Recientemente el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) y el anteproyecto de la Ley de residuos. Estas dos normativas son elementos fundamentales en la pretendida transición hacia una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, donde las políticas ambientales funcionen como dinamizadores de la reactivación económica y la generación de empleo. La Estrategia Española de Economía Circular está en sintonía con los planes de acción de Economía Circular de la UE, el ya superado de 2015 y el actual, denominado “Un nuevo Plan de Acción de Economía Circular para una Europa más limpia y competitiva”, así como con el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Mediante la Estrategia, denominada “España Circular 2030”, se persigue reducir en un 30% el consumo de materiales y en un 15% la generación de residuos respecto a los totales registrados en 2010. Para llevar a la práctica las medidas propuestas se instituirán sucesivos planes de acción trienales que monitorizarán los resultados obtenidos y concretarán las modificaciones necesarias para cumplir con las metas establecidas.
Objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular
La Estrategia Española de Economía Circular presenta una serie de orientaciones, pero por encima de todo, fija unos objetivos cuantitativos a alcanzar para el año 2030:
–Reducir en un 30% el consumo de materiales en relación con el PIB, tomando como año de referencia el 2010.
-Disminuir la generación de residuos un 15% respecto de lo generado en 2010.
-Minimizar la generación residuos de alimentos en toda cadena alimentaria: 50% de reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista y un 20% en las cadenas de producción y suministro a partir del año 2020.
-Incrementar la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados.
-Mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua.
-Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente.
-Promover combatir la obsolescencia programada (sobre todo en los electrodomésticos y aparatos eléctricos y electrónicos).
-Contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Además, se identifican seis sectores prioritarios de actividad en los que aplicar estos cambios normativos: sector de la construcción; agroalimentario, pesquero y forestal; industrial; bienes de consumo; turismo; y textil y confección.
Ley de residuos
El Consejo de Ministros ha aprobado para su debate en las Cortes Generales el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que aplica transpone a la legislación española la Directiva Europea de Plásticos de un solo uso, vigente desde el año pasado. La intención es establecer limitaciones a los plásticos de un solo uso ya que a partir de julio de 2021 estará prohibido introducir en el mercado algunos productos de este tipo, como bastoncillos de algodón (excepto en el ámbito de productos sanitarios), cubiertos, palillos, platos, pajitas y agitadores de bebidas de plástico, así como los palos para sujetar globos, excepto los globos de aplicaciones industriales y profesionales que no se distribuyan a consumidores; los recipientes y vasos para alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.
Además, se prevé un nuevo impuesto especial, de carácter indirecto, a los envases de plástico no reutilizable, previsto en 0,45 euros por kilogramo de envase y mediante el que se estima que se recauden cerca de 724 millones de euros. Según lo establecido en el anteproyecto, en 2026 se tendrá que reducir un 50% su comercialización con respecto a 2022, y un 70% en 2030. Además, desde 2023 quedará prohibida su distribución gratuita y se deberá cobrar “un precio por cada uno” de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta.
Entre otras medidas, a partir del 1 de enero de 2023 los establecimientos deberán cobrar un precio por cada vaso y tapa del café para llevar de plástico, en los restaurantes se deberá ofrecer de forma obligatoria agua de grifo al consumidor, aunque este podrá optar por agua embotellada, y las multas por el abandono de basura en el medio ambiente podrán oscilar entre los 1.000 y 2.000.000 de euros, según su gravedad.
Además, se establece el fin de la condición de residuo, para el que establece dos categorías: residuos que son un recurso para volver a fabricar el mismo producto, o residuos que se convierten en subproducto para ser empleado en otro proceso.
También se modifica la responsabilidad del productor; de manera que el productor inicial u otro poseedor del residuo, esté obligado a asegurar un tratamiento final adecuado y documentado.
Se establece el calendario de recogidas separadas obligatorias para determinados residuos como textiles, domésticos peligrosos, aceites de cocina usados y biorresiduos.
En relación a los suelos contaminados, se mantiene el régimen jurídico anterior, y se incluye como novedad el Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias, el cual será alimentado por los registros autonómicos.
En lo referente a la fiscalidad ambiental se retoma el canon sobre el depósito en vertedero o la incineración, la promoción de los sistemas de pago por generación y, como hemos explicado, se introduce un nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables.
El plazo para enviar observaciones sobre el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados se encuentra abierto hasta el 3 de julio, y para reflexionar sobre todos estos cambios y recoger aportaciones de nuestros socios, en Aclima celebraremos reunión del grupo de normativa, el día 17 de junio.
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