados.

Además de estas medidas específicas, la sostenibilidad es transversal en muchas de las acciones previstas en los otros dos ejes sobre los que gira la hoja de ruta.

Reducir la brecha de innovación

La Comisión pretende facilitar la innovación y acompañar el crecimiento de empresas emergentes y star ups para alcanzar el liderazgo industrial en sectores de alto crecimiento basados en tecnologías punteras, además de impulsar la difusión de nuevas tecnologías entre empresas y pymes ya establecidas. Para ello, el propósito es estimular la estructura industrial europea facilitando la movilidad y la retención del talento, promoviendo inversiones en infraestructuras de vanguardia, apoyando la innovación y la investigación, y tomando medidas para que el mercado de capital riesgo sea más eficiente. Uno de los objetivos es elevar la inversión en I+D hasta el 3% del PIB europeo.

Para ello, se proponen iniciativas relacionadas con la Inteligencia Artificial, como las estrategias de Gigafábricas de IA (este trimestre), y Aplicación de la IA (tercer trimestre) que facilitarán a las empresas el acceso a esta tecnología. Una ley de desarrollo de la IA y del almacenamiento en la nube (finales de 2025 o principios de 2026) quiere posicionar a Europa para competir en este sector. Una Estrategia cuántica (segundo trimestre) y una Ley cuántica (cuarto trimestre) impulsarán la computación cuántica sobre la base de la Ley europea de chips. Una ley de redes digitales facilitará el desarrollo de redes 6G. Además, habrá planes de acción sobre a materiales avanzados, la biotecnología, la robótica y las tecnologías espaciales.

Por último, se ha planteado la creación de un “Decimoctavo régimen jurídico” (finales de 2025 o principios de 2026) destinado a que las compañías innovadoras en vez de adaptarse a las normativas de cada uno de los veintisiete Estados miembros tengan la posibilidad de acceder a un nuevo régimen legal homogeneizado que funcionará en todo el espacio comunitario y en el que se simplificará la normativa y reducirá los costes, constituyendo un conjunto único de normas a las que se someterán independientemente de en qué territorio europeo inviertan y operen.

Comercio y seguridad económica

Este eje busca reducir las dependencias excesivas y aumentar la seguridad de Europa, para lo que se fomentarán estrategias, asociaciones e inversiones para garantizar la seguridad económica, la resiliencia y los intereses estratégicos. En el documento se menciona la creación de nuevas de Asociaciones de Comercio e Inversión Limpios que garanticen el suministro de materias primas, energías limpias y combustibles sostenibles. Dentro de estar medidas está la una iniciativa para la cooperación trans-mediterránea en energía y tecnologías limpias para finales de este año. También se revisarán las normas de contratación pública para optimizarlas, así se establecerán preferencias para las contrataciones públicas para sectores y tecnologías estratégicos, y se creará una plataforma para la compra conjunta de minerales críticos estratégicos. Además, está previsto un Plan de adaptación al clima enfocado en mitigar los efectos de la crisis climática en la economía, y una nueva Estrategia para la resiliencia del agua.