Recientemente el Parlamento Europeo ha aprobado el Reglamento por el que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles. La intención de esta norma es facilitar que los consumidores puedan arreglar los productos después de que su garantía haya terminado, además de fijar requisitos de sostenibilidad medioambiental para casi todos los tipos de bienes comercializados en la UE. El nuevo Reglamento sustituirá a la Directiva existente de 2009 y supone un impulso al ecodiseño y a la circularidad, ya que su objetivo es reducir los residuos, extender la vida útil de los productos y facilitar sus reparaciones.

Aunque su dictado no será efectivo hasta aproximadamente dos años, ya que ha de ser sancionada por el Consejo y la Comisión Europea, y después aprobada por los Parlamentos nacionales para su trasposición, esta nueva norma va a tener efectos prácticos en los consumidores europeos, puesto que verán aumentados sus derechos en cuanto a la reparación de los productos y artículos que hayan adquirido.

La nueva legislación deroga la Directiva 2009/125/CE y modifica la Directiva (UE) 2020/1828 y el Reglamento (UE) 2023/1542, y su propósito es combatir la obsolescencia programada fomentando la reparación de los productos rotos o averiados, en vez de su reemplazo por otros nuevos. Esto conllevará la minimización de residuos en la medida que se extenderá la vida útil de los productos y se facilitará su reparación. De hecho, una de las novedades más destacadas para los consumidores es que los fabricantes quedarán obligados a arreglar un producto, incluso si ha agotado la garantía legal.

Además, se promueve el ecodiseño de los productos, impulsando que estén fabricados de manera que repararlos sea más sencillo, para que de esta manera la reparación sea la opción más lógica, viable y habitual para los consumidores.

Productos a los que incumbe

En la actualidad, la garantía de los productos adquiridos por los europeos desde el 1 de enero de 2022 en adelante es de tres años, aunque la reglamentación aprobada pretende también mejorarla y ampliarla. En ese plazo de tres años, el consumidor puede solicitar la reparación de un artículo adquirido o bien que sea sustituido por otro. Con las nuevas normas, si opta por la reparación la garantía se ampliará en otros doce meses.

Los productos afectados por esta cambio legislativo son aquellos cuyo diseño ya está sujeto a requisitos técnicos de reparabilidad, es decir, electrodomésticos como lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos y aspiradoras; teléfonos móviles e inalámbricos, pantallas electrónicas y tablets; productos que incorporan baterías de medios de transporte ligeros; servidores y productos de almacenamiento de datos; y equipos de soldadura.

El reglamento solicita a la Comisión priorizar una serie de grupos de productos en su primer plan de trabajo, incluidos hierro, acero, aluminio, textiles (en particular prendas de vestir y calzado), muebles, neumáticos, detergentes, pinturas, lubricantes y productos químicos.

El nuevo reglamento prohíbe específicamente la destrucción de prendas de vestir, complementos de vestir y calzado no vendidos, dos años después de la entrada en vigor de la ley (seis años para las medianas empresas). En el futuro, la Comisión podrá añadir categorías adicionales a la lista de productos no vendidos para los que debería introducirse una prohibición de destrucción.

Mejoras para el consumidor

Se introduce el concepto de “garantía de calidad”, que implica que la garantía quedará extendida por 12 meses más si el consumidor decide que se repare el producto. Esto significa que el fabricante seguirá obligado a reparar los productos concernidos una vez expirada su garantía legal.

En el texto legal se dicta que la reparación se tiene que efectuar de manera gratuita o bien “a un precio razonable”, con la intención de incentivar los consumidores a reparar los productos antes de adquirir otros nuevos. Como complemento, los fabricantes deberán ofrecer información gratuita y de fácil acceso sobre los precios de las reparaciones.

Además, el fabricante estará obligado a llevar a cabo la reparación en un plazo razonable. De hecho, se explicita que el plazo de reparación debe ser especificado y se prevé que el fabricante pueda ofrecer en préstamo un aparato sustitutorio mientras dura la misma.

Los fabricantes estarán obligados a proporcionar recambios y herramientas a un precio razonable, durante un mínimo de siete a diez años, según el producto.

También se prohíbe el uso de cláusulas contractuales o prácticas informáticas para obstaculizar las reparaciones. En concreto, se permite el uso de recambios de segunda mano o aquellos impresos en 3D por talleres de reparación independientes. Los fabricantes tampoco podrán negarse a reparar un producto únicamente por razones de coste o porque anteriormente fue reparado por terceros.

De cualquier forma, si un fabricante estima que la reparación no es viable, no estará obligado a llevarla a cabo. En ese caso podrá ofrecer al consumidor un producto reacondicionado. El consumidor podrá acudir a las instancias legales si considera que la reparación sí que es posible.

Plataforma online y pasaporte digital de producto

Todas estas medidas están enfocadas a facilitar las reparaciones de los productos, priorizándolas frente a otras alternativas. El consumidor podrá acudir al fabricante para solicitar reparaciones, y en el caso de que sea de fuera de la UE, la obligación de reparar la asumirá su representante autorizado en Europa y en su defecto, el importador o secundariamente, el distribuidor. Los fabricantes u otros agentes podrán subcontratar la reparación a otros, por lo que se espera que incentive el mercado de los productos reacondicionados, así como los negocios destinados a ofrecer reparaciones de artículos.

Para ello se pretende crear una plataforma europea online para que los consumidores puedan encontrar reparadores de manera fácil y gratuita cerca de su domicilio, conocer de antemano su disponibilidad, el tiempo promedio de reparación, si ofrecen productos de reemplazo temporal, vendedores de piezas de repuesto o productos reacondicionados, e incluso localizar compradores de artículos defectuosos.  En el mismo sentido también se quiere habilitar un formulario gratuito a nivel europeo para informar a los consumidores y que puedan evaluar y comparar los servicios de reparación. Además, se habilitarán los llamados “pasaportes digitales de productos”, en los que se detallará datos precisos y actualizados sobre los mismos, para que de esta manera los consumidores puedan tomar decisiones de compra informadas responsables.

Por último, los Estados miembros deberán introducir medidas para promover el derecho a la reparación, como campañas de información, cursos de reparación o -acorde a las normas fiscales- una reducción del IVA sobre los servicios de reparación.

Aclima trabaja en favor del ecodiseño y la circularidad

Aclima es una de las entidades que colabora en el proyecto ORHI+ cuyo objetivo es fomentar las soluciones de economía circular en las empresas e instituciones de su ámbito de actuación: Euskadi, La Rioja y Pirineos Atlánticos. Mediante la implantación de tecnologías y modelos de negocio basados en la economía circular se busca reforzar la sostenibilidad y la circularidad de la actividad económica de los territorios.

Entre otras iniciativas, se desarrollarán metodologías de ecodiseño y cálculo de huella ambiental que permitan estimular la generación de proyectos concretos que aporten soluciones sostenibles a la actividad empresarial.

Aclima, como clúster medioambiental de Euskadi, mantiene un firme compromiso con el ecodiseño y el resto de prácticas relacionadas con la economía circular. En el marco del proyecto ORHI+ organizará diferentes workshops y webinarios temáticos específicos de ecodiseño dirigidos a las empresas de los territorios participantes para difundir los resultados y las buenas prácticas implementadas.