La Comisión Europea (CE) ha presentado este viernes una revisión del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (ETS, en inglés), la principal herramienta de política climática del bloque, en la que propone permitir a la industria comunitaria emitir más CO2 de lo previsto hasta ahora a cambio de mayores inversiones en descarbonización.

Este sistema obliga a plantas industriales, aviación y sector marítimo a comprar derechos de emisión para liberar dióxido de carbono a la atmósfera, pero el número total de estos créditos se va reduciendo cada año, lo que encarece su precio e incentiva la adopción de tecnologías y procesos más limpios.

La normativa vigente, pensada para los objetivos climáticos de 2030, prevé una reducción anual de los derechos de emisión del 4,4 % que conduciría al final de estos créditos en 2039. Pero la reforma desvelada hoy -que debe ser acordada ahora por los Estados miembros y el Parlamento Europeo- rebaja este porcentaje al 3,5 % desde 2030 y al 1,7 % desde el 2036.

En la práctica, esto supone que las plantas industriales que se rigen por este sistema podrán emitir más toneladas y durante más años de lo previsto hasta ahora.

Además, la revisión aumenta el número de derechos gratuitos de emisión que el sistema reparte a la industria, aunque los condiciona a la adopción de planes de inversión para la descarbonización de sus procesos.

En concreto, Bruselas prevé repartir el 80 % de estos créditos gratuitos una vez que los planes de descarbonización de cada empresa hayan sido aprobados por su junta directiva y estén publicados, mientras que el 20 % restante se distribuiría una vez ejecutadas dichas estrategias.

«Esta es una diferencia clave. La distribución gratuita no significa efectivo gratuito. El 100 % de los créditos gratuitos tendrán que ser invertidos en descarbonización en Europa», subrayó en una rueda de prensa el comisario de Clima, Wopke Hoekstra.

Por otro lado, introduce a partir de 2036 los llamados créditos internacionales de ‘alta calidad’, que permitirán a la UE contabilizar como propio el recorte de emisiones conseguido con proyectos de terceros países (normalmente, países en vías de desarrollo) tras pagar un precio determinado por tonelada de CO2.

La reforma introduce también modificaciones sobre la reserva de estabilidad de mercado, un instrumento dentro del sistema que sirve para aportar estabilidad y certidumbre al precio que se paga por tonelada de CO2 en momentos de volatilidad por exceso o carencia de derechos de emisión.

«Es una propuesta que mantiene una fuerte señal de precios para seguir guiando las inversiones para huir de los combustibles fósiles y traer productos limpios al mercado. Sigue poniendo un precio al carbono y reafirma la confianza para invertir en Europa», destacó la vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Teresa Ribera.

Revisión divisoria

La revisión del sistema ETS ha estado marcada por las críticas al sistema de muchos Estados miembros, que consideran que el instrumento resta competitividad a su industria frente a las empresas de fuera del bloque. Italia y los países del Este se han pronunciado en este sentido, mientras que otros como España, Países Bajos o los nórdicos pedían no restar ambición al mecanismo.

En una declaración conjunta compartida la semana pasada, este segundo grupo pedía que cualquier «ajuste» del factor de reducción se adoptara para después de 2036, mientras que Alemania también abogaba por mantener el ritmo actual de recorte.

En la misma línea, el centro de estudios Strategic Perspectives avisó en los días previos a conocer la reforma de que bajar este indicador en aproximadamente un punto ya para la próxima década «no reduciría los costes para la industria dado que el coste real es la incertidumbre».

En marcha desde 2025, el sistema ETS engloba las emisiones de unas 11.000 plantas de toda la UE que representan aproximadamente el 40 % de todo el CO2 que libera el bloque. Desde que existe, ha conseguido recortar en un 47 % las emisiones y la revisión busca alinear su funcionamiento al objetivo de recortar en un 90 % el CO2 emitido para 2040.

En concreto, engloba sectores que van desde la generación de electricidad, la producción de cemento y acero, el sector químico, las refinerías, la aviación, y el sector marítimo. Con su propuesta, la Comisión propone introducir también la incineración de residuos urbanos, aunque con flexibilidades específicas.

Reacciones de las ONG ecológicas

En un comunicado, la asociación CAN Europe -una red europea de ONG ecologistas de la que forman parte, por ejemplo, Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción o Seo Birdlife- señala que esta revisión «socava los objetivos climáticos, de transformación industrial y de seguridad energética» del club y además «parece estar fuertemente influida» por los intereses de parte de la industria.

En concreto, esta red considera que los cambios planteados por Bruselas benefician a aquellas empresas que querían «preservar» sus derechos gratuitos de emisión y ralentizar el ritmo de reducción de emisiones, en detrimento de aquellas que «ya han invertido -o están dispuestas a invertir- en la descarbonización».

«Debilitar ahora el ETS es un regalo para los contaminadores que han priorizado las retribuciones a los accionistas en lugar de invertir en una producción más limpia, a costa de la ciudadanía, de las generaciones futuras y de aquellas empresas que ya invirtieron en soluciones respetuosas con el clima», criticó la directora de CAN Europe, Chiara Martinelli.

Esta asociación carga contra la propuesta de Bruselas de reducir el ritmo en que se van eliminando créditos de emisión del sistema, lo que derivará en «más contaminación procedente de centrales eléctricas e industria pesada, cuando ya se dispone de buena parte de las soluciones descarbonizadas».

Como resultado, se impondrán «costes adicionales a la ciudadanía y las empresas europeas» y además la UE tendrá que exigir recortes de emisiones «más profundos y políticamente más complicados» a sectores como la construcción, la agricultura o el transporte.

En un comunicado propio, WWF ha señalado que la reforma «representa un importante paso atrás en la ambición climática de la UE, debilitando los incentivos para recortar emisiones, ampliando la dependencia de combustibles fósiles y poniendo en riesgo la meta climática de 2040», año en el que el bloque quiere reducir sus emisiones de CO2 en un 90 %.

Con su reforma, añade esta organización, el Ejecutivo comunitario «está desoyendo a los ciudadanos, gobiernos y la vanguardia industrial que pide un ETS fuerte y predecible, mientras cede a la presión de los sectores más rezagados que han retrasado la acción climática».

«La Comisión pone en riesgo un precio de la contaminación predecible y eficaz, que las empresas y los inversores necesitan para invertir en tecnologías limpias. En un momento de mayores impactos climáticos y de creciente incertidumbre geopolítica, Europa no puede permitirse asumir este riesgo», avisó la responsable de Descarbonización Industrial de WWF, Camille Maury.

Fuente: EFE Verde